2X1 Y DESPUÉS. ¿Qué hacer con la Corte Suprema?

“La Corte Suprema es una casta vitalicia, privilegiada, que cobra sueldos 20 veces mayores a los de cualquier laburante. Basta de jueces puestos a dedo por el poder de turno. Que sean elegidos por el voto popular, revocables, y cobren como un trabajador”.

Así resumió en las redes sociales Nicolás del Caño su repudio al fallo de la Corte Suprema que beneficiaba a los genocidas, y la salida de la izquierda para terminar con esos fallos reaccionarios.

Su planteo causó revuelo, pero nadie puede negar que en esta semana los cortesanos quedaron en el ojo de la tormenta.

Breve historia

En 1853 la oligarquía argentina estaba organizando su Estado, en medio del enfrentamiento entre sus distintas fracciones. La Constitución aprobada ese año creaba el Poder Judicial como parte de la “división de poderes”, y erigía una Corte Suprema de Justicia que debía estar integrada por nueve jueces y dos fiscales. Ya definía que serían nombrados por el Presidente con acuerdo del Senado, reconocía la inamovilidad de los “supremos” y la intangibilidad de sus salarios.

Pero los desencuentros entre las elites porteñas y del interior postergarían varios años su funcionamiento. Tras jurar en el despacho de Bartolomé Mitre en el verano de 1863, recién el 15 de octubre de ese año emitiría su primer fallo, Otero c/Nadal.

Su origen aristocrático, los privilegios otorgados a sus miembros y el rol profundamente político que jugaría desde su nacimiento, ayudar a entender el papel que estaba destinada a jugar en el régimen burgués.

Los inicios del siglo XX la encontrarían como un pilar del “orden conservador”, aunque sabría adaptarse a los cambios políticos. Un hecho pinta de cuerpo entero sus principios y doctrinas. Cuando Yrigoyen era derrocado en el primer "Golpe de Estado", la Corte saludaba al general Uribiru planteando que "el gobierno se encuentra en posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para asegurar la paz y el orden de la Nación, y por consiguiente para proteger la libertad, la vida y la propiedad de las personas, y ha declarado, además, en actos públicos, que mantendrá la supremacía de la Constitución y de las leyes del país, en el ejercicio del poder” (Acordada 2).

Esos valores marcarían toda su trayectoria durante el siglo pasado. Después de cada Golpe, entraba en vigencia la llamada “doctrina de facto”: los jueces aceptaban como autoridad “a cualquier persona o grupo de personas que tuviera la capacidad de garantizar el orden y la seguridad pública”.

Los cambios políticos y en las relaciones de fuerzas entre las clases irían generando cambios en la composición de la Corte, que confirmaría su adaptación a cada época como marca su tradición: hablando a través de fallos notables. La Corte menemista, la Corte K, la Corte macrista. Como timonel del “partido judicial”, defenderá su lugar en la mesa de los que gobiernan para los ricos, entre tejes y manejes con la Iglesia, los partidos tradicionales y el “partido militar”.

Lo que se mantendría intacto, gobierne quien gobierne, serán sus privilegios y su función social.

Privilegios

El Poder Judicial, en todas sus instancias, es el único en que ninguno de sus miembros se elige por votación popular.

La Corte es la culminación y coronamiento de esas atribuciones y privilegios: sus integrantes son prácticamente vitalicios (perpetuos), sus sueldos son intangibles (no pueden ser tocados ni disminuidos), no pagan impuestos a las ganancias, son elegidos a dedo por el Presidente de turno y ratificados por el Senado. Un puñado de hombres – porque de sus más de cien miembros en la historia solo tres han sido mujeres – que definen el destino de millones.

Semejantes prerrogativas la convierten en una casta, alejada de la vida y los intereses de los millones que son afectados por sus fallos.

Según La Nación, el diario fundado por el mismo hombre que bautizó a los primeros “supremos”, “el sueldo de los jueces de la Corte, en promedio, oscila entre $ 260.000 y $ 270.000 en bruto”.

Un informe del mismo diario asegura que el patrimonio de los jueces protagonistas del 2x1, es millonario. Para tomar como ejemplo, Carlos Rosenkrantz declaró en 2015 bienes por $ 11,3 millones (depósitos, casas y acciones). Elena Highton de Nolasco declaró un patrimonio de $ 3 millones ante la AFIP en 2014, pero su patrimonio viene aumentado 50%. Ricardo Lorenzetti, el presidente del tribunal, informó activos por $ 9,3 millones en 2015.

Una institución reaccionaria

La clase capitalista no podría sostener su dominación solo apelando a las fuerzas represivas y la coerción. El régimen político necesita de otras instituciones. La Corte Suprema es una de ellas, así como la Presidencia, el Senado y el resto del parlamento. Todas son pilares del “gobierno de los ricos”.

En el sistema jurídico capitalista, la igualdad formal ante la ley intenta ocultar la desigualdad material y social. La Corte, donde unos pocos poderosos "imparten justicia" sobre millones, es tributaria de esa ficción en que se basa esta democracia.

Sin embargo, de tanto en tanto, el velo se corre. Como cuando millones se indignan y repudian el intento de los “supremos” de beneficiar a los genocidas, de imponer la “reconciliación nacional”. La movilización y el masivo rechazo al fallo obligaron a los partidos tradicionales (peronistas, renovadores, radicales) a organizar un operativo de rescate ante el cuestionamiento a la Corte, el Senado y el Presidente.

Pero no fue solo un acto fallido. Es una doctrina. Desde esos mismos estrados se viene sosteniendo hace décadas la impunidad de los represores. Desde esos mismos estrados se legalizó la entrega nacional en los 90, las privatizaciones y los ataques a los derechos obreros que costaron mártires. Desde esos mismos estrados hace poco se avalaron los tarifazos.

Por eso, como dice Del Caño y el Frente de Izquierda, mientras nos movilizamos contra los poderes que sostienen la impunidad: hay que acabar con los privilegios y poderes "supremos" de la Corte. Que los jueces sean elegidos por el voto popular, revocables y cobren como un trabajador.