El mes de julio ha estado marcado por negociaciones colectivas y huelgas de sindicatos de la industria y servicios. Trabajadores de Ariztía, Unimarc, Unilever, Walmart y Tres montes. El motor es salarial pero detrás de éste hay familias que se han visto afectadas por las condiciones sanitarias y los despidos efectuados desde abril. En medio de las medidas represivas del gobierno estas luchas tienen un alto apoyo popular.
Sábado 18 de julio de 2020
Ariztía, Unimarc, Unilever: “pedir un aumento de sueldo es delito, trabajar como esclavo es una obligación”
En Arica el sindicato n°2 de Ariztía lleva más de 16 días en huelga tras la negativa de la empresa a ceder al aumento salarial. Dicen que la empresa productora de alimentos les ofrece dejar iguales los salarios. Un trabajador en promedio recibe 300 mil pesos en esta empresa que reporta altas ganancias y tiene antecedentes comprobados de colusión de precios con otras empresas. Se trata de un empresario Ricardo Ariztía que se opone a las normativas medioambientales y que forma parte de las 100 empresas más grandes de Chile, con una trayectoria de más de 125 años de explotación del trabajo ajeno. Los lienzos de sus trabajadores dicen “un aumento de sueldo es un pecado, trabajar como esclavo es una obligación”, “Ariztía gana millones, los trabajadores migajas”. Los 204 afiliados a la huelga han realizado marchas por las calles de Arica, ruidos afuera de la planta, y también han solidarizado con la huelga de Unimarc.
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También en julio el sindicato de trabajadores de Unimarc de las ciudades de Arica, Iquique y Alto Hospicio también votaron la huelga. En total son 760 trabajadores y trabajadoras. Esta empresa pertenece a la sociedad Supermercados SMU controladas por Álvaro Saieh (quien por sí sólo acumula un patrimonio neto de más de 1,6 mil millones de dólares a partir de sus bancos como Itaú-CorpBanca). Se niega a acceder al pliego de peticiones que dicen relación a aumento salarial y pago de bonos. Ofrece 2.500 pesos de bono de movilización, una burla. Han realizado marchas y cortes. En la ciudad de Arica hay instancias de coordinación entre ambas huelgas.
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En Santiago el sindicato n°2 de Unilever, de la planta procesadora ubicada en Conchalí, están en huelga por un motivo similar. Son 145 trabajadores. La Empresa busca congelar condiciones por dos años. Sin embargo la misma empresa reconoció que tuvo aumento de ventas durante los meses de junio. Unilever es una empresa multinacional, quizás una de las más grandes de alimentación y artículos de salud, aglutina en el mundo a más de 400 marcas (13 de ellas facturan al año más de mil millones de dólares por sí sola) que en total facturaron más de 5 mil millones de euros en ganancias (en 2018 fue 40% más grande esa cifra). Los trabajadores acusan que empresa “no quiere compartir el crecimiento evidente de la planta, con quienes hacen la pega”.
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¿Qué expresan estas huelgas?
Todas estas huelgas se inician con más del 90% de los votos de sus afiliados. Algo está pasando entre los trabajadores de la industria. Y es que ya no se puede esperar más por mejores condiciones de trabajo y las condiciones de vida en pandemia hacen urgente discutir salidas en beneficio de los trabajadores y no de las ganancias empresariales.
Las empresas pretenden mantener los mismos salarios a pesar de haber aumentado sus ganancias en pandemia y a pesar del enorme esfuerzo que hacen sus trabajadores por producir una riqueza de la cual nunca gozan. Se trata de defender condiciones mínimas. Otros procesos de negociación programados para junio y julio comienzan a unirse a esta tendencia: El sindicato de trabajadores de Tres montes, que aglutina a 608 miembros y el gigante Walmart, que agrupa a más de 10 mil trabajadores por todo Chile anuncian procesos de huelga.
Los trabajadores han sido el sector social más golpeado por el gobierno de Piñera durante la pandemia
Las comunas populares concentran la mayor cantidad de muertes y contagios. Se registran contagios todas las semanas en los centros de trabajo, el caso más brutal es el de la empresa Fruna con más de 10 trabajadores muertos y un número incontable de contagiados y recuperados (en esta misma empresa se registró un jardín infantil clandestino). Los trabajadores también han sido los más golpeados por las leyes que promovieron despidos y suspensiones. Hay cerca 2 millones de trabajadores en esa condición. Viviendo de sus ahorros, recibiendo precaria ayuda alimenticia estatal. Y la rabia se propaga. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros el costo de la pandemia y el costo de la crisis económica mundial? Actualmente los empresarios están quedando al desnudo. Se muestran con su mezquindad y arrogancia. Están defendiendo a las AFP cuando la voluntad popular mayoritaria es el necesario retiro del 10% que actualmente se discute en el parlamento y que ha puesto a toda la clase empresarial y sus políticos en guardia.
Vamos por la coordinación de trabajadores: con unidad y fuerza impongamos un paro nacional por No+AFP y para que la crisis no la paguen los trabajadores
Es vital que estos procesos de huelga y negociación aún dispersos, se unifiquen, en coordinadoras territoriales y nacionales porque la unión hace la fuerza, la solidaridad de clase con estos trabajadores es vital para que puedan doblarle la mano a sus patrones y para que puedan ser un referente para todos los trabajadores de Chile. Tienen apoyo popular, porque sus demandas son justas, pero se encuentran aislados y en medio de medidas represivas del Estado. Tras estas demandas hay miles de familias con un enfermo, con un desempleado, con un endeudado. Mientras la riqueza de las empresas aumenta. Mientras los que se salvan son las familias ricas.
La actual impugnación a las AFP es una oportunidad para discutir no sólo las condiciones de ahorro previsional, sino también las condiciones de vida de los trabajadores de industria y servicios quienes mantienen día a día la producción y comercio en momentos de pandemia, constituyéndose cómo “la otra primera línea”.
Es urgente que los principales sindicatos de Chile como la CUT rompan con su estrategia de presión parlamentaria, de confianza en la ex Concertación,, y convoquen a un gran paro nacional en apoyo a las huelgas actuales, en donde podamos imponer con fuerza social el 10% y también condiciones mínimas en los trabajos como: salarios equivalentes a la canasta básica familiar; licencias pagadas para todo trabajador que lo requiera; comisiones de higiene y seguridad controladas por los trabajadores y cese de funciones de labores no esenciales, prohibiendo el despido y las suspensiones. Estas medidas mínimas hay que entenderlas en un plan general para que la crisis la paguen los capitalistas y no los trabajadores.
Gabriel Muñoz
Licenciado en Historia