OPINIÓN/ PUEBLO MAPUCHE. ¿Quién es responsable de la salud de los comuneros mapuche?

En una lección de lucha contra las medidas discriminatorias impuestas al pueblo mapuche, y de acuerdo a sus fervientes convicciones de liberación del Estado represor, continúan en huelga de hambre los cuatro comuneros que se han mantenido encarcelados por más de un año y tres meses en el marco del Caso Iglesias, expectantes a la espera de su formalización en jornadas que parecen eternas, dilatándose la causa con no menores violaciones al debido proceso, lo que les ha obligado a dar curso a métodos de presión a las instituciones, a pesar de causar con ello deterioro irreversible a su salud.

El Lonko Alfredo Tralcal Coche junto con los hermanos Ariel Alexis Trangol Galindo, Benito Rubén Trangol Galindo y Pablo Iván Trangol Galindo son los procesados por la Ley Antiterrorista a quienes la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía presume como culpables de la quema de una iglesia evangélica en la comuna de Padre Las Casas en junio de 2016.

Más de 450 días en prisión preventiva han tenido que tolerar, sin haberse probado siquiera su participación en los hechos.

El porqué de la huelga de hambre

Los presos políticos no cuentan a su disposición con mayores herramientas o medios para hacer patente la difusión de las injusticias que denuncian. La decisión no surge de la irracionalidad, es el método central que han elegido para forzar a los entes públicos respectivos a tomar acción por el desdén experimentado hacia los pueblos originarios en este caso y sus análogos.

Desde hace 7 meses, el Tribunal ha anunciado el cierre de la investigación, sin embargo hasta el día de hoy no ha concretado el inicio del juicio, ello sucedido por el capricho de la Fiscalía de dilatar la causa con el fin de buscar pruebas suficientes para inculpar a los detenidos, instancia que le ha sido infructuosa, puesto que, no poseerían evidencias contundentes, y, en efecto, no les sería conveniente dar paso a la siguiente instancia judicial hasta encontrar argumentos de peso para darle sustento a la carpeta investigativa. Esta circunstancia los hace persistir en una condición de incertidumbre, puesto que no tienen certeza real de los plazos del proceso, lo cual deriva en la desconfianza a la institucionalidad.

Del mismo modo, desconocen con qué severidad se les aplicará Ley Antiterrorista que frecuentemente han usado los gobiernos del Chile “democrático”, siendo promulgada en 1984 en Dictadura, con previa aprobación risiblemente unánime de la Junta Militar, órgano que por la fuerza fue depositario del poder legislativo durante casi 17 años. La ley que en su momento fue originada con el objeto de dar persecución a todo adversario a las medidas autoritarias de militares y civiles que se encontraban en el poder, para así dar sanciones mayores en las lógicas que consideraban más ágiles, permitiéndose obviar el uso regular del ordenamiento jurídico en los ámbitos penal y procesal.

Los acusados, que llevan 108 días de huelga de hambre, no han podido desempeñar sus actividades cotidianas, lo que ha provocado el menoscabo económico de sus familias, y en el caso de Alfredo Tralcal, ha perdido el rol activo de Lonko en su comunidad. El estigma social es parte de las vejaciones morales que sufren, debido a que las acusaciones los ligan con “actos terroristas”, tal como se han calificado en diversas oportunidades en medios de comunicación tradicionales.

Consecuencias físicas

Según expertos, pasados los dos meses en huelga de hambre ocurrirían diversas secuelas que podrían ser neurológicas, dando pie a la baja movilidad y perdida de la consciencia, e incluso, de extenderse unas semanas más, se provocaría el deceso del huelguista. Tres fases se distinguen dentro de ella, comenzando por el consumo corporal de los hidratos de carbono de reserva desde el primer día; luego, de las grasas, a partir del quinto día; y finalmente, desde el trigésimo día en promedio, el consumo de las proteínas musculares, que va a depender de las reservas que posea cada organismo. Es esta última fase la que padecen los presos políticos.

Los comuneros mapuches, debido a su delicado estado de salud, han sido trasladados de urgencia en múltiples oportunidades al Hospital de Temuco, la última de ellas fue el miércoles 20. Días antes el departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico asistió al lugar para verificar su situación, ocasión en que los hallaron con una baja de peso mayor al 20% de la masa corporal, lo que el gremio calificó en un informe emitido el 18 de septiembre de “alto riesgo“, y que en unos días podrían alcanzar el riesgo vital, declarando entre otras cosas que:

“Los cuatro pacientes presentan un deterioro rápido y progresivo de las funciones cognitivas, resaltando pensamientos reverberantes con ideas fijas, bradipsiquia con ideación de muerte pasiva”.

“Potencial trastorno hidroelectrolítico que se sospecha a partir de la presencia de calambres generalizados asociados a palpitaciones que podrían estar en contexto de arritmia no especificada, al momento del examen. Potencial trastorno metabólico asociado a hipoglicemias en contexto de ayuno prolongado. Encefalopatía no especificada que pudiera estar en contexto de ayuno prolongado, déficit de oligoelementos, minerales y/o vitaminas. Presencia en uno de los huelguistas de hemorragia digestiva baja activa, que en el contexto de este ayuno prolongado, pudiera ser un factor agravante para una descompensación acelerada”.

“En los últimos diez días se observa una acelerada baja de peso ponderal, en los cuatro huelguistas. Llegando hasta un 26% en dos de ellos, lo que representa un 15% de pérdida en este breve periodo de tiempo”.

Poniendo énfasis en el grave precedente que se está constituyendo en materia de justicia y derechos humanos, y el hito que marcaría la muerte de uno o todos los comuneros, agudizando aun más el conflicto en la zona.

Culpabilidad del Estado

Las diversas organizaciones del pueblo mapuche, durante los meses en que se han mantenido privados de libertad los hermanos Trancol y el Lonko Tralcal, han organizado crecientes convocatorias en forma de marchas, tomas y concentraciones culturales, actividades que, asimismo, han sido buscando la aparición con vida de José Huenante y Santiago Maldonado, y en apoyo a la machi Linconao, al machi Córdova y los demás imputados por el caso Luchsinger Mackay; registrándose las más numerosas en Santiago, Temuco, Concepción, Valdivia y Valparaíso; obteniendo un amplio apoyo a lo largo de Chile, a pesar de ser reprimidas muchas de ellas.

La solidaridad internacional ha llegado desde mitines y variadas actividades de aliento principalmente en Argentina, Suecia, Estados Unidos y Noruega.

Si el desenlace de la huelga de hambre fuese la muerte de los comuneros, el único responsable sería el Estado chileno por su intransigencia al respecto; por dale negativa al uso de mediadores válidos con visión integral de la interculturalidad y en materia de derechos Humanos; por no recibir a los familiares de los presos políticos que han solicitado audiencias con las autoridades ni responder su carta enviada al Ministerio del Interior hace semanas, oponiéndose la totalidad de las instancias de diálogo.

Se ha dado curso a la violación reiterada de tratados internacionales, entre los que se encuentra el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes suscrito por Chile en 2008 que establece:

"Los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales que involucren a miembros de pueblos indígenas, deberán dar preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”.

La retroalimentación forzada que reciben, según los estándares internacionales, constituyen tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura; lo que demuestra la poca ética en el actuar del Gobierno, puesto que el evitar estas situaciones pasa por una decisión meramente política.

Es la misma institucionalidad que se llena la boca con la igualdad ante la ley, la que presume la culpabilidad en lugar de la inocencia cuando se judicializan situaciones que vinculan a pueblos originarios, dándosele un eje ejecutivo al ámbito de la planificación de acciones del Ministerio Público y no menores presiones a los Tribunales por parte de los gobiernos de turno.

Materializar la impotencia

Es una labor que nos compete a quienes nos encontramos conscientes de la situación que han debido afrontar históricamente las comunidades mapuches, organizarnos y visibilizar todas las mentiras en las que incurre el Estado, que ya ha respaldado en diversas ocasiones, hechos de montaje, constituidos por la utilización de testigos falsos y pruebas adulteradas, adjunto con la repetida brutalidad policial en la zona, causando miles de heridos y otros miles de muertos. Denunciemos el oportunismo de los empresarios agrícolas que han llamado “fundamentalismo étnico” a todo evento con culpable incierto en las comunas aledañas al conflicto.

Es imperante que todos trabajadores, estudiantes y pueblo mapuche articulemos nuestras luchas en una sola, y le doblemos la mano al Estado en otra de sus cruzadas de opresión. No hay que esperar a más heridos, más torturas o más decesos.

Debemos exigir de forma inmediata poner fin a la ley antiterrorista que se ha mantenido bajo la persecución y criminalización al pueblo mapuche; no más militarización en la Araucanía debido a la fuerte contingencia policial en las comunidades mapuche; y la libertad inmediata a los presos políticos mapuche.

¡NO MAS MEDIDAS DISCRIMINATORIAS Y REPRESIVAS CONTRA EL PUEBLO MAPUCHE!

¡LUCHEMOS POR LA APARICION CON VIDA DE JOSE HUENANTE Y SANTIAGO MALDONADO!