Ante el anuncio del Estado de Alarma, las trabajadoras del hogar, mayoría inmigrantes, no tenemos ningún derecho, y más las que no tenemos contrato. Si no trabajamos, sencillamente, no cobramos nada y no tenemos acceso a ningún tipo de prestación.
Rita Benegas Trabajadora migrante - Pan y Rosas Barcelona
Lunes 30 de marzo de 2020
El gobierno del PSOE-Unidas Podemos decretó el Estado de Alarma, pero sin ninguna medida efectiva para los trabajadores y las trabajadoras que estamos en situación de precariedad. Ya lo vimos con las imágenes de aglomeraciones en el transporte público de todas aquellas personas obligadas a ir a trabajar arriesgando su salud, o con los ERTEs y despidos masivos de trabajadores y trabajadoras por parte de aquellas empresas que cierran.
Si para la gran mayoría vemos como sus derechos se vulneran de tal manera, imaginaros lo que pasa con las trabajadoras inmigrantes, las cuales muchas no tienen ni papeles. Por ejemplo, las que trabajamos como empleadas del hogar y del cuidado, seguimos estando en un Régimen especial y no tenemos ni derecho al paro. Así que aún teniendo contrato, tampoco cobramos nada si nos echan. Pero además de no tener casi ninguna protección legal, muchas, sobre todo inmigrantes, estamos obligadas a trabajar en la economía sumergida, más de un 30% dicen los datos oficiales, pero probablemente seamos muchas más.
Para las que, como yo, trabajamos por horas en distintos domicilios, no existe la obligación legal de hacernos un contrato en caso de trabajar menos de 60 horas al mes. Y esta es la realidad de muchas mujeres que tenemos múltiples empleadores y que, aunque en total podemos llegar incluso a hacer más de 40 horas a la semana, no tenemos derecho acceder a la Seguridad Social. Por otra parte, con lo poco que ganamos también tenemos que trabajar en otros lugares, por ejemplo durante los fines de semanas yo también trabajo como camarera, otro sector que, por cierto, también es habitual en la economía sumergida para las trabajadoras inmigrantes.
En los momentos actuales se agrava nuestra enorme precariedad. En mi caso me cancelaron los servicios, de un día para otro, de todas las casas donde voy a limpiar y a cuidar de personas mayores, y también cerró el bar donde trabajo. Es decir, voy a dejar de cobrar mi salario, además sin tener la garantía de que podré volver a mis puestos de trabajo, y no tengo derecho a cobrar el paro ni tampoco ninguna otra ayuda.
Las que nos encontramos en esta situación estamos realmente desesperadas, porque si ya de por sí nuestros salarios son irrisorios, imagínate ahora cómo vamos a hacerlo para pagar el alquiler, las facturas, la comida y los otros gastos indispensables. Y las que no tienen papeles están en condiciones aún peores, ya que además, se exponen a mayor represión y mayor riesgo de ser identificadas ante el aumento del dispositivo policial en las calles. Por otra parte la suspensión de trámites oficiales está afectando a miles de inmigrantes que no podrán obtener ni renovar su documentación en la actualidad.
Y para aquellas que si tienen que trabajar estos días, tampoco la situación es mucho mejor, ya que no les dan ningún tipo material de protección para no contagiarse. Y si enfermamos, tampoco tenemos derecho a cobrar la baja si, por ejemplo, contraemos la infección del Covid-19. A ello se le junta nuestra doble jornada laboral, que se intensificó al cerrar las escuelas, nosotras no tenemos derecho a cobrar ninguna ayuda si no podemos trabajar para cuidar de nuestros hijos.
Por otra parte, tengo compañeras trabajadoras del hogar internas que están denunciando como les prohíben salir del hogar donde trabajan hasta que no termine el Estado de Alarma. Imagínate, pasar estos 15 días, que probablemente serán mucho más , encerrada en casa de tu jefe sin poder salir. Teniendo en cuenta que ya de por si las que trabajan como internas están en condiciones de esclavitud , de normal prácticamente no tienen descansos y solo pueden salir 36 horas en toda la semana.
Si las medidas del “Estado de Alarma” propuestas por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, no garantizan los derechos de la mayoría de los y las trabajadoras, aún menos contempla la situación de las personas inmigrantes. Es por ello que ante esta crisis tenemos que seguir reivindicando nuestros derechos: por la derogación de la Ley de Extranjería y el cierre de los CIEs.
Y contra todos los despidos y la garantía de no perder nuestro salario, así como el acceso a todas las prestaciones necesarias, como por ejemplo, en caso de baja médica. Porque soy consciente que hay que tomar medidas de prevención para proteger nuestra salud, pero no puede ser que está crisis cargue sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras más precarias, mientras no se tocan los beneficios de los que más tienen.
