Coronavirus. ¿Qué hacer frente al dictamen de la Dirección del Trabajo?

El polémico dictamen de la Dirección del Trabajo que permite a las empresas suspender el pago de remuneraciones mientras dure la pandemia, difícilmente dejó a alguien indiferente en medio de la principal crisis sanitaria que afronta la humanidad desde hace un siglo y que según todos los pronósticos golpeara a nuestro país con la misma agresividad que ya se ha visto en otros países, por mucho que nuestras “autoridades” confíen en que Chile será, una vez más, una excepción en el panorama mundial.

En términos jurídicos el dictamen hace un malabarismo argumentativo al sostener que es posible la existencia de un “vínculo laboral” sin que exista una remuneración. El salario es precisamente aquello que fundamenta la existencia en el derecho de una relación laboral como lo expresa claramente el artículo 7 y 10 del código del trabajo.

Tal definición no solo es importante en términos de discernir la “naturaleza jurídica” del contrato de trabajo. El derecho a una remuneración fue una conquista obtenida con la sangre y el sudor de las luchas obreras del siglo pasado y desconocer tal elemento implica retrotraer la existencia de una relación laboral a la época en la existencia de un salario dependía de la “buena voluntad de los patrones” que muchas veces se negaban a pagar en dinero y lo hacían con fichas para garantizar la sumisión de los trabajadores.

El salario es precisamente aquello que distingue al contrato de trabajo de otras formas de estructurar las “relaciones laborales” como lo eran la esclavitud o el vasallaje feudal, donde quienes trabajaban lo hacen por mandato divino y confiando en el “cariño” que sus señores pudiesen tenerle a sus dependientes.

Por eso resulta insultante que el gobierno hable de que confían en el uso responsable que los empleadores darán a este dictamen dado que entre empresarios y trabajadores existen muchas veces relaciones de “cariño”, y donde las diferentes asociaciones gremiales del empresariado han buscado calmar las aguas pidiendo que dicho dictamen se use también de manera responsable, lo que por supuesto no ha detenido a empresas como telepiza, h&m, Microplay entre otra veintena de grandes empresas de aplicar dicho derecho a “suspender” el pago de salarios a solo horas de publicado el dictamen.

La indignación en redes sociales, donde no se vio mucha confianza en ese “cariño empresarial”, se expresó durante todos estos días y rápidamente ha suscitado una gran discusión jurídica y política respecto a que hacer sobre este dictamen.

Pedro Diaz Polanco , director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Austral, señalaba en su columna en El Mostrador que dicho dictamen atentaba contra el derecho a la vida, consagrado en la actual constitución, al dejar en la indefensión a miles de trabajadores y era contrario a la declaración de derechos humanos, cuya fuerza legal obliga a nuestro ordenamiento en función de la misma constitución, establece expresamente que la remuneración es parte del derecho al trabajo consagrada en dicha declaración. [1]

La Defensoría de los Trabajadores, ligada a la organización Convergencia 2 de abril y a la Central Clasista de Trabajadores, reclama vehementemente que la figura de la “suspensión” no existe en nuestro ordenamiento civil y señala que la opción de acudir a los tribunales laborales permitirá subsanar dicha arbitrariedad.

Convergencia Social, en la voz de su presidenta la diputada Gael Yeomans ya adelantó que presentará, en conjunto al resto de partidos del Frente Amplio, un recurso de protección en tribunales llamando a la Dirección del Trabajo a retrotraer dicho dictamen que vulnera los derechos de los trabajadores.

La vía judicial se ve en todo caso poco auspiciosa. Varios abogados comentan que una acción de protección difícilmente será declarada siquiera admisible dado que la arquitectura jurídica de nuestro país no permite “acciones abstractas” sin que medie un caso concreto, lo que obligaría a que toda estrategia jurídica se desarrolle “caso a caso” lo que permitirá quizás a algunos trabajadores mantener su salario mientras que en otros la medida se confirmará, dejando al buen criterio del juez en que casos aplica y en cuáles no.

El límite de confiar en los tribunales de justicia, un grupo de funcionarios electos a dedo cuyas relaciones institucionales generalmente son opacas al control democrático de la sociedad civil, esta dado por la actitud que ya mostraron los tribunales en el estallido social.

El poder Judicial ha hecho gala de la misma complicidad y servilismo que lo mantuvo vigente durante la dictadura cuadrándose en su momento con la política represiva del gobierno, incluso sancionando a jueces que se pusieron del lado de los derechos democráticos de la población, en este punto no será una sorpresa que se cuadre con el espíritu de unidad nacional tras la política económica de Piñera.

El gobierno sale al paso de las críticas jurídicas sosteniendo que esta anomalía legal se verá solucionada con su proyecto de ley que regula el derecho a “suspensión” garantizando un pago a costa de los ahorros del seguro de cesantía de los mismos trabajadores utilizando a su favor el adagio jurídico del que el derecho regula aquello que de facto ya existe.

El teletrabajo de la CUT

La CUT ha optado por la vía administrativa al solicitar una “reconsideración”, sinónimo del recurso de reposición, a la Dirección del Trabajo, organismo dependiente del Ministerio del Trabajo y por tanto de su excelencia el presidente de la República.

Esta acción que ha sido acompañada de la exigencia de que se conforme una mesa tripartita entre empresarios, sindicatos y el gobierno para monitorear las relaciones laborales y garantizar la adecuada convivencia en el marco de la pandemia. Anuncio que no ha despertado mayor entusiasmo dado que los empresarios ya están monitoreando dicha convivencia y prefieren que el rol de la CUT siga siendo el de comentarista de redes sociales y así no tener que darse el esfuerzo adicional e innecesario de hacer lo mismo que ya están haciendo solo que poniéndole una traba burocrática de añadirle una reunión virtual

Barbara Figueroa ha sido pionera en esta crisis sanitaria en implementar medidas como el teletrabajo para dirigir la central sindical aun antes que el proyecto termine sus tramites legislativos, probablemente preocupada por sus longevos dirigentes y los de su partido.

Le reconocemos si, que ha sido pionera en implementar medidas como la cuarentena de antes de que empezara la propagación del coronavirus en occidente dado que las reuniones telemáticas y la ausencia del trabajo físico de la central se nota desde antes que si quiera se confirmase un caso de Covid19 en Chile. Lamentablemente para los trabajadores del transporte, minería, construcción, el enorme cordón industrial de Quilicura (zona norte) y otras labores no esenciales no podrán optar a la modalidad de teletrabajo y a la cuarentena si es que no quieren morirse de hambre.

La salida no esta en las meras discusiones jurídicas

El dictamen difícilmente podrá ser derrotado con discusiones extraídas de las escuelas de derecho, cuando lo que refleja es la correlación de fuerzas que actualmente se expresa en la coyuntura donde el gobierno respira confiado de que la ausencia de movilizaciones permite continuar su línea de precarización y flexibilización laboral sin oposición, gracias a la emergencia del coronavirus que mantiene a la población confinada en sus casas.

Toda vía que no sea judicial parece en estos tiempos un llamado irresponsable a favorecer la propagación del virus, sin embargo, difícilmente las acciones judiciales servirán para algo más que titulares de prensa cuando, bajo el siempre útil comodín de la unidad nacional, el congreso termine por aprobar el proyecto de ley del gobierno bajo el chantaje de que sin el miserable bono pagado a costa de los mismos trabajadores no llegara para aportar en esta crisis.

La izquierda parlamentaria seguro aún hace cálculos confiando en que el pueblo pasará la cuenta al gobierno en las próximas, e inciertas, elecciones futuras. Mientras tanto que para los trabajadores habrá que sortear la pandemia como sea.

Las medidas de distanciamiento social del gobierno aún mantienen a miles de trabajadores teniendo que cumplir de todas maneras sus labores aún pese al peligro de contagio y con un invierno que se avecina además con la amenaza de cambiar el brote del covid19 con el de la influenza que este invierno ataco con especial brutalidad al hemisferio norte.

¿No sería más razonable utilizar todo el esfuerzo intelectual por desentrañar los misterios del derecho en pensar cómo organizar el paro de las labores no esenciales para garantizar la vida de los trabajadores (cuando muchos de dichas labores cuentan con sindicatos afiliados a la CUT) o buscar medidas para exigir que se dispongan de medidas de seguridad para los trabajadores de la salud, también afiliados a la CUT, que ya denuncian la falta de insumos médicos y de seguridad lo que traerá como consecuencia la expansión del contagio al personal esencial con la consecuente merma en el combate a la enfermedad que aquello significará?

Si el gobierno confía en que podrá sortear esta crisis a costa de mantener trabajando a la población hasta la muerte, la izquierda parlamentaria criticando al gobierno por teletrabajo termina sosteniendo una política que a todas luces implicará una catástrofe sanitaria cuyo costo se pagará en vidas.

Días antes de que el coronavirus llegara oficialmente a Chile carabineros golpeaba brutalmente a un adulto mayor que se manifestaba en la plaza de la dignidad. Esta imagen expresa la importancia que para el gobierno tiene la población de riesgo, panorama acompañado de las fiestas y las vacaciones con que los hijos, en contra de todas las recomendaciones de la autoridad sanitaria, de sus amigos empresarios que esparcieron la enfermedad en dimensiones aún desconocidas.

El dictamen solo podrá ser derrotado en la medida que la clase trabajadora conquiste sus propias organizaciones que permitan plantear un programa que represente sus intereses y que de las lecciones de la revuelta y que de la pandemia pueda emerger una alternativa política que sea capaz de conducir dicho programa hacia terminar con este sistema irracional e injusto que prefiere las ganancias de unos pocos por sobre la vida de la inmensa mayoría.