Si bien, pueden haber ciertos puntos en común con el proyecto- como el aborto sin limitar a causales, o cerrarle el paso a la objeción de conciencia institucional-, un eje crucial que no es establecido es la gratuidad del aborto y, con esto, el verdadero acceso a este derecho por parte de las mujeres que así lo requieran.
Lunes 6 de agosto de 2018
Tras la masiva marcha del 25 de julio por el aborto legal y libre, sectores del progresismo buscaron reubicarse ante el debate, mientras la derecha se decidió a salir en bloque férreamente en contra del derecho a decidir de las mujeres, por medio del ministro del Interior, el UDI Andrés Chadwick, quien afirmó que Piñera “ejercerá todas las atribuciones para impedir que eso sea ley”. Por su parte, Guido y Cristina Girardi, ambos del PPD, presentaron un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14.
En el proyecto encabezado por el senador Girardi consideran que con aprobación de la ley de aborto en tres causales, de todas maneras se “sigue en deuda con la necesaria garantía de los derechos reproductivos reconocidos, para todos los seres humanos, pero que importan para la persona gestante de un embarazo una situación física y mental totalmente diversa a quienes no experimentan ese cambio fisiológico”.
“Resulta evidente que la tendencia internacional se aproxima a los derechos sexuales y reproductivos, desde una perspectiva en la cual se reconoce cada vez más una mayor autonomía a la mujer”, consigna el documento ingresado al Congreso por Girardi, este miércoles, en conjunto con la Plataforma por un Aborto Legal y Seguro.
El proyecto establece que el Estado debe garantizar “el derecho a la salud, el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. (…) Se entiende dentro de esta última la capacidad para procrear con plena libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Las normas de esta ley se interpretarán en el modo más favorable para la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la mujer”.
De acuerdo a la iniciativa, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo se tendría que garantizar hasta la semana 14, y tendría que ser realizado por médicos y profesionales especializados, o bajo la dirección de uno, que “se realice con el consentimiento expreso, previo y por escrito de la mujer, o en su caso del representante legal”, que en casos de menores de 14 años debe ser con su voluntad y la autorización “de su representante legal, o de uno de ellos, a elección de la niña” y a “falta de autorización, entendiendo por tal la negación del representante legal, o si éste no es habido, la niña, asistida por un integrante del equipo de salud, podrá solicitar la intervención del juez”.
Sobre el polémico debate de la objeción de conciencia, en el proyecto se mencionan ciertas medidas que deberían ser cumplidas por los médicos- como avisarle al director del establecimiento previamente sobre su calidad de “objetor de conciencia”- , y que “todo establecimiento de salud pública del país deberá contar con un equipo no objetor de conciencia, que garantice la atención de la mujer para interrumpir el embarazo voluntariamente. La objeción de conciencia es de siempre de carácter personal”. Con esto, se cerraría la puerta a la “objeción de conciencia institucional” que impulsa la derecha y el gobierno.
Aborto sin acceso gratuito y el negocio de la salud vigente a través de las clínicas privadas
Si bien, pueden haber ciertos puntos en común con el proyecto- como el aborto sin limitar a causales, o cerrarle el paso a la objeción de conciencia institucional-, un eje crucial que no es establecido es la gratuidad del aborto y, con esto, el verdadero acceso a este derecho por parte de las mujeres que así lo requieran. De esta manera, se mantendría no solo la desigualdad entre mujeres, debido a que no sería gratuito, sino que una “prestación” a la cual se puede optar, sino también la intromisión de los empresarios de las clínicas privadas, que actualmente reciben millonarios subsidios por parte del Estado.
Como el proyecto no habla de acceso gratuito, y además menciona que la interrupción voluntaria del embarazo podrá ser realizada en recientos públicos y privados, se seguiría manteniendo la misma lógica de mercado en la salud, con las clínicas privadas lucrando y aprovechándose del derecho a decidir de todas las mujeres, y un Estado que no se haría cargo verdaderamente de un problema de salud pública que lo compete.
En este sentido, el proyecto del progresismo no asegura la gratuidad del aborto, ni tampoco cuestiona el suculento negocio empresarial en la salud, donde el Estado traspasa millonarias sumas de dinero al sector privado, lo que es controlado por cinco grupos económicos: ILC Inversiones, Bethia, Bupa Sanitas o Said, Nexus y United Health Group. Además, con la objeción de conciencia las clínicas privadas se opondrían a practicar la interrupción voluntaria del embarazo, pero el Estado igual les seguiría entregando financiamiento, respaldándose en los cambios que realizó el gobierno al reducir los requisitos para acceder a la objeción. Con estos cambios, los servicios privados de salud no tendrán la necesidad de justificar su decisión de ser objetores “en base a creencias, valores idearios y la expresión de la relación concreta entre aquellos y sus estatutos”. Este es un segundo punto crucial de diferencia con el proyecto del progresismo.
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Ante el desvío del progresismo, ¡impulsemos un proyecto propio del movimiento de mujeres!
Sin duda, sectores del progresismo- ante el impacto que ocasionó la reciente movilización, los ataques reaccionarios de un grupo de extrema derecha contra tres jóvenes durante la marcha, y la convocatoria a una manifestación para este 8 de agosto, afuera de la ex embajada de Argentina, en apoyo a la lucha por el aborto legal que vienen dando las mujeres del país vecino- fueron presionados a actuar antes de que la fuerza y organización del movimiento de mujeres se incremente. Un intento de desviar el curso de las movilizaciones que no fue indiferente a organizaciones feministas que criticaron a Girardi por presentar un proyecto sin que haya sido discutido y dialogado con el propio movimiento y sus integrantes. Esta es una tercera diferencia.
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Por mucho que el proyecto de Girardi contenga puntos progresivos, no hay que olvidar otros intentos de “desvíos parlamentarios”- como ocurrió con la demanda de educación gratuita y su desvío en las alturas, que mantuvo el mercado educativo a través de becas de gratuidad-, siempre con el objetivo de frenar movilizaciones y organización en universidades, colegios, lugares de trabajo, y en las calles, y mantener los pilares del negocio empresarial, en este caso la salud.
En palabras de la concejera FeCh de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, y militante de la agrupación de mujeres Pan y Rosas, Nancy López, “nos parece correcto que pueda existir un proyecto de ley que abogue por el aborto legal y libre, sin embargo, somos claras en señalar que no confiamos en las propuestas del progresismo concertacionista que gobernó durante años sin conceder esta legítima demanda, ni queremos desvíos parlamentarios. Queremos que sean las propias organizaciones de mujeres y el movimiento estudiantil, en nuestras asambleas, jornadas y encuentros, quienes discutamos qué proyecto de ley de aborto necesitamos, tal como vienen haciendo en Argentina mediante la movilización en las calles y la construcción de un proyecto propio del movimiento de mujeres”, afirmó la joven.
“Nuestra apuesta debe ser fortalecer nuestro movimiento en las calles, en nuestras universidades, con todos nuestros compañeros, con los profesores y trabajadores. Por ejemplo, acá desde la Coordinadora de Campus de Juan Gómez Milla resolvimos convocar a la manifestación del 8 de agosto y también queremos organizar una actividad el día previo, a nivel de Cordon Macul, para que se sumen más compañeros de otras universidades, como del Pedagógico, Utem, junto a secundarios de los colegios aledaños también”, comentó la estudiante.
Para la estudiante, una próxima acción en común “que es fundamental convocar y organizar es la manifestación del 8 de agosto. Aquí las organizaciones de izquierda, como el Frente Amplio que dirige la Confech, federaciones estudiantiles, o el mismo Colegio de Profesores, deben poner sus fuerzas a disposición, de la manera más amplia y convocante; al igual que otras como el Partido Comunista que está a la cabeza de la CUT, ANEF, sumarse a esta demanda, para que la marea verde sea imparable y conquistemos el derecho al aborto legal y libre”.
Por su parte, la dirigenta nacional de Pan y Rosas, Bárbara Brito, considera que “el 8 de agosto será una jornada muy importante en Argentina por el aborto legal, y la fuerza de las mujeres, estudiantes, trabajadores, organizaciones políticas y sociales, ha demostrado que se puede conquistar, pero nuestro desafío en Chile es articular un movimiento fuerte, enraizado en los lugares de estudio y trabajo, convocante, que se ligue a otros sectores que están en lucha, como los ferroviarios de Antofagasta que pelean contra los despidos y marcharon el 25 de julio en apoyo al aborto legal y al movimiento de mujeres. Un movimiento que pueda enfrentar a los enemigos de nuestro derecho a decidir, como la Iglesia, empresarios y sus clínicas privadas, como la derecha y los sectores conservadores del progresismo, porque no será una lucha fácil y requiere organización de base. El próximo 8 de agosto debemos impulsar una gran jornada de lucha y verlo como una fecha que sirva de impulso para que el movimiento siga escalando y sumando a más personas, que es lo que vemos en estos últimos días”, concluye la joven.
