La institución represiva está atravesando la mayor crisis de su historia. Los montajes, megafraude y sistemáticos abusos han significado una profunda baja en su popularidad, y que Piñera desmantelara enteramente su Alto Mando para lograr un objetivo estratégico: concentrar fuerzas en el “combate al delito”.
Sábado 24 de marzo de 2018
El General (R) Villalobos y el Gobierno de Bachelet
A más de $27.000 millones de pesos asciende el megafraude que inicio la actual crisis de Carabineros el año 2017. La Encuesta Cadem constató que la aprobación de Carabineros, una de las mayores de “las instituciones de la República”, había bajado de un 77% a un 65%. Luego de la Operación Huracán, que no fue más que un montaje para encarcelar luchadores del pueblo Mapuche, bajó nuevamente a un 40%. La investigación del fiscal Eugenio Campos, que directamente habla de “mafia”, ha mostrado que los desvíos de dinero público a civiles y suboficiales llevaban años, y los desórdenes se realizaban en múltiples reparticiones y departamentos de la institución.
Y, sin embargo, con oficiales presos hace más de un año, Bachelet decidió mantener a Villalobos en su puesto, quien vio desmoronarse frente a sus ojos al mando de la Inteligencia, debido a ser la fuente de las pruebas falsas en los casos de montaje. Esta situación muestra claramente que el control político que ejerce el poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, tiene una contradicción entre lo formal y lo práctico: la presidencia puede llamar a retiro a generales, conformar los Altos Mandos o destinar fuerzas a determinados casos, pero no tiene ninguna injerencia en el despliegue operativo, donde Carabineros actúa a discreción. Es decir, el Gobierno otorga su sello político, y luego suelta la correa. Por otra parte es una decisión política qué tipo de “modelo” tendrá cada policía. En este caso, la ex Concertación mantuvo a Carabineros como una institución que combinaba la “prevención” y la investigación, y sobre todo, una institución militarizada: cuenta con capacidad material para actuar en funciones de ocupación territorial, tanto en poder de fuego, despliegue blindado, una rama aérea, una fuerza de comando e inteligencia propia.
Los "Carabineros" y la "Inteligencia"
El fallecido General Bernales, a quien el Partido Comunista de Chile llamó “el general del pueblo”, dejó como herencia un fuerte aparato de Inteligencia dentro de Carabineros, que poco a poco fue consolidándose como un verdadero poder fáctico dentro de la institución. Fueron, justamente, los “apernados de Inteligencia” los protagonistas de los escándalos de montajes y megafraude. Por el contrario, el mundo de los “pacos de calle” veía que no existía un correlato de sus funciones en el Alto Mando, y durante todo el proceso de crisis se mantuvieron haciendo lo de costumbre: perseguir vendedores ambulantes, quitarles sus productos a las señoras, golpear a los estudiantes, romper huelgas, acosar a mujeres y extranjeros.
Éstos escándalos se sucedieron los dos años de mando del General (R) Villalobos, quien no contaba con la confianza del entrante Gobierno de Piñera, y éste ya había dejado claro en su campaña que iba a realizar decididamente una reforma: el objetivo era lograr “Policías modernas, especializadas y eficaces en prevenir los delitos. Y en caso que se cometan, focalizados en capturar a los delincuentes […] Carabineros se concentrará en el resguardo del orden público y la prevención del delito; se establecerán situaciones específicas en que podrán ejercer funciones investigativas. La PDI estará centrada en la investigación de los delitos.” (Modernización de las Policías, S. Piñera, Junio 2017), a la vez de otorgarle más características militares, tales como que el Alto Mando participe en el proceso de nombramiento de generales y, sobre todo, fortalecer todos los aspectos operativos (léase: la calle).
El actual General Hermes Soto, por su parte, tiene la característica fundamental de que viene del mundo de las comisarías. Su carrera, se desarrolló principalmente en el “nivel táctico de operaciones”, es decir, Jefaturas de Zona (Metropolitana, BíoBío y O’Higgins) y prefecturas. Piñera conocía a Hermes Soto desde que alojó en la Prefectura de Concepción, luego del terremoto del 2010. Soto, en ese entonces prefecto, tenía la responsabilidad del control del orden público, que consistía nada más y nada menos que en reprimir los saqueos y repartición de alimentos. Por eso fue elegido por Piñera en desmedro del mundo de la Inteligencia, que fue enteramente desmantelada (disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal, dirigida por el formalizado General (R) Gonzalo Blu, que fue reemplazada por la recién creada Dirección Nacional de Apoyo a las Operaciones). Soto era la 5ª antigüedad, por lo que Piñera hizo el evidente gesto político de pasar a retiro a las 4 primeras, para elegir directamente al actual General Director. Esta verdadera pugna entre los “apernados de Inteligencia” y los “pacos de calle” fue resuelta decididamente por Piñera en favor de éstos últimos, y tiene directamente que ver con el objetivo estratégico de la “modernización” y un notorio gesto hacia la tropa. En términos políticos, a su vez, la caída de Villalobos es un golpe directo a Bachelet, bajo cuya presidencia ejerció su mando y se desarrollaron los escándalos de los montajes y megafraude. Más aún si Villalobos es formalizado por éstos casos, y si entra en la dinámica de no dejarse caer solo, cuestión que se puso en evidencia con el “balazo a la imagen” que significó la filtración de la hoja de vida de Soto (achacada al ayudante de Villalobos) y su escandalosa protección de un prostíbulo en dictadura a cambio de servicios sexuales, el mismo año (1985) del caso degollados.
Desmantelamiento del Alto Mando, fortalecimiento de la Inteligencia y lealtad.
El nombramiento de Soto comenzó con un verdadero juramento de lealtad. Piñera explicó que “Le he encargado al nuevo general director de Carabineros, avanzar en el nuevo Alto Mando de la institución, para iniciar con la mayor fuerza, y a la mayor brevedad, un profundo proceso de modernización, tanto administrativa y operativa, como tecnológica y de equipamiento de Carabineros de Chile”. Éste, a su vez, respondió que “Ésta es una institución obediente no deliberante, el Presidente en uso de sus facultades tomo una decisión. Nosotros lo acatamos 100%.” Es decir, todo un gesto de unidad entre el Presidente, el General y la tropa.
De 41 Generales que componen el Alto Mando, 9 fueron llamados a retiro por Soto (además de 6 que lo habían sido anteriormente), a la vez de ascender a 15 Coroneles y a la General Pamela Olivares. Pero Piñera no tiene planeado desmantelar todo tipo de “inteligencia”. Por el contrario, ante la evidente inutilidad de la ANI propuso "reformular la Ley de Inteligencia creando una comunidad de inteligencia confiable con equipos estables de las FF.AA., Gendarmería, Carabineros y la PDI, e incorporando un Centro de Fusión de Datos contra el Terrorismo y un Departamento de Protección de Infraestructura Crítica", a cargo del Ministerio del Interior (cuyo titular es el primo de Piñera, Andrés Chadwick, que actuaría junto al ex subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla (RN), reeditando una dupla ya vista en el período final del primer mandato del empresario presidente. Como cuestión notoria en el nuevo proyecto, esta estructura le reportaría directamente a Piñera. A su vez, “Modernizar y potenciar la Ley Antiterrorista, incorporando figuras como informantes, los agentes encubiertos, las entregas vigiladas, los testigos –y otros actores- protegidos”.
¿Desmilitarizar? ¿Democratizar?
Ante esta situación, las críticas en lo fundamental son: faltan mecanismos que garanticen transparencia, obediencia al mando civil, que combinen equilibradamente la prevención y la investigación, y que hagan asumir la responsabilidad política de los mandos ante cualquier evento. Es decir, estándares “normales” a las demás policías del mundo.
Este debate olvida un pequeño detalle: en las demás policías del mundo proliferan los “gatillo fácil” contra jóvenes pobres, las palizas a los negros, los robos sistemáticos a los propios gobiernos, las funciones de ocupación militar y deliberación política a favor de los empresarios, como fuerza armada al servicio de los ricos. Es decir, opresión y asesinato a los pobres, y servidumbre al poder patronal.
Esto no puede modificarse puesto que toda policía existe para garantizar el orden, y el orden de la actual sociedad se basa en la explotación y opresión del pueblo trabajador por parte de la clase empresarial. No hay forma de reformar esto, quedando sólo dos vías: o “modernizar” a las policías y actualizar así su poder represivo, o darlas por terminadas en sus funciones, disolver su fuerza comisaría por comisaría, cuartel por cuartel, desarmando a cada carabinero, retirándole sus uniformes y equipamientos, dejando así al poder patronal sin ningún mecanismo físico de defensa.
