A mediados de este mes se conoció la noticia del inicio de la construcción del megaproyecto Plaza Industrial, propiedad del Grupo Ostapovich: un predio de 200 hectáreas en el km 61 de la RN 8, frente al parque industrial.
Martes 4 de febrero de 2020 16:20
La obra viene avanzando a ritmo acelerado y ya están a la venta algunos lotes, a pesar de haber sido autorizada bajo un tendal de irregularidades. En 2018 el gobierno del intendente macrista Nicolás Ducoté autorizó a la empresa a construir el predio. Esto generó el rechazo tanto de la población del lugar como de organizaciones ambientalistas, debido al gran impacto negativo que generará en sus condiciones de vida y el medioambiente.
Macrismo y sectores del PJ juntos, allanando el camino a la degradación ambiental
En agosto de ese año el Concejo Deliberante aprobó la modificación del Código de Ordenamiento Territorial (COT) en un proceso plagado de irregularidades. Esta modificación incluía la rezonificación de tres zonas residenciales como “industriales exclusivas”. De esta manera se habilitaba la instalación en esos barrios, de establecimientos de tercera categoría, es decir, industrias consideradas peligrosas sea porque su funcionamiento implica un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población, u ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente.
En ese momento concejales de Cambiemos y del Frente Renovador de Massa votaron modificaciones al COT, al igual que el concejal de Unidad Ciudadana, José Molina (el resto de esa fuerza se opuso). A pesar de la dura lucha que habían llevado adelante vecinos de Matheu (Escobar), Villa Rosa (Pilar) y activistas contra la construcción de dos centrales termoeléctricas en esta última localidad, en 2017. Tampoco perdió el tiempo la ex gobernadora María Eugenia Vidal, que enseguida aprobó la medida sancionada por el HCD.
Un Código “flojo de papeles”
Según la presidenta de la ONG Ambientalistas Autoconvocados, Érica Hahn, el COT aprobado por Vidal y el HCD pilarense está basado en estudios incompletos que no cuentan con la firma de ningún profesional. Sin embargo el ex jefe de Gabinete local, Juan Pablo Martignone, sostenía que fue realizado con el asesoramiento de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la UBA, aunque nunca dio a conocer ningún nombre. Cuando el gobierno municipal envió el Código a La Plata la entonces gobernadora lo aprobó en un trámite express. Al mismo tiempo los activistas presentaron oposiciones legales en las que remarcaban las falencias expresadas en el documento y exigían la realización de los estudios científicos y sociales correspondientes. Sin embargo, éstas jamás llegaron a destino.
Algo similar sucedió con la rezonificación de la localidad de Villa Rosa, donde fueron construidas dos plantas termoeléctricas (APR Energy y Araucaria Energy, ambas de capitales estadounidenses) incluso antes de la autorización gubernamental. En febrero de 2018 mediante una ordenanza del HCD, el Municipio declaró ese lugar residencial como “Zona D Industrial Exclusiva” (tercera categoría). El 20 de marzo Vidal aprobó esta modificación mediante un decreto, sin que OPDS (Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible) se expidiera al respecto. Además el decreto es ilegal, ya que pasa por encima del artículo 41 de la Constitución Nacional (sobre el derecho de los habitantes a un ambiente sano) y las leyes General del Ambiente (nacional) y 11.459 de Radicación Industrial (provincial).
El 23 de agosto el HCD vota la ordenanza 255/18 que aprueba el nuevo Código de Ordenamiento Territorial, habilitando la instalación de las centrales. La misma recién entró en vigencia en marzo de 2019. Sin embargo, en un artículo publicado en Infobae afirmaba que ambas ya se encontraban operativas e incluso que habían cobrado USD 7 millones en junio, en concepto del canon fijo mensual y por la energía que generaron. El artículo citaba como fuente al Ministerio de Energía de la Nación. Asimismo los vecinos denunciaron que las plantas se encontraban en funcionamiento a pesar de regir una cautelar que las frenaba por seis meses.
El verdadero impacto social y ambiental que preocupa a vecinos y ambientalistas
Volviendo al proyecto privado Plaza Industrial Pilar, lo más grave es el lugar donde está siendo construido. Muy cerca de la zona hay una plantación hortícola gestionada por la comunidad boliviana como cooperativa. Además el terreno donde se levantarán fábricas y galpones está siendo elevado por encima de los 180 centímetros, en zona de humedales. Allí corren el río Luján y el arroyo La Arena, de por sí ya contaminados por las enormes cantidades de desechos industriales que arrojan las empresas.
También queda muy cerca el barrio Parque Irizar. Sus habitantes se opusieron firmemente a la rezonificación hace dos años, cansados de verse afectados por inundaciones cada vez que llueve. Ahora la preocupación pasa porque, con una superficie de entre el 40 y el 60% de la del Parque Industrial, esta ampliación será devastadora para sus condiciones de vida, además del enorme desequilibrio que provocará en el ecosistema.
El papel del Estado en el (des)control de las empresas
Hahn, que es trabajadora municipal, denuncia que los municipios implementan todas estas reformas sin contar con inspectores para controlar establecimientos peligrosos. Sostiene que el gobierno debería “hacer un convenio con Nación o con Provincia para que cada municipio pueda controlar a las categoría 3 que tiene y si no, que no vengan directamente”. Y agrega que el Estado provincial se encarga actualmente de las inspecciones, a través del OPDS y la ADA (Autoridad del Agua), pero que a menudo no son realizadas por falta de personal.
Además la ambientalista, que junto a su organización colabora con vecinos de varias zonas de la provincia, asegura que este tipo de irregularidades se repiten a lo largo y ancho del territorio bonaerense. Ella señala que la mayoría de las empresas de la categoría 3 que se encuentran fuera de los parques industriales carecen de los estudios de impacto ambiental aprobados, habilitaciones municipales o incluso los planos aprobados por los municipios. Y cita los casos de las mencionadas termoeléctricas de Villa Rosa, o la agroquímica Sigma Agro SA de la ciudad de Mercedes -implicada en un incendio en octubre pasado que se cobró la vida de un obrero y destapó una cadena de irregularidades, empezando por qué hace una fábrica de agrotóxicos emplazada en una zona urbana donde viven más de 60 mil personas-.
En muchos de estos casos lo gobiernos municipales les otorgan el permiso de uso del suelo y luego se desligan de responsabilidades de control, acusando que éstas corren completamente por cuenta del Estado provincial. Y Provincia, por su parte, dispone de todos los permisos que las patronales le piden, sin ningún tipo de investigación seria sobre las consecuencias que traen proyectos como el Plaza Industrial Pilar para la vida del pueblo trabajador y los barrios populares.
Sólo la alianza política y la organización de los de abajo puede frenar el avance del Estado y las patronales, que no hacen más que aumentar sus ganancias a costa de reventar el medio ambiente como sucede en la Amazonia y en Australia. Los empresarios y sus gobiernos de turno son los responsables directos de la profunda crisis climática, con consecuencias catastróficas para los pueblos del mundo.
