La Plata. ¿Qué pasó con Micaela Martínez? Crónica de un supuesto suicidio en la cárcel de Los Hornos

La historia de Mónica es, más allá de tiempos y espacios, la misma que les toca atravesar a muchas madres, parejas, hermanas y demás familiares de víctimas de un sistema de criminalización, tortura y muerte. Un sistema (en parte organizado, en parte caótico) ejecutado día a día por el Estado a través de sus múltiples instituciones, sobre todo las represivas (policías locales y provinciales, fuerzas federales, fuerzas armadas), las penitenciarias, las judiciales y las llamadas “sociales”.

Mónica tiene 49 años, es una de las mayores de ocho hermanas y hermanos, nacidos en el Barrio Hipódromo de La Plata. Hace años se mudó a Punta Lara. Además de trabajar, lleva adelante en su casa un comedor y merendero para ayudar a la gente del barrio. La vida nunca le resultó fácil, por eso a Micaela y a Jonatan los crio con mucho esfuerzo.

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Por diversas razones (que no vienen al caso), ambos hijos de Mónica debieron pasar algunos años de sus vidas tras las rejas. Precisamente, el 28 de agosto de 2020, el día que Micaela murió, Jonatan estaba detenido y no pudo encarar el duelo junto a su familia.

Hasta ahora, Mónica no había dado entrevistas. El caso de la muerte de su hija nunca fue cubierto periodísticamente. Algunas personas conocidas, cuando supieron lo que había pasado, le propusieron hacer marchas y salir a pedir respuestas. Pero arrastrando cada vez más dolor y con la adolescente hija de Micaela a su cargo, ella respondía que por más marchas o reclamos que se hicieran, a su Mica no se la devolvería nadie. “Con el paso del tiempo, lo pienso y digo ‘capaz que estuve mal’”, reflexiona hoy en diálogo con La Izquierda Diario.

Pero no es Mónica responsable de haber hecho lo que pudo y supo. Hay un Estado que primero encerró a su hija, luego se la entregó muerta sin dar explicaciones, le demostró el máximo desprecio por su situación y jamás se acercó siquiera a brindarle contención.

¿Suicidio?

Micaela Martínez tenía 31 años. Llevaba poco más de dos años presa, con una condena por la que le quedaban unos años más. Durante todo ese tiempo Mónica y su nieta (que en ese momento estaba por cumplir 15 años) nunca la dejaron sola. Algunas veces iban juntas, otras las acompañaba una hermana de Mónica. Pero no hubo día de visita en que la familia no se hiciera presente en la Unidad 8 de Los Hornos. Y en cada encuentro, tras juntar peso por peso, la provisión de mercadería para que no le faltara nada ahí adentro.

En 2020, con la llegada del coronavirus una de las disposiciones oficiales en plena cuarentena estricta fue permitir el acceso de teléfonos celulares para la población carcelaria. Eso permitió que muchas presas y presos, aunque remotamente, pudieran comunicarse diariamente con familiares y amigos.

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“Veníamos mensajeándonos todo el tiempo y ese viernes, a eso de las siete y media de la tarde, me hizo una videollamada. Hablamos como una hora, me acuerdo que nos reímos mucho y que me pidió unas cosas para que le llevara en la próxima visita. Ella tenía mucha comunicación conmigo. Ni en esa videollamada ni nunca antes me dijo a entender que estuviera mal, ni que se hubiera peleado con alguna compañera u otra cosa que indicara que esa misma noche iba a pasar lo que pasó”.

Micaela había sido trasladada muchas veces a varios penales bonaerenses. Tal vez por eso Mónica tenía varios números de teléfono de sus compañeras de pabellón, por las dudas. “Ninguna de ellas me alertó nunca de algo de lo que tuviéramos que preocuparnos”, dice cuando la memoria busca explicaciones.

“El 28 de agosto a las once y cuarto de la noche recibí una llamada en mi teléfono de un número privado. Una mujer se presentó, me dijo que era del Servicio Penitenciario Bonaerense y me llamaba de la Unidad 8. No recuerdo si me dijo que Mica había tenido un accidente o algo así y que la habían trasladado al hospital. Primero me dijeron al de Romero, después al San Juan de Dios y así nos tuvieron toda la madrugada. Anduvimos por todos lados con mi nieta hasta que nos dijeron que la íbamos a encontrar en el San Martín”.

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En el Hospital Interzonal de Agudos San Martín de La Plata pasaron horas dramáticas. Primero tardaron en darles información. Ellas creían que podría tratarse de alguna pelea en el pabellón. Luego personal médico les dio los detalles que no les había dado el Servicio Penitenciario. Que a Micaela la encontraron colgada sus propias compañeras, “que aparentemente quisieron sacarla tironeando” y algunas cosas más. También que había llegado viva al hospital aunque en estado muy crítico, que poco después tuvo un paro cardíaco del que lograron sacarla y que finalmente un segundo paro acabó con su vida.

“Cuando pregunté en el hospital si tenían más detalles de cómo había sido todo, me dijeron que no podían darme más información y que me comunicara con la Unidad 8”, recuerda con bronca. Desde la cárcel la poca información llegó de parte de las compañeras de Micaela, no de los responsables del SPB. “Después de un tiempo pude hablar con algunas de ellas y, por lo que pude reconstruir, me fui haciendo la idea de que la compañera de celda de Mica, con quien estaba en pareja, puede haber tenido que ver en su muerte”.

“Me dijeron que se peleaban seguido, que en el patio Mica les contaba de discusiones fuertes que tenían. Y hasta se rumoreaba que esa chica había tenido otra pareja en otro penal que intentó ahorcarse, no murió y quedó paralítica. Cosas que me hacen pensar que pudo haber tenido algo que ver”, reflexiona Mónica, quien intentó hablar con esa mujer pero sólo recibió como respuesta un “hacé lo que tengas que hacer”.

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El SPB no se hizo cargo de nada. Mónica llamó varias veces a la Unidad 8 para pedir explicaciones, pero siempre le respondían que solamente podría obtener respuesta si hablaba con la directora del Penal, Norma Díaz, a quien nunca logró contactar en las múltiples llamadas que hizo. Una semana después del fallecimiento, Mónica fue a la defensoría general, donde siempre iba para saber detalles de la causa por la que estaba presa su hija. Pero como allí ni siquiera sabían que Micaela había muerto, menos aún tenían idea de las causales de muerte. Como si hubiera existido la orden de “descartarse” a Micaela de la forma más secreta posible, desde ese viernes a la noche las pocas y únicas respuestas llegaban desde el Hospital San Martín.

Durante semanas, el cuerpo de la joven estuvo en el nosocomio de La Plata a la espera de una autopsia, que finalmente se hizo un mes y cuatro días después de la muerte en la morgue judicial de Morón. A la familia le informaron cuando el cadáver ya había sido trasladado casi cien kilómetros hasta la sede pericial de Máximo Paz 555 (Castelar). Pero lejos de encontrar alguna respuesta que despejara dudas y diera certezas, Mónica y su familia se encontraron con una autopsia que decía, simple y solamente, “muerte por paro cardiorrespiratorio”.

“Yo siempre supe que para quienes manejan las cosas desde el Estado mi hija, como el resto de la gente presa, era un número más, que no les importaba si estaba viva o muerta. Así y todo no esperábamos que, encima, dejaran el cuerpo de Mica en Morón y nos avisaran que nosotros debíamos hacernos cargo del traslado a La Plata, lo que implicaba contratar a una funeraria, viajar allá, volver a reconocer el cuerpo y traerlo para poder sepultarla. La funeraria nos ofreció una ambulancia con chofer y nada más. Dos hermanas mías tuvieron que viajar en un remís detrás de la ambulancia hasta Morón, reconocer el cuerpo y cargarlo en la ambulancia para trasladarlo a La Plata”.

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Política de Estado

“Dentro de mi dolor, habiendo tenido a mis dos únicos hijos detenidos, sabía dónde ir, qué hacer, cómo expresarme, con quién tenía que hablar. Pero en esa situación, dolorida y enojada, yo sabía que nada de lo que hiciera iba a traerme a mi hija de vuelta”. Y así Mónica y cada miembro de la familia fueron procesando como pudieron semejante golpe.

“Pero tampoco nunca nadie me llamó para darme una respuesta, para demostrarme que el Estado no es cómplice de la muerte de mi hija. A mí hasta ahora, en este año y medio, nadie me dio nada. Mis únicos sostenes son mi marido, mi nieta y el resto de mi familia”, afirma con firmeza.

El Servicio Penitenciario Bonaerense funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, conducido por Julio Alak. En la misma cartera funciona la Subsecretaría de Derechos Humanos, conducida desde el 10 de diciembre de 2019 por Matías “El Gitano” Moreno, hijo de desaparecidos y referente de La Cámpora.

Hace pocas semanas Moreno firmó un convenio “de colaboración” con las autoridades de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. El supuesto objetivo de tal convenio es “llevar adelante acciones conjuntas de promoción, formación y protección de los derechos humanos” e incluso “para la prevención de la violencia institucional”.

Sin embargo, en poco más de dos años de gestión Moreno y sus subordinados acumulan infinidad de inacciones, omisiones y complicidades con la maquinaria represiva y penitenciaria que actúa en la provincia de Buenos Aires. Si dieron la espalda a familiares de víctimas de crímenes atroces cometidos por o con la complicidad de agentes estatales, como los de Facundo Castro, Alan Maidana, Brandon Romero, Lucas Verón, Tehuel Ramos, Franco Cardoso y otros (muchos cometidos durante la cuarentena estricta), o si actuaron en común con Sergio Berni y sus aliados para reprimir a familias sin vivienda en Guernica, ¿qué se podría esperar para casos como el de Micaela Martínez?