La sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo vuelve a poner de relieve la falta de libertad de expresión en el Estado español. Es urgente profundizar la lucha contra la represión judicial y policial como vía para conquistar las libertades democráticas más fundamentales.
Miércoles 14 de marzo de 2018
Quema de una foto de los Reyes en Girona en 2007. JOAN SABATER (EL PUNT)
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) ha condenado al Estado español a indemnizar a dos ciudadanos españoles a los que se impuso una pena de cárcel por quemar imágenes de los reyes Juan Carlos y Sofía tras una manifestación en Girona.
Los hechos se produjeron en noviembre de 2007, cuando los manifestantes Enric Stern y Jaume Roura fueron condenados por la Audiencia Nacional a 15 meses de prisión, sustituibles por 2.700 euros de multa, por un delito de injurias graves contra la Corona con agravante de disfraz. Según el juez que dictó la sentencia, “quemar una foto del rey es un acto injurioso porque lo dice el Tribunal Supremo, y en este caso las injurias iban destinadas al desprecio y al menosprecio de la Corona”.
La sentencia del TEDH se opone por el vértice a esta interpretación. Para los jueces de Estrasburgo la quema de las fotografías “es una forma de expresión de una opinión en el contexto de un debate sobre una cuestión de interés público”.
Esta resolución desautoriza a la justicia española y supone una pequeña “victoria” para quienes somos acérrimos defensores de la libertad de expresión, además de antimonárquicos.
Sin embargo, es necesario relativizar frente a todos aquellos que pretenden ver en las instituciones europeas la vía para la defensa de los derechos democráticos y las libertades. Empezando por el hecho de que hayan hecho falta más de diez años para que unos jueces lejanos se hayan pronunciado a favor de la posibilidad de realizar un acto de protesta que debería ser una garantía elemental en cualquier sociedad que pudiera considerarse a sí misma democrática, el hecho es que durante todo este interregno las libertades democráticas en el Estado español no han hecho sino involucionar.
Así lo muestra el último informe elaborado por Amnistía Internacional sobre el Estado español, que refleja la represión policial y judicial ejercida contra activistas, artistas, periodistas y contra la expresión pública a través de las redes. Una persecución amparada por las reformas legislativas que se implementaron al calor de las protestas sociales causadas por la crisis económica capitalista pero cuya base ya establecía la legislación anterior, tal y como expone el caso de Stern y Jaume, durante los “años dorados” del Régimen posfranquista.
Las recientes condenas a raperos y periodistas, la existencia de presos políticos catalanes en las cárceles españolas y la persistencia de condenas por delitos como el de “injurias a la corona” o “enaltecimiento del terrorismo” muestran que, hoy más que nunca, lejos de toda confianza en aquellos que visten las togas, es necesario poner en pie un gran movimiento de lucha por las libertades democráticas contra este régimen demofóbico y liberticida.
Porque, pese al fallo de Estrasburgo, ¿alguien puede sentirse tranquilo hoy quemando la imagen del borbón Felipe?
