El proyecto de ley impulsado por dirigentes del Frente Amplio, la Democracia Cristiana y la Derecha busca que el Estado se responsabilice de las históricas negligencias al interior de la institución contra sus niños y niñas, hacer un tipo de reparación y una reestructuración administrativa y financiera de la institución buscando, con ello, mantenerla.
Álvaro Pérez Jorquera Profesor de Historia y Geografía, historiador y músico
Sábado 15 de julio de 2017
La última semana la crisis destapada al interior del SENAME, que no sólo se trata de la fuga de dineros de la institución a particulares, sino que también de múltiples hechos de violencia y muertes de menores bajo el alero de la institución, ha reabierto el debate sobre la situación de la infancia en Chile.
Con esto no nos referimos a la infancia en general, como el ministro Saffirio, sino a esa infancia que es la más vulnerable, porque es pobre, carente de recursos, rodeada de violencia y todo tipo de miserias provocada por un sistema dónde se trabaja hasta 10 horas diarias por un sueldo mínimo que es mucho menor al actual coste de una canasta familiar básica mientras que quienes legislan este sistema ganan millones y se colman de privilegios.
No, los niños y niñas de los empresarios y su casta de políticos no sufren ni están expuestos a las mismas vejaciones que los niños y niñas del SENAME, y si, el Estado como institución es responsable de las negligencias que allí ocurren. Ante esto, es necesario que se asuman responsabilidades y se repare a todos aquellos que resultaron dañados y sus familias.
Sin embargo cabe preguntarse, a partir de este proyecto impulsado por militantes del Frente Amplio, la Democracia Cristiana y la Derecha, ¿Debe seguir existiendo el SENAME?
Pues es una institución supuestamente orientada a proteger la infancia más vulnerable de entornos violentos, y sin embargo el hecho de que sea administrada por el Ministerio de Justicia, el mismo que mantiene el sistema punitivo y sus cárceles, hace cuestionar si realmente sus bases sirven para el adecuado desarrollo de la infancia, y si no, por el contrario, perpetúa el círculo de marginalidad que establece el propio sistema penal con elevadas condenas para los sectores oprimidos de la población, pero que deja en libertad a los delincuentes de cuello y corbata que sean capaces de pagar por su libertad.
Un proyecto que plantee restructurar y financiar una institución con semejantes bases no sólo no está buscando solucionar y evitar nuevos sufrimientos a los hijos de los trabajadores y sectores oprimidos, sino que muestra que los sigue viendo como un problema que es necesario mantener a raya, encerrándolos por el delito de haber nacido en la pobreza.
La única solución para un verdadero desarrollo de la infancia pasa por terminar con todo rastro del actual SENAME y por impulsar una red de hogares de menores administrada por los actores de la educación: profesores, estudiantes y apoderados, así como los trabajadores de la salud, y profesionales de la educación, para crear un nuevo sistema de carácter nacional que asegure la educación, la alimentación y la salud de todos estos niños y niñas, totalmente separado de las instituciones de justicia que encarcelan al pobre y exculpan al rico, y totalmente financiado por el Estado.
