El programa “Basura cero”, no solo implica la separación de la basura en cuatro grandes grupos. Hay multas e incluso la cárcel para miles de trabajadores informales que viven de recolectar y reciclar basura; lo siguiente será la privatización del servicio de recolección de basura.
Camilo Cruz México
Martes 15 de agosto de 2017
El programa “Basura cero”, surge con la intención de matizar el enorme problema de la basura que azota a las grandes urbes en todo el mundo: las toneladas de basura que diariamente de generan. La premisa básica del programa contempla la separación en origen que consiste en que cada persona separe los residuos reciclables de los que no lo son y así, reciclar y revalorizar la mayor cantidad posible de materiales.
La primera ciudad en aplicar el programa fue Canberra, Australia en 1995, seguida por San Francisco, Estados Unidos ese mismo año.
En la Ciudad de México, desde el 8 de julio entró en vigor el programa “Basura cero”, con la separación obligatoria de la basura en cuatro grandes grupos, esta es la fachada de una jugada más grande. A la par de esta aplicación, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó la Ley de Residuos Sólidos (LRS), la cual contempla que a partir del 8 de julio pasado, recolectar, almacenar y tratar basura sin permiso de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México puede derivar en prisión de uno a cuatro años y multas que van desde los 37 mil pesos hasta los 151 mil pesos.
En la Ciudad de México por lo menos 65 mil familias se sostienen de la recolección de la basura de manera informal: 50 mil chatarreros, 10 mil “voluntarios” que no son reconocidos por el gobierno de Miguel Ángel Mancera como trabajadores pese a que trabajan en el sistema de recolección de la Ciudad de México y 5 mil pepenadores.
Sin embargo, Francisco Urostegi, líder de la Confederación de la Industria de Metales y Recicladores (Conimer) comentó que si bien son 65 mil familias que se sustentan de recolectar basura, en toda la cadena productiva de gestión de residuos sólidos hay por lo menos 400 mil trabajadores en la Ciudad de México y la zona metropolitana.
Miguel Ángel Mancera condena a miles de trabajadores no solo a perder su trabajo sino a la posibilidad de terminar en la cárcel por el simple hecho de recoger basura.
Para los 17 mil afiliados a la sección 1 “Limpia y Transporte” del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF) el futuro no pinta mejor que para los trabajadores informales, ellos también pueden perder su trabajo.
Pese a que en la constitución local no se pueden privatizar los servicios, hay una figura legal que es “asociación público-privada” vigente en las leyes federales, que abre la puerta a la inversión de empresas trasnacionales en los servicios.
Ciudades sustentables, visión empresarial del reciclaje
El proyecto de ciudades sustentables, del cual se desprende el programa “Basura cero”, es un proyecto del Banco Mundial y ha sido “sugerido” a gobiernos de Colombia, Chile y México.
El proyecto de ciudad sustentable es lanzado en la Ciudad de México en 2003 con la gestión de Andrés Manuel López Obrador, continuado en el periodo de Marcelo Ebrard y tiene su cúspide en el actual gobierno de Miguel Ángel Mancera.
Este proyecto tiene como objetivo desmontar todo sistema informal de reutilización de la basura para generar ganancias millonarias a las trasnacionales que quieren entrar o que ya están operando en la ciudad. Comercializar las más de 86 mil toneladas de residuos sólidos que diariamente se generan en todo el país podrían generar ganancias de no menos de tres mil millones de dólares.
En esta jugosa cantidad tiene la mira puesta el Banco Mundial y las trasnacionales que como Veolia, trasnacional francesa, están atrás de la privatización de este servicio.
Veolia ya opera en el país. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la trasnacional francesa controla la recolección de basura y paga un salario miserable de mil 300 pesos a la quincena. También se encarga del servicio de agua en Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, donde tiene contratos hasta el 2022 y es la principal inversora en la futura planta para generar electricidad con desperdicios sólidos, en la cual generará 965 mil megawatts/hora anuales que se piensan usar para la demanda de energía del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
En la central de abastos está la planta compactadora y separadora de residuos más grande de Latinoamérica y Cemex ha invertido 7 millones de dólares en ella a cambio de que el gobierno le deje llevarse parte del compactado de basura para alimentar sus hornos en Tepeaca. Esto es una práctica terriblemente contaminadora y el gobierno de Mancera le da una cuota “simbólica” por llevarse la basura para su producción.
Este panorama representa un duro ataque a los trabajadores estatales del gobierno de la Ciudad de México que ya lo resienten los trabajadores del agua, que han salido en diversas ocasiones a protestar y denunciar la privatización del sistema de aguas. A finales del año pasado, los trabajadores sindicalizados de la sección 1 del SUTGDF se movilizaron contra la privatización del servicio de recolección y el pasado 20 de julio cientos de trabajadores informales de la basura marcharon por Avenida Juárez hasta llegar a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México contra la LRS.
Miles de trabajadores tienen disposición de lucha para enfrentar esta precarización mandatada desde el Banco Mundial. Por ello, es fundamental pelear por el reconocimiento y sindicalización de los miles de trabajadores que trabajan de manera informal; una enorme fuerza de más de 82 mil trabajadores que trabajan –formal e informalmente– recolectando basura, más los trabajadores del sistema de aguas y el conjunto de los trabajadores al servicio del gobierno de la ciudad, quienes tienen todo el poder para arrancarle estas conquistas y pensar en un plan para verdaderamente levantar un sistema integral que ataque de raíz el problema de la basura, que pasa en gran medida por cuestionar la sobre producción que se da bajo el orden capitalista.
