Queda claro que más allá de cómo presente AMLO esta disputa política con los conservadores, tanto el oficialismo como la oposición legitiman y sostienen una universidad que está cada vez más puesta al servicio de la iniciativa privada y sus necesidades educativas para un mundo laboral precario.
Martes 2 de noviembre de 2021
Las últimas semanas hemos visto al titular del ejecutivo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, arremeter contra el peso que ocupa el neoliberalismo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), máxima casa de estudios del país tanto por su matrícula, cuerpo docente e instalaciones como por el prestigio e investigación científica realizada por su comunidad.
Las declaraciones de AMLO sobre la “derechización” de la UNAM durante los gobiernos neoliberales y sobre el hamburguesamiento de sus estudiantes, trabajadores y docentes, han generado una amplia polémica entre sectores conservadores y progresistas que, aún sin tener acuerdo con los dichos del Presidente, han puesto el foco sobre las múltiples problemáticas de esta casa de estudios.
Ante dichos señalamientos, fueron, en primer lugar, quienes forman parte de la "casta dorada" -investigadores, funcionarios y burócratas, incluyendo el rector, Enrique Graue-, los que vociferaron argumentando que la UNAM es una universidad plural, crítica y humanista. Sin embargo, muchos de ellos están ligados a los partidos del Congreso y han guardado un silencio cómplice y omiso frente a las políticas de privatización y elitización de la educación al interior de la universidad, frente a la precarización que invade la labor docente y administrativa, y frente al ataque a los contenidos críticos y de izquierda que hacen a esa tradición que supuestamente hoy salen a defender.
La UNAM y el régimen político
A pesar de lo que dice AMLO, la UNAM siempre ha sido una institución estratégica para el régimen político. Se ha configurado como un semillero de cuadros, tanto del progresismo hoy —gran parte de los cuadros políticos del Morena surgieron de la UNAM y, en menor medida, de otras instituciones públicas de educación superior—, como de los gobiernos neoliberales. Es un eslabón fundamental para el régimen político, desde donde las clases dominantes producen ideología y sientan posición en el debate de ideas a través de sus intelectuales -debido a esto, la tradición crítica y humanista se preserva a contracorriente de las autoridades-. Y, como como decía el revolucionario ruso León Trotsky, al ser un espacio de resonancia de las contradicciones sociales, las universidades anticipan los fenómenos políticos y permiten rastrear el descontento social; la UNAM juega en, ese sentido, un papel como termómetro y laboratorio para las políticas del régimen.
Aunque los partidos conservadores han preferido siempre nutrirse principalmente de los egresados de universidades privadas para dar mayor tranquilidad a sus benefactores empresariales, eso no les ha impedido preservar los nichos de poder al interior de la UNAM. Entre los cotos de poder encontramos algunos como el del grupo de abogados, ingenieros, arquitectos y el de médicos —desde donde han salido gran parte de los rectores y el actual, vinculado al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
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Entre funcionarios y docentes, también abundan quienes invitan sin pena a referentes del oficialismo —Paco Ignacio Taibo II o Claudia Sheinbaum— y de la actual oposición conservadora, como Eruviel Ávila en la FES Acatlán en el 2012, Ricardo Anaya en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en 2019, a participar de eventos académicos y políticos dentro de la UNAM.
Para los partidos conservadores, esto es crucial en su política de recomponerse, que requiere nuevos cuadros y base para mantener uno de los pocos bastiones que aún está en manos del priísmo: la Rectoría de la universidad más importante de México.
Pero más allá de los eventos con personalidades, lo más acuciante en la realidad de la UNAM es uno de sus aspectos más antidemocráticos: la “casta dorada” de investigadores, (ex) rectores, directivos y funcionarios, que se embolsan millones de pesos del erario público destinados a la UNAM -como el caso del rector Graue, que gana arriba de 200 mil pesos mensuales-, y viven con los más ostentosos privilegios a nombre de la investigación científica o de la burocracia universitaria. Una reducida casta que sostiene la medieval y antidemocrática estructura de gobierno universitaria, cuyas condiciones de vida nada tienen que ver con la mayoría de docentes, trabajadores administrativos y estudiantes que conformamos la UNAM.
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Hay que decirlo como es: la UNAM nunca ha sido plural. La tradición crítica y humanista, así como de combatividad e independencia frente al régimen político, se ha preservado a contra mano de las autoridades, y gracias a la lucha política-ideológica (desde el marxismo y las teorías críticas), al combate político y físico al porrismo y a la represión, y a la tradición combativa del movimiento estudiantil en particular.
De hecho, AMLO defiende una corriente política (ligada al Partido de la Rrevolución Democrática, PRD) cuya tradición al interior de la UNAM es lamentable, plagada de confianza y pactos en las alturas con las autoridades y de persecusión política a la extrema izquierda, misma que fue enfrentada por miles de estudiantes que nutrieron el movimiento estudiantil autorganizado y el Comité General de Huelga (CGH), el que enfrentó la entrega de la huelga que los "moderados" fraguaban, así como la privatización y el giro neoliberal en la UNAM en 1999. Es esta tradición combativa y de independencia política, la que reivindicamos hoy las y los trotskistas que hoy formamos el Movimiento de Trabajadores Socialistas y agrupaciones con decenas de estudiantes, docentes y trabajadores independientes.
La gran disputa entre la Rectoría y la 4T
Previo a los ataques de AMLO a los sectores neoliberales dentro de la UNAM, presenciamos el llamado y la presión del presidente para el regreso a clases presenciales, como parte de su preocupación por acelerar la reactivación económica y garatnizar los intereses empresariales. A pesar de que las autoridades declararon que hay condiciones para que cada Consejo Técnico y Académico de las escuelas defina la vuelta a actividades presenciales, están lejos de buscar preservar la salud e integridad de la comunidad universitaria, cuyas condiciones educativas y laborales se han visto atacadas de manera sistemática durante la pandemia y previo a ésta.
Otra de las molestias detrás de los ataques a la Universidad es el proceso abierto por la Fiscalía General de la República contra decenas de investigadores del CONACYT, mismos que fueron respaldados por una carta firmada por investigadores de la UNAM y por el propio rector, Enrique Graue.
Parece que el espaldarazo de AMLO a Graue durante la lucha estudiantil contra el porrismo en el 2018 (que puso en jaque su administración al frente de la UNAM) no fue bien correspondido por el rector.
Sin embargo, para entender de fondo la pelea política en torno a la UNAM, hay que ver el cuadro completo.
Es claro que tras las elecciones intermedias de este año, las disputas con la derecha, que cínicamente pretende presentarse ahora como una alternativa a Morena, se incrementaron y profundizaron. Rumbo a las elecciones presidenciales del 2024, ambas facciones apuestan a recomponer su base social que, en el caso del Morena en la Ciudad de México, se vio reducida de manera importante entre sectores de clases medias ilustradas, principalmente.
Hay que tomar en cuenta que en el 2018, la UNAM fue un ingrediente fundamental para AMLO, pues el 80% de la base estudiantil que ejerció su voto, apostó por la 4T, por lo que es fundamental recuperar este sector y avanzar en consolidarlo. Al servicio de esto los dichos de AMLO contra “el hamburguesamiento” de la comunidad universitaria, golpeando sobre la derecha mientras se ubica desde un polo “popular” y retoma de manera demogógica y cínica demandas profundamente sentidas, como la exclusión educativa y las enormes dificultades que enfrenta la juventud que estudia y trabaja frente a la precarización y la carestía de la vida (condiciones, todas, que se mantienen en el proyecto educativo de la 4T).
A diferencia de la polarización entre “progresistas y conservadores” que abrió la discusión sobre la reforma energética, en el tema educativo la disputa no es tanto qué proyecto educativo sino quién lo administra. Una muestra de esto es el enorme consenso que hubo por parte de todos los partidos del congreso para votar la Ley General de Educación Superior.
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¿Qué proyecto educativo defiende la 4T?{}
Con el cuestionamiento a la UNAM, AMLO pretende ubicarse a la izquierda del régimen en un momento clave, ya que, durante la pandemia, el sector educativo ha sido uno de los más golpeados y también de los más activos para enfrentar el ataque que agudizó la precariedad impuesta bajo el neoliberalismo. Habría que preguntarnos entonces ¿Qué tan transformadora es la política de la 4T en este sector? ¿Es realmente antineoliberal?
López Obrador recientemente declaró a la educación como “sector esencial” para imponer el regreso presencial. Desde inicios de la 4T, decretó que la educación superior sería obligatoria y gratuita a nivel superior; para lograr este objetivo creó las Universidades del Bienestar (UBBJ), el tercer proyecto de esta índole creado por el mandatario después la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y los Institutos de Educación Media Superior (IEMS). Claudia Sheinbaum, siguió su ejemplo con la creación de las escuelas Rosario Castellanos.
La realidad de estos centros educativos es que, si bien han admitido a decenas de miles de estudiantes que en muchos casos no tienen acceso a las “grandes” universidades, las condiciones tanto para docentes, trabajadores como estudiantes son altamente precarias, con subcontratación, sin reconocimiento laboral, con “problemas administrativos”, falta de cupo en los grupos, y acumulando ya cientos de despidos docentes en lo que va de la pandemia. Es decir, se mantienen aspectos de las políticas neoliberales, como la flexibilización laboral, la inestabilidad en el empleo, peores condiciones de trabajo y contratación, ataque a prestaciones y derechos como el aguinaldo, vacaciones, antiguedad, etc., así como el ataque al salario. En el terreno de contenidos educativos, estos han sido también tecnificados y hay uan presión empresarial por adaptarlos a las necesidades del mercado laboral.
Esta es una muestra más de la tremenda distancia entre el discurso de la 4T y la realidad, y del carácter demagógico, cínico y de gran cálculo político de las declaraciones del ejecutivo .
Queda claro que más allá de cómo presente AMLO esta disputa política con los conservadores, tanto el oficialismo como la oposición legitiman y sostienen una universidad que está cada vez más puesta al servicio de la iniciativa privada y sus necesidades educativas para un mundo laboral precario.
Es necesaria la organización para defender el carácter público y gratuito de la educación, y para enfrentar los planes privatizadores y la injerencia de la iniciativa privada dentro de la Universidad, pero nada de esto podrá lograrse sin la movilización independiente a las autoridades y el gobierno en turno, ni sin cuestionar la antidemocrática estructura universitaria. Solo un gobierno tripartito con mayoría estudiantil podrá resolver de fondo los problemas más acuciantes de la Universidad y su transformación radical, para convertirla en una casa de estudios verdaderamente al servicio del pueblo pobre y trabajador.
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