Promesas del gobierno que dejó correr la liberación de uno de los principales sospechosos de la desaparición.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Miércoles 11 de septiembre de 2019
En la reunión, que se llevó a cabo en Palacio Nacional, participaron madres y padres de los normalistas desaparecidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Aunque los familiares tienen cierta esperanza en la disposición de la actual administración para resolver el caso, coinciden en que el avance de las investigaciones que lleva a cabo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido lento.
Desde el lado de las autoridades, Encinas señaló que durante la reunión se evaluaron líneas de trabajo conjuntas y se presentó un informe de la gestión de la Comisión del caso Ayotzinapa, sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, sin dar más detalles.
Vidulfo Rosales, abogado del Centro Tlachinollan y defensor de los familiares de los normalistas desaparecidos, dio a conocer que cada dos meses se realizará una reunión entre el presidente y sus representados y se llevará a cabo una reunión entre los padres de familia y las autoridades de la FGR. Asimismo, López Obrador prometió gestionar un diálogo directo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y se reforzará la asistencia internacional en el caso.
Sin embargo, más allá de las promesas, lo cierto es que la liberación de Gildardo López Astudillo, alias "El Gil", y otros tres sospechosos de integrar el cártel Guerreros Unidos, procesados por vínculos con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el pasado 30 de agosto ocurrió bajo las narices de la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz, puesto por el gobierno.
Peor aún, los familiares de los estudiantes desaparecidos advirtieron al gobierno del Morena que era posible que los procesos en curso quedaran sin efecto ante la liberación de los detenidos, pero no lograron que las autoridades detuvieran la absolución.
Militares y policías de alto y bajo rango estuvieron involucrados en el ataque a los normalistas el 26 de septiembre de 2014, durante la masacre de Iguala, y también en la desaparición forzada de los 43. Tienen vínculos con el crimen organizado, diga lo que diga López Obrador de que “son pueblo uniformado” para legitimar a las fuerzas represivas del Estado.
Peña Nieto, entonces presidente de la república, y Ángel Aguirre, ex gobernador de Guerrero, también son responsables políticos del caso. Y están totalmente impunes.
A casi cinco años de la desaparición forzada de los normalistas de la Escuela Normal Isidro Burgos, de Ayotzinapa, es necesario alzar la voz para gritar a los cuatro vientos que fue el Estado y avanzar en poner en pie, nuevamente, un amplio movimiento democrático que exija el fin de la militarización y juicio y castigo para todos los responsables de la masacre de Iguala y la desaparición forzada de los 43.
