ESTADO DE EXCEPCIÓN EN ANTOFAGASTA. ¿Qué es un estado de excepción?

El “estado de excepción constitucional de Catástrofe” estipulado en la constitución política y la ley orgánica constitucional N°18.415 estipula que bajo la excusa de proteger la “estabilidad y seguridad” del país o una zona en particular las Fuerzas Armadas y de Orden toman el control explícito de los distintos planes de evacuación, resguardo y albergue ante catástrofes naturales o situaciones anómalas, mientras que el Gobierno solamente monitorea ya sea en terreno o desde los departamentos gubernamentales.

Estos “Estados de catástrofe” se declaran en casos de Calamidad Pública y sus efectos inmediatos son los siguientes:

• Las zonas afectadas quedan bajo la dependencia del "Jefe de la Defensa Nacional", quien es designado por la Presidenta.

• La Presidenta tiene las facultades excepcionales de restringir: "las libertades de locomoción y de reunión; disponer requisiciones de bienes; establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad; y, adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada".

Estas facultades también pueden recaer, total o parcialmente, en el jefe de Defensa Nacional designado, si es que la Presidenta lo decide. Aun así esto no ha pasado, el monitoreo y las decisiones las siguen tomando desde el Gobierno mediante el ministro de defensa Jorge Burgos, lo que no ha traído consigo las respuestas que esperan los miles de trabajadores y pobladores afectados.

A su vez, el “Jefe de Defensa Nacional” tiene las órdenes estrictas de:

• Asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en la zona.

• Controlar la entrada y salida de la zona y el tránsito en ella regulando las posibles salidas ante problemas mayores debido a las lluvias.

• Ordenar el acopio, almacenamiento o formación de reservas de alimentos, artículos y mercancías que se precisen para la atención y subsistencia de la población en la zona y controlar la entrada y salida de tales bienes.

• Determinar la distribución o utilización gratuita u onerosa de los bienes referidos para el mantenimiento y subsistencia de la población de la zona afectada.

• Establecer condiciones para la celebración de reuniones en lugares de uso público, dejando así nula la oportunidad de levantar una ayuda independiente como fue el caso de los voluntarios ante el incendio producido en Valparaíso el año 2014

• Impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, de sus empresas o de las municipalidades que se encuentren en la zona, con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública.

• Difundir por los medios de comunicación social las informaciones necesarias para dar tranquilidad a la población, aun así, solo en Antofagasta hasta el momento están funcionando un canal local (Canal 16) y Canal 13.

• Dictar las directrices e instrucciones necesarias para el mantenimiento del orden en la zona.

Lo más preocupante fue la aclaración del Ministro Peñailillo, quien recomendó la “Auto evacuación” a zonas seguras, es decir, la evacuación bajo responsabilidad de los mismos afectados, sin ninguna garantía ante una catástrofe mayor.

En Antofagasta, la medida fue decretada este martes bajo el pretexto de que pobladores y trabajadores de distintas poblaciones del norte de la ciudad (quebradas Farellones, Uribe y La Chimba) no querían evacuar ante posibles desprendimientos de faldones de cerros. Aún así, es una medida irrisoria: 800 Fuerzas Militares, Policía de Investigaciones y Carabineros han tomado las calles de la ciudad, lo cual no ha podido ser una respuesta efectiva ante el problema que ha traído consigo esta catástrofe natural.

También fue anunciada esta medida para la Región de Atacama, siendo esta la zona más afectada (Chañaral Tierra Amarilla, Alto del Carmen y Diego de Almagro) con muertos aún indeterminados, pero que el Gobierno ha desmentido a través del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.