En medio de la “nueva normalidad” la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la SEP y las direcciones sindicales del gremio universitario preparan nuevos reglamentos para la apertura de las universidades, desarrollamos aquí algunas y proponemos una salida desde los trabajadores.
Miércoles 10 de junio de 2020
De acuerdo con el semáforo epidemiológico, la Secretaria de Educación Pública anunció que proyectaban un regreso a clases a nivel nacional hacia el 10 de agosto y en las universidades hacia el 7 de septiembre. Sobre esta base la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior comenzaron a discutir –sin incluir a académicos y administrativos– sobre los nuevos lineamientos para el regreso a clases.
La pandemia de covid-19 se encuentra lejos de acabar, algunos especialistas de Harvard afirmaban que las medidas de distanciamientos social podrían variar dependiendo de los brotes en determinadas regiones. Pero sin una vacuna de por medio, estas medidas implementadas de manera intermitente podrían durar por lo menos lo que resta del año.
En ese marco, la educación se encuentra en jaque. En el foro organizado por el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, Eduardo Peñalosa, las autoridades universitarias ofrecieron cifras que dan cuenta del fracaso de las clases en línea.
Según las cifras presentadas por Luciano Concheiro, subsecretario de educación superior de la SEP, de 116 instituciones de educación superior encuestadas, cerca del 81 % de sus estudiantes tienen carencias tecnológicas que les impiden, a distintos niveles, aprender en casa y hacerse parte de las clases en línea y un 16 % asegura una falta total de infraestructura para tomar clases a distancia.
En este marco, las autoridades evalúan las posibilidades de implementar un sistema educativo mixto, intentando atenuar al problema de las grandes concentraciones que se generan entre estudiantes, trabajadores y académicos.
Los lineamientos de la ANUIES
Las autoridades universitarias tienen que resolver un problema fundamental que contradice las medidas más formales para evitar el contagio: la “sana distancia” y es que el abandono de las universidades ha redituado en una débil infraestructura que obliga a que decenas de estudiantes se aglutinen en un solo salón.
Esta situación no es nueva ni la impuso la pandemia. Por el contrario, el magisterio a nivel nacional ha venido denunciando desde hace años la saturación de los salones sin ser escuchados. En ese sentido, las autoridades de la ANUIES quieren calcar el modelo que esta intentando esbozar la SEP: dividir a los estudiantes para que asistan en distintos días o adoptar un sistema mixto de clases.
La ANUIES apuesta por lo segundo y ha anunciado que están evaluando la posibilidad de sostener clases presenciales combinadas con “teletrabajo” o clases a distancia. Pero la propuesta de teletrabajo no se reduce a las labores educativas en el salón, la ANUIES opina que todo trámite administrativo y escolar que pueda realizarse en línea, se sume a los sectores no presenciales.
Por otro lado, las autoridades junto con las direcciones sindicales del gremio universitario vienen sosteniendo foros y reuniones para ir delimitando los lineamientos y protocolos que se quieren implementar en las unidades académicas.
El problema es profundo: todas estas medidas no deberían llevarse adelante sin una agenda bilateral en la que se tome en cuenta la voz de los trabajadores para temas como el teletrabajo en el sector académico y administrativo. De no ser así, la dinámica podría arrojar a todas luces violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo.
Por otro lado, pese a que las autoridades puedan presentar una propuesta de protocolos para el regreso presencial en las universidades, deben de ser las comisiones de seguridad e higiene las que, en coordinación con la base trabajadora de cada departamento, decida qué se necesita en cada departamento y cómo se debe de implementar, no consultar a las comisiones.
No consultar los protocolos con las comisiones de higiene y seguridad sería violatorio de la propia Ley Federal del Trabajo y que estas comisiones firmen protocolos a espaldas de los trabajadores hablaría de una burocratización de estos organismos.
Ataques a la educación pública
El panorama del regreso a clases y el verdadero cumplimiento de los protocolos de salubridad están cruzados por el tema del presupuesto a la educación pública ¿cómo podrían las autoridades universitarias garantizar el número adecuado de cubrebocas, guantes, caretas, termómetros e insumos para sanitizar los centros de trabajo de miles de trabajadores académicos y administrativos en todo el país?
Previo al anuncio de la “nueva normalidad”, la SEP en voz de Luciano Concheiro anunció que pese al plan de reformas anunciadas en la “transformación estructural” para el rescate de las once universidades, que contemplaba un congelamiento de las plazas, despidos de académicos y administrativos y una reforma al sistema de pensiones y jubilaciones, no habría una partida presupuestaria para su rescate, lo que implicaría dejar a la deriva a más de 60 mil trabajadores universitarios.
Tras el anuncio, por lo menos tres universidades dieron a conocer que solo tienen recursos para pagar la nómina de sus trabajadores hasta la primera quincena de octubre.
A la par de esta situación, desde la presidencia se decretó la extinción de fideicomisos de educación media superior y la exigencia desde la SEP para hacer recortes al presupuesto universitario ya asignado, como el recorte de 110 millones de pesos al presupuesto de la UAM.
Esta situación agudiza el problema educativo en la educación media superior y superior y nos obliga a cuestionarnos si verdaderamente las universidades garantizaran los insumos necesarios para enfrentar la pandemia en las universidades.
Ante este panorama es crucial una exigencia de mayor presupuesto a la educación superior, en base al no pago de la deuda externa y de impuestos especiales a las grandes fortunas como las de Slim y Salinas Pliego, para garantizar el derecho la educación y los derechos laborales de las comunidades universitarias de las once universidades en quiebra.
Se pone sobre la mesa la necesidad de democratizar nuestras universidades para que trabajadores, académicos y estudiantes sepamos en qué y cuánto se invierte para garantizar los insumos necesarios. Asimismo, hace falta democratizar la toma de decisiones en nuestras comisiones de higiene y seguridad para evitar cualquier acuerdo a nuestras espaldas.
