El asesinato de la periodista Lourdes Maldonado ha generado indignación a nivel nacional.
Nancy Cázares @nancynan.cazares
Martes 25 de enero de 2022
Imagen: BCReporteros
El asesinato de la periodista Lourdes Maldonado ha generado indignación a nivel nacional. Se trata del tercer crimen de este tipo cometido en lo que va de 2022 en el país y el segundo en una semana en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California. Maldonado llevaba nueve años en un proceso legal en demanda por despido contra la empresa PSN de Jaime Bonilla, exgobernador de la entidad.
A pesar de que el político y empresario morenista niega haber amenazado a la periodista, Maldonado temía por su vida y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación la integró a su programa luego de que la comunicadora expusiera su caso directamente al Presidente AMLO en marzo de 2021, durante una de las conferencias de prensa del mandatario en Palacio Nacional.
#JusticiaParaLourdesMaldonado
“Temo por mi vida”, dijo Lourdes Maldonado al presidente Andrés Manuel López Obrador durante una mañanera en el año 2019. Este domingo 23 de enero de 2022, la periodista fue asesinada a balazos en #Tijuana #BajaCalifornia.Cortesía pic.twitter.com/sABb1rVHg0
— Estado20 (@Estado20) January 24, 2022
Según cifras de la ONU sobre Derechos Humanos, en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador 32 periodistas han sido asesinados en México. Según Reporteros Sin Fronteras, ya es el país "más mortífero del mundo para la prensa". El caso de Maldonado destaca por tratarse de alguien presuntamente "protegida" por los mecanismos vigentes ofrecidos por el Estado mexicano para comunicadores y defensores de DDHH, a pesar de los cuales la periodista fue atacada enfrente de su domicilio y, hasta el momento, la Fiscalía del estado no ha reportado ningún avance significativo en las indagaciones.
Citado por la DW, el coordinador de documentación del programa de protección y defensa de Artículo 19, Pedro Cárdenas, señala las deficiencias en el protocolo de investigación de estos crímenes por parte de las autoridades mexicanas. Entre las irregularidades más comunes está la emisión de hipótesis sobre el móvil del crimen alejadas de la actividad periodística de la víctima, situación contra la que alertan defensores y organizaciones como Reporteros Sin Fronteras.
Jaime Bonilla, exgobernador y empresario morenista de Baja California y uno de los principales señalados en el caso, no tardó en deslindarse públicamente. Reiteró que su conflicto con la periodista era "laboral" —misma línea que siguió AMLO al ser cuestionado sobre el tema— y rechazó cualquier responsabilidad en el crimen. Sobre la indemnización de 500 mil pesos que su empresa debía pagar a Maldonado, aseguró que todo continuaría "conforme a la ley".
Bonilla negó que durante su periodo como gobernador de Baja California hubieran ocurrido ataques contra periodistas: "no recuerdo haber tenido ningún incidente de este tipo con los periodistas, siempre se les cuidó". En un país con más del 90% de impunidad en casos de violencia contra periodistas y en donde los principales violentadores son los empleadores, los funcionarios y las autoridades, Bonilla pidió confianza en la Fiscalía.
Ante los últimos casos de asesinatos de periodistas y el incremento de violencia contra la prensa en México, mañana tendrán lugar diversas protestas para exigir justicia y un alto a la impunidad.
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— ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) January 24, 2022
El caso de Lourdes Maldonado es el resultado de una larga cadena de violencias y ataques de sus derechos que derivaron en su asesinato: la indefensión que expresó durante el mencionado encuentro con AMLO, pues se sabía en desventaja en contra de un político y empresario local poderoso; los nueve años que pasó en un juicio por despido en donde las autoridades laborales, lejos de operar con celeridad, prolongaron su caso por cerca de una década, exponiéndola al hostigamiento y al desgaste; ejercer el periodismo de investigación en una de las ciudades más golpeadas por la violencia del crimen organizado y por la "guerra" en su contra, en uno de los países más inseguros e impunes para ser comunicador.
Las omisiones institucionales, que pusieron una diana sobre Lourdes Maldonado y la dejaron a merced de sus agresores, se enmarcan en el carácter de un Estado que, además de ser garante de la impunidad, no puede sino ofrecer medidas formales (como programas y protocolos de protección) para paliar la violencia que él mismo provoca, ya sea por medio de mecanismos inútiles que sólo actúan (de manera irregular) ya que se cometió el crimen o fortaleciendo su vigilancia y presencia militar.
La búsqueda de verdad y justicia para Lourdes y las y los demás periodistas asesinados en nuestro país sólo podrá venir de la mano de la lucha unitaria por investigaciones independientes que garanticen el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de dichos crímenes, así como por el llamado a enfrentar las causas estructurales de la violencia por medio de la organización y articulación de luchas que, por todo el país, resisten los golpes de la diestra de un gobierno que llegó a las urnas proclamándose "de izquierda".
