La nueva medida “anti-monopolio” impuesta a Telmex por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), demuestra el cambio en la relación de Estados Unidos con México desde la llegada de Trump.
Iván Zárate México
Miércoles 29 de marzo de 2017
Si bien desde el 2013, con la reforma en telecomunicaciones, se demostró la disposición de Peña Nieto para facilitar la expansión de AT&T en el territorio nacional, a partir del cambio en la Casa Blanca se endurecieron las exigencias y llevaron al IFT a ir más allá en contra de la “joya de la corona” de Carlos Slim, ordenándole una “separación funcional” de Telmex, subsidiaria de América Móvil (AMx).
Con esta política, que tardaría de 2 a 3 años en concretarse, Telmex estaría obligada a crear una empresa subsidiaria encargada de administrar y operar su “planta externa”, esto es, la parte de su infraestructura que enlaza a los usuarios finales (clientes o abonados) con los equipos que transmiten las señales de voz e internet ubicados en la “planta interna” (centrales telefónicas).
Esta nueva entidad, que tendría su propia marca, administración y personal, se encargaría exclusivamente de dar servicios de mantenimiento, construcción y arrendamiento de la red de cobre y fibra óptica más grande del país a cualquier compañía que desee usarla para llegar a sus propios abonados; incluyendo a la misma Telmex, quien también tendría que rentarle el uso de la red para acceder a sus clientes.
Un ejemplo claro de lo anterior se encuentra en el Reino Unido, donde el regulador Ofcom impuso en el 2005 una “separación funcional” a British Telecom (BT) por ser el “Agente Económico Preponderante” (AEP).
De aquí surgió la empresa Openreach, que opera y administra la red de BT como su subsidiaria, dando servicios de enlace a las compañías proveedoras de voz, internet y Tv (incluida BT entre sus clientes). Pero después de 10 años Ofcom llegó a la conclusión de que esta separación de la compañía británica no repercutió en competencia ni en inversión, razón por la cual decidieron ir más allá todavía e intentar implementar una “separación estructural” entre BT y Openreach.
El IFT hace caso omiso de los malos resultados de estas políticas en otros países, demostrando que su verdadero interés no es tanto el de desarrollar el sector en beneficio de los usuarios, sino el de simplemente repartir el mercado nacional entre los grandes magnates de las telecomunicaciones, sobre todo en beneficio del capital estadounidense.
Según su retórica neoliberal este reacomodo permitirá la entrada efectiva de más compañías, lo cual atraerá mayor competencia, inversión, empleos, mejora tecnológica y reducción de tarifas.
Nada más lejano a la realidad después de 30 años de aplicación de estas políticas, cuyo objetivo ha demostrado ser siempre el de entregar recursos estratégicos a la explotación privada (nacional e internacional) y abaratar la mano de obra para aumentar sus ganancias, ocasionando además una gran inestabilidad en los precios de las mercancías y los servicios al hacerlos depender del turbulento mercado financiero internacional, tal como vemos ahora con el precio de la gasolina.
Te puede interesar: ¿Cómo nos afecta la "separación funcional" de Telmex a los telefonistas?
* Iván Zárate es trabajador de Telmex y miembro de la Agrupación Desde las Bases Telefonistas.
