Asamblea Legislativa. ¿Qué ha pasado con la ley que prohibiría las terapias de conversión?

Estamos ante una necesidad profundamente sentida en la comunidad, y es la de erradicar las llamadas “terapias de conversión”, una deuda histórica que la sociedad capitalista y patriarcal tiene para con las personas sexualmente diversas y su derecho de vivir en un mundo sin violencia. Recordemos que este tipo de prácticas son definidas por la ONU como:

“intervenciones de diversa índole que se basan en la creencia de que la orientación sexual y la identidad de género, incluida la expresión de género, de las personas pueden y deben cambiarse o reprimirse” [...] “Esas prácticas tienen siempre el objetivo de convertir a las personas no heterosexuales en heterosexuales y a las personas transgénero o de género diverso en personas cisgénero”.

Basados en esta definición, se entiende que la terapia de conversión -además de ser los mecanismos de tortura implementados por instituciones pseudocientíficas en complicidad con organizaciones religiosas con este fin- también es un supuesto profesional de la salud mental que se vale de su título para convencer a una persona claramente vulnerable psicológicamente, de que sus problemas tienen relación con su orientación sexual o identidad de género; terapia de conversión también es un espacio religioso donde se les convence a la juventud que ser sexualmente diverso está mal y necesitan cambiar para - por ejemplo - “encontrar la salvación”; terapia de conversión también es un orientador u orientadora convenciendo a un estudiante que su diversidad sexual causará su fracaso en ámbitos como el estudio, el trabajo y sus relaciones interpersonales.

En fin, podemos ver que así como en su momento se empleó el término “terapia de conversión” para esconder las torturas sistemáticas contra la integridad física de las personas de la comunidad LGBTIQ+, al día de hoy Nueva República desvía la atención usando términos como “atención”, “asistencia”, “guía”, “servicio” y “consejería” entre otros, para encubrir que lo que están defendiendo son torturas contra la integridad psicológica de las personas de la comunidad y es que ya hoy por hoy “terapia de conversión” es sinónimo de tortura. A pesar de que NR afirme que no existen terapias de conversión, también afirman que estas sólo son condenables “por sus formas”, incluso el diputado José Sibaja se deja decir en una de las sesiones:

“En el pasado la medicina usaba, la medicina general, técnicas que hoy por hoy no son potables o no son viables y que tal vez no fueron las maneras correcta, era en ese proceso de descubrir cuáles eran las maneras correctas”.

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El debate de este proyecto de ley que busca prohibir las terapias de conversión, se ha estado dando en la Comisión Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Los argumentos de Nueva República fueron bastante reiterativos puesto que todas las mociones son solo de forma, por lo que básicamente la discusión está llevada por los mismos argumentos apoyados con ejemplos, datos o perspectivas diferentes pero al fin, los mismos argumentos en el fondo. Aquí hacemos esta actualización:

El diputado David Segura de NR habla de que algunos autores afirman que se nace gay y que hay otros que afirman que la identidad de género se puede escoger en tanto que es un constructo social. Continúa mencionando que conoció un caso de una persona que nació heterosexual, decidió ser homosexual y luego precisó de ayuda para volver a ser heterosexual, para lo que el diputado afirma que el Estado debería poder ofrecerle ayuda a esta persona.

Aquí hay varios inconvenientes con lo que dice, comienza demostrando su incomprensión sobre la orientación sexual e identidad de género, puesto que ambas son parte medular de la identidad y la cosmovisión de las personas, por lo que estas no son realmente modificables a voluntad. Por otro lado, en un proceso terapéutico se deberían trabajar las razones por las que hay una crisis identitaria en vez de la orientación sexual de la persona en sí, puesto que eso es algo que la persona ya tiene, y por lo tanto lo que se debería buscar es que la persona se sienta cómoda con su orientación sexual, cualquiera que sea la orientación sexual de la persona.

Más adelante el diputado señala que con este proyecto de ley, se verían cuartados los derechos de objeción de conciencia y a la libertad de expresión. Luego procede a señalar que el hecho que el proyecto de ley haga la salvedad con las terapias afirmativas - aquellas que buscan que las personas se sientan cómodas con su orientación sexual e identidad de género- lo hace incluso peor según su criterio.

Esta afirmación también es bastante problemática puesto que el proyecto de ley vendría a prohibir las terapias de conversión y especifica que esta prohibición no vendrían a incluir a las terapias afirmativas, es decir, el proyecto de ley vendría a prohibir aquellas prácticas que buscan modificar la orientación sexual e identidad de género de las personas, pero especifica que esto no incluye los casos en los que una persona busca ayuda para poder mitigar los problemas psicológicos que pueda tener, producto de vivir en una sociedad excluyente, y poder sentirse cómoda con su propia sexualidad. Esto no prohíbe que las personas puedan seguir expresándose, no les obliga a apoyar ni realizar terapias afirmativas y por el contrario, lo que la ley vendría a prohibir es que las personas, valiéndose de algún título académico o religioso, promuevan la falsa promesa de que se puede cambiar la orientación sexual e identidad de género a una heterosexual y cisgénero, lo que termina siendo pura propaganda de odio contra la comunidad LGBTIQ+, y por consecuencia también prohibiría la aplicación de estos espacios puntualmente.

Más adelante, el diputado José Sibaja habla de un criterio de la Procuraduría General de la República del 2019 , sobre la libertad religiosa y de culto. Básicamente, habla de la libertad que tienen las personas a participar de espacios religiosos siempre que sea voluntario y no afecte el ordenamiento jurídico, haciendo alusión al derecho de las personas a participar de las terapias de conversión si así lo desean. El problema con lo anterior, es la posición de poder que un supuesto profesional de la salud mental tiene sobre una persona vulnerable psicológicamente o la manipulación que puede ejercer cualquier adulto sobre un menor de edad, lo cual no refleja ese carácter voluntarista, por el contrario es otra forma de coerción. En otras palabras, las terapias de conversión son un fenómeno tan sistematizado que es ingenuo pensar que son casos aislados y que por lo tanto no haya manipulación de por medio, por lo que también es ingenuo pensar que pueden ser voluntarias. El tema de si afecta o no el orden jurídico no tiene sentido puesto que por esa razón se está legislando con respecto al tema.

Otro argumento es el de Fabricio Alvarado leyendo los artículos que prohíben las torturas y el sometimiento de personas a prácticas humillantes contra su voluntad, es el de que la intención de este proyecto de ley es totalmente innecesaria puesto que estos artículos ya penalizan este tipo de actos. Sin embargo, hay que entender que los términos usados en esos casos no contemplan la tortura psicológica ni abarcan el tipo de coerción ejercida desde esas posiciones de poder que ya mencionamos. Alvarado se siente resguardado por esas leyes ya que - como diría Sibaja- ya no hacen las terapias de conversión con las mismas “formas” que antes, aunque sepan que en el fondo tienen el mismo objetivo.

De forma similar el diputado Segura de que las personas diversas tienen el derecho a buscar “guía” o “consejería” para cambiar de orientación sexual o identidad género al gusto, es el argumento de que las personas sexualmente diversas tienen derecho a recibir “tratamiento”, como si estuviéramos hablando de que las personas sexualmente diversas pueden curar su condición, para esto el diputado Sibaja hace una comparativa entre “enfermedades raras” y orientación sexual e identidad de género, y dice:

“Por dicha en nuestro país no existen muchas enfermedades raras y nos hemos poco a poco, como país, especializado en atender estas enfermedades; pero sigue estando abierto el pudio a esas personas que lo requieran, que lo puedan acceder. Mal haríamos como país decir: simplemente, no, esas enfermedades -como aquí son muy raras y son dos que tres casos en dos o tres millones- no las vamos a proveer”.

Este argumento raya en lo ridículo puesto que se basa en una comparación que no es válida ya que la orientación sexual, ni la identidad de género son enfermedades raras. Este argumento es tan ridículo como exigir que se brinde asistencia médica para que una persona negra se cure y deje de ser negra, o para que una persona indígena se cure y deje de ser indígena.

Finalmente, otro argumento durante todo este periodo, fue el de negar que las terapias de conversión siquiera existen, después de defender el derecho de las iglesias a ofrecer “servicios” para que las personas dejen de ser sexualmente diversas. Incluso el diputado Sibaja se dejó decir sin ninguna pizca de asco, que las torturas en iglesias existen en el mundo “imaginario” de los comunistas”. Esta intervención ignora de manera descarada, los cientos de testimonios de personas que sobrevivieron a estas prácticas, que fueron obligadas por sus padres o tutores legales,o las historias de personas vulnerables que fueron buscando ayuda y se aprovecharon de ellas para imponer sus propias creencias a costa de su integridad, pero más allá de eso, también intenta tapar el sol con un dedo y fingir que la iglesia católica no está inundada de cientos de denuncias por abuso infantil al rededor de todo el mundo, o también la manera en que las iglesias de la teología de la prosperidad engañan a personas con bastantes necesidades, diciéndoles que pueden “comprar” su “prosperidad” en el cielo.

Este argumento evidencia que aunque la derecha religiosa se pelee en el discurso con la derecha tradicional y liberal, en el fondo los une el hecho de que no les conviene que la clase trabajadora esté peleando unida y por sus propios intereses.

Ya han pasado 6 meses desde que comenzaron los debates contra las mociones y apenas se ha rechazado un poco más de 10 mociones en contra, de las 103 mociones que NR interpuso contra el proyecto de ley, a este ritmo harían falta alrededor de 4 años más de discusión, lo cual implicaría que si el proyecto de ley pasa, pasaría en una administración diferente.

La comunidad debe defender este proyecto de ley en las calles para que la pasividad no gane, para que los argumentos retrógrados no calen y para que los que callan no tengan que seguir callando.