Aborto Legal. Que suba la marea

El gobierno dice que, este 2020, no es el año para reabrir la discusión de la legalización del aborto porque el sistema de salud está centrado en responder a la pandemia de covid19. Pero el gobierno y las autoridades sanitarias deberían saber que, cada día, 135 mujeres son internadas en hospitales públicos por problemas relacionados con un aborto inseguro. Esto demuestra que las consecuencias del aborto inseguro y clandestino obliga a ocupar muchas más camas y por más tiempo, que la práctica del aborto legal, seguro y gratuito en los hospitales públicos.

Por su parte, la oposición de Juntos por el Cambio dice que, el 2021, no será el momento porque es un año electoral y, en ese contexto, no apoyarán ninguna iniciativa del oficialismo.

Mientras la vida de las mujeres, especialmente las jóvenes pobres, es prenda de negociación en la mesa chica de los partidos mayoritarios, miles de personalidades de la cultura, el espectáculo, el deporte, la política y los movimientos sociales firmaron una solicitada que dice que es una necesidad urgente. Es otra iniciativa de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que cumple 15 años de existencia que representan 15 años de lucha del movimiento de mujeres por el derecho elemental a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestros proyectos de vida, como también a no morir a causa de abortos inseguros y clandestinos.

Porque, mientras los partidos mayoritarios del régimen político dirimen conveniencias electorales, recortes presupuestarios o componendas y alianzas con sectores reaccionarios a los que les deben favores, a las mujeres y las personas con capacidad de gestar, se les va la vida. La insistencia del reclamo y la persistencia de la lucha no provienen de un capricho, sino de la necesidad de tener que alzar la voz por las que ya no pueden hacerlo.

Sigue pasando el tiempo. Tiempo que se cobra vidas de mujeres. Tiempo en el que se rearman y fortalecen las alianzas de sectores religiosos fundamentalistas con el Estado. Toma y daca con las jerarquías de las iglesias evangélicas y el Vaticano que asisten en los barrios más pobres a quienes lo perdieron todo cuando, en medio de la pandemia, perdieron hasta la posibilidad de hacer changas para comer salteado. Las iglesias se cobrarán la ayuda, metiendo sus narices en la legislación, como ya lo han hecho con la educación sexual integral o, hace una década, con el matrimonio igualitario.

Las mujeres que han muerto por consecuencia de abortos inseguros, las que murieron porque su embarazo era incompatible con el tratamiento de alguna enfermedad mortal y no pudieron acceder a abortos terapéuticos, las niñas y adolescentes que fueron forzadas a gestar y parir después de haber sido abusadas, todas ellas tienen nombre y apellido, una historia, amistades y familias. Todas ellas tuvieron sueños y proyectos que se han visto truncados por la muerte evitable o por la violencia sexual e institucional que las convirtió en madres a la fuerza, contra su voluntad, poniendo en riesgo su salud y su desarrollo.

Es difícil calcular si el 2022 será el momento para los que negocian nuestros derechos en los pasillos del Congreso, porque habrá 127 integrantes nuevos de la Cámara de Diputados y se renovará un tercio del Senado, con resultados aún inciertos.

Por eso, depende cada vez más de nuestra organización y movilización, de nuestra disposición a una lucha sin cuartel para imponer la aprobación de una ley que, sea cuando sea, llega tarde. Recordemos a las diputadas y a los diputados que, aun cuando prometan una futura votación favorable de la legalización del aborto, levantarán su mano sobre una pila de cadáveres.

Una nueva marea verde es necesaria. Volvamos a desafiar con nuestros gritos de batalla: Aborto legal es vida. Será ley.