LIBERTADA A LXS PRESXS DE LA REVUELTA. La casta privilegiada de jueces y fiscales contra la libertad de lxs presxs ¡Movilicémonos exigiendo a la Convención su libertad inmediata!

El miércoles recién pasado, la Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó la idea de legislar el proyecto de indulto general a las y los detenidos de la rebelión, pasando ahora a la comisión de Constitución. Frente a esta situación, la Corte Suprema (compuesta por otros designados del presidente y el parlamento) rechazaron la medida, calificándola como "improcedente" porque no podría abordarse fuera de los tribunales de justicia.

También rechazan la solicitud de revisar las medidas cautelares que hoy mantienen en cárceles comunes a cientos de jóvenes, sin siquiera haber un debido proceso y manteniendo sus causas en una larga espera, y para el colmo de los colmos, critican que el proyecto excluya a los violadores de derechos humanos.

La exigencia de libertad y una ley de indulto a las y los presos de la revuelta ha encontrado el rechazo por parte de la derecha, el gobierno y las instituciones del Estado. La demanda se encuentra frente a un muro compuesto por el poder judicial y poder ejecutivo, instituciones que han buscado criminalizar la protesta.

Según declaraciones de Jorge Abbot (Fiscal Nacional) y Manuel Guerra (fiscal regional) “no hay presos políticos”. Lo dicen los mismos que se negaron a procesar a los implicados del caso PENTA. Su doble estándar no es una sorpresa, pues sus cargos públicos provienen de la designación presidencial.

Mientras tanto, desde la Asociación de Fiscales, Francisco Braco señaló a El Mostrador que “como el Ministerio Público es una institución jerarquizada, los fiscales tenemos que cumplir los criterios de actuación y definición de persecución penal que el Fiscal Nacional y los fiscales regionales determinen. Si ellos determinan que respecto de estos casos van a pedir modificación de las cautelares, de prisión preventiva a un arresto domiciliario nocturno, a nosotros no nos queda más que acatar (…) Esa es una definición de la jerarquía institucional.” Dando cuenta del poder que posee el poder judicial, hoy en manos de miembros designados.

Manuel Guerra y Jorge Abbot, dos jueces que dejaron libre a Piñera, Ossandón y los implicados Penta

Es importante ver el descaro con el que se manifiestan Abbot y Guerra. Los mismos que quieren mantener en prisión a jóvenes que salieron a protestar, dejaron libre a políticos implicados en casos de corrupción y robos millonarios.

El fiscal Guerra, es el mismo que se negó a perseguir el delito de cohecho en los casos Penta, Exalmar para dejar libre a Sebastián Piñera y tráfico de influencias contra el senador Manuel José Ossandón, hoy es partidario de mantener en prisión a cientos de jóvenes que fueron detenido en el marco de las protestas y bajo un contexto excepcional de una fuerte represión condenada por organizaciones de Derechos Humanos.

Su prontuario da cuenta de su falta de vocación a la justicia y sus vínculos de amistad con políticos de la derecha y empresarios. Hay que recordar que el sistema judicial es una estructura fuertemente jerarquizada por el Tribunal Supremo, con miembros designados por el presidente de la república y el parlamento.
Caso similar sucede con el Fiscal Nacional, designado por el Presidente de la República. Jorge Abbot, se negó a proseguir las investigaciones a los políticos involucrados en PENTA. Su designación fue apoyada entonces por los partidos que van desde el PS a la UDI.

¿Son los presos políticos los presos de la revuelta?

La derecha, por su parte, se ha mantenido en la línea de criminalizar a las y los presos, señalando falazmente de que no serían presos políticos porque, según ellos, sólo podría ser aplicado a los presos por ideas políticas o religiosas, lo que constituye una visión restringida y conveniente para los guardianes del neoliberalismo en Chile, sin tomar en cuenta el propio informe de la Comisión Valech, que señala la persecución política como:

• La aplicación de normas jurídicas de mayor rigor en el juzgamiento de los hechos o en virtud de normas especiales como la Ley de Seguridad Interior del Estado

• La detención y juzgamiento de delitos que constituyen hechos delictivos sancionados por cualquier legislación ordinaria de un país, que fueron cometidos con la intención de derrocar el régimen o impulsar cambios políticos.

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Otra evidencia que da cuenta de que se trata de una medida represiva y castigadora política es que el gobierno hizo constantes llamados para presionar a las tribunales para mantener manifestantes encarcelados, calificándolos como “delincuentes”, además de que la persecución penal que bregó por la prisión preventiva fue dado por el Ministerio del Interior y no por el Ministerio Público.

El Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, señala que
"Para que haya presos políticos no debe haber democracia ni poderes del Estado independientes, no es el caso. Se tiene un Poder Judicial totalmente independiente, que guste o no, ha tomado decisiones que a algunos puede no gustarles"

De igual manera e hipócritamente, el presidenciable de la UDI, Joaquín Lavín señaló que “hay que distinguir entre el estallido social y los hechos ocurridos posteriormente”. Para rematar, busca posar como si hubiese sido parte de las manifestaciones, señalando que “El cambio constitucional y el ‘Apruebo’, que yo mismo estuve por eso, fue producto de la parte positiva y masiva del estallido social que reflejó un sentimiento, y ese sentimiento es que la clase media con esfuerzo salió adelante, salió de la pobreza, lograron ingresar a sus hijos a la universidad”, “una cosa muy distinta es la violencia, el estallido de violencia que acompañó a todo lo otro y eso tenemos que condenarlo absolutamente”.

Piñera señala que el indulto general “atenta contra el orden público, la seguridad ciudadana, la democracia y el Estado de derecho” y que “de ser necesario” el gobierno vetará la iniciativa.

¿Cómo conseguir justicia y libertad a los presos de la revuelta?

Tanto las declaraciones del poder judicial como las del gobierno nos anticipan la respuesta con respecto a este conflicto: Van a oponerse con todo a la libertad de quienes salieron a protestar y a pelear por un cambio en el sistema político.
La rebelión tuvo un desvío institucional orquestado por los partidos del régimen para darle paz al gobierno, desde el Frente Amplio a la derecha, acordando una Convención Constitucional.

Esta convención no puede sesionar con presos políticos, los mismos que salieron a pelear para echar abajo la Constitución de Pinochet. Es urgente que se convoque a una gran campaña y movilización para en lugares de trabajo, estudio y poblaciones, exigiendo a los organismos sindicales como la CUT para que también la impulsen. Hoy sectores del FA y del PC se han manifestado a favor de la liberación de los presos, pero esta declaración son palabras vacías si no se traduce a convocar y poner el cuerpo en las calles.

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