Con la implementación del gasolinazo, se multiplicaron los bloqueos en gasolineras, refinerías de Pemex y carreteras. En contrapartida, se iniciaron también los saqueos a comercios en distintos puntos del país, de la mano de una campaña de pánico desatada por el gobierno. El objetivo: desalentar a los indignados, que el descontento social no se exprese en las calles.
Bárbara Funes México D.F | @BrbaraFunes3
Sábado 7 de enero de 2017
El gasolinazo desató la indignación en amplios sectores. Pero mientras se multiplicaban las protestas en todo el país, iniciaron los saqueos a comercio. Las olas de pánico encontraron eco en redes sociales y en los medios masivos de comunicación.
De acuerdo con distintos medios, hay alrededor de seis muertos, más de 1,500 detenidos y 300 comercios con daños. Los hechos tuvieron lugar principalmente en el Estado de México, Nuevo León, Puebla, Chiapas, Hidalgo y Veracruz.
Asimismo, circularon en los medios de comunicación -al servicio de los empresarios-, así como en redes sociales, rumores de vandalismo y de pánico en distintos lugares del país, incluyendo la Ciudad de México.
Operadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han sido denunciados por intervenir en los actos vandálicos mediante sus organizaciones barriales y de sociales y sembrar temor en la población. Es una estrategia del gobierno basada en la manipulación de la información para justificar el despliegue del ejército y a la policía en todos lados, y al mismo tiempo, sembrar el pánico para evitar que el pueblo trabajador tome las calles. Difundieron así la teoría de la
conspiración, donde toda protesta sería obra de “conspiradores” con interés ajenos a cualquier reclamo legítimo.
Incluso pretendieron aterrorizar a la población con el rumor de un golpe de Estado para desmovilizar y desalentar toda forma de desorganización de los que salen a enfrentar sus medidas. A su vez, los saqueos a las cadenas comerciales, provocan que los empresarios -que consideran exagerada el alza al impuesto a la gasolina- demanden la intervención policíaca para proteger sus negocios, separándolos del resto de los que protestan contra el gobierno.
Es el caso del Estado de México, donde el mismo gobernador Eruviel Ávila ha sido señalado como instigador de tales operativos. Este estado es para el PRI la joya de la corona, y cuya gubernatura necesita retener, donde este año hay elecciones a gobernador y existen roces entre sectores del PRI para elegir al candidato del partido gobernante. En Chiapas, donde hubo grandes manifestaciones pero también se orquestaron saqueos, el gobernador Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ya había enfrentado una aguda crisis ante la lucha magisterial contra la reforma educativa.
En Nuevo León, el nuevo gobernador Jaime Rodríguez, el “Bronco”, ex priista devenido en candidato independiente, ya empezó a perder popularidad, así como el apoyo de sus aliados de los partidos tradicionales. Fue cuestionada por una “megamarcha” de 25 mil personas que protestaban contra el gasolinazo y el incremento de impuestos. Y en donde hubo destrozos el Palacio de gobierno.
Otro gobernador que enfrenta el descontento social es Rafael Moreno Valle, panista gobernador de Puebla y aspirante a candidato presidencial para el año que viene, también está involucrado en despliegues represivos contra la protesta social -fue el impulsor de la Ley Bala, que habilitaba a disparar a las fuerzas represivas contra manifestantes- y ha protagonizado también escándalos de corrupción.
El saqueo del país
Sin embargo, hay que destacar que a los saqueos se han sumado también pobladores de las colonias más pauperizadas. La pobreza ya golpeaba a amplios sectores de la población, y el gasolinazo y el alza de precios de productos de la canasta básica agravaron su situación. A esta reacción apuestan las fuerzas reaccionarias que impulsan los saqueos. Es la ira que ha desatado el cinismo del gobierno de Peña Nieto, golpeado por sucesivos escándalos de corrupción. Una ira controlada y organizada desde las estructuras priistas para dividir y enfrentar a los explotados y los oprimidos, como se ha documentado en redes, otorgando una comisión a sus militantes por cada persona que envíen a participar en los saqueos.
A su vez, los medios al servicio del poder señalan que las pérdidas de los establecimientos comerciales por saqueos y vandalismo superan los 100 millones de pesos.
Pero lo que quieren ocultar tras la campaña de pánico es el saqueo que perpetra día con día la “casta política” al erario público, con sus sueldos millonarios, sus mansiones, sus privilegios incontables, sus grandes negocios con las trasnacionales y las corporaciones nacionales. O con los rescates a las deudas de los banqueros como fue en los 90s con el Fobaproa-IPAB, elevando la deuda externa a niveles exorbitantes.
Son los representantes del PRI, del PAN y del PRD los que han participado del saqueo de los recursos del país en favor de las trasnacionales y de la subordinación al imperialismo, que hoy se concreta con la reforma energética y la entrega de Pemex.
Mientras hay más 1,500 detenidos en protestas y saqueos, los exgobernadores que se enriquecieron a costa del erario público, como el priista Javier Duarte, de Veracruz, Borge de Quintana Roo, Moreira de Michoacán, están prófugos o libres, gracias a la justicia de los ricos y los poderosos.
El descontento se extiende. Es necesario que la clase trabajadora y los sectores populares tomen las calles y no caigan en la trampa de la campaña de terror desatada por el gobierno. Abajo el gasolinazo, la reforma energética y la entrega a las trasnacionales. Abajo la militarización, la represión. Libertad a todos los presos políticos.
Te puede interesar: El gasolinazo de Peña y las trasnacionales no pasará
