Economía. ¿Quién paga los gastos del Estado?

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Además de recurrir al déficit público, el cuál cada vez tendrá que ser menor según las exigencias de de Bruselas, los ingresos en el Estado español, según datos oficiales actualizados a 2017, se logran básicamente mediante la contribución generada por el IRPF y el IVA. El IRPF aporta cerca de un 40% y el IVA un 34%.
Mientras tanto las grandes sociedades mercantiles capitalistas, que deberían ser las que más aportasen a través del impuesto de sociedades, son las que menos aportan, y con una tendencia a hacerlo cada vez menos.

Con los gobiernos del PP y del PSOE los ricos vienen pagando sistemáticamente menos. Además, los más ricos recurren a la constitución de sociedades tipo SICAV que apenas contribuyen con el 1% o a la creación de sociedades mercantiles interpuestas para tributar a un tipo muy inferior al que lo harían si incluyeran sus ingresos como una nómina.

Esto es así porque el Impuesto de Sociedades tributa después de descontar todos los gastos, es decir solo paga sobre los beneficios. Sería como si el obrero sólo pagase impuestos una vez descontado lo gastado en hipoteca o alquiler, manutención, ropa... Además su tipo de tributación ha ido evolucionando muy favorablemente al pasar del 30% de 2014, al 28% del 2015 y al 25% en 2016. Por otra parte, es un impuesto que no tiene ningún carácter progresivo, por lo que paga el mismo porcentaje el que ingresa mucho que el que ingresa poco.

Con todo esto se explica que el Impuesto de Sociedades apenas recaudará para 2017, según previsiones del propio gobierno, un 13% de lo obtenido por la totalidad de lo impuestos existentes. Y eso que para este año, debido a las pequeñas modificaciones que el gobierno de Rajoy ha planteado para dicho impuesto, se pretende recaudar algo más, sobre todo ante la ridiculez de la aportación de los empresarios más ricos. Eso sí, todavía no está claro si será tan solo un incremento de las retenciones o terminará por ser un incremento impositivo real con la eliminación de las múltiples desgravaciones de las que se benefician, sobre todo las empresas más grandes.

Se prevé pues un crecimiento de un 7,88% en potencia recaudadora para 2017. Lo que es un auténtico récord, si tenemos en cuenta la evolución del impuesto durante toda la crisis. Pero con todo y con eso ni siquiera terminará alcanzando un ridículo 15% de los ingresos del Estado y su incremento previsto para este año solo será algo superior al del IRPF, que se subirá un 7,5%, y muy inferior al del, IVA que se prevé aumente un 9,3%.

Pero esto no es ninguna novedad. Si vamos a la serie histórica de la crisis podemos comprobar que mientras el año de menor recaudación para el IRPF, 2009, se obtuvieron 63.857 millones de euros, el Impuesto de Sociedades de ese año tan solo recaudó 20.188 millones de euros, es decir, 44 mil millones menos. O el año de recaudación más baja del Impuesto de Sociedades, 2010, tan solo logró 16.198 millones de euros. Quedó evidenciado un desplome en la recaudación de este impuesto que pasó en 2007 de 44.823 millones de euros a los mencionados 16.198 millones de euros en 2010. Un auténtico derrumbe de proporciones estratosféricas de prácticamente un 64% en el nivel de la recaudación por este impuesto, pero que no coincide, ni de lejos con la caída de los beneficios empresariales o el PIB en los años más duros de la crisis.

Por el contrario el IRPF, pese a la crisis, se fue recuperando con cierta rapidez y aunque pasó de los 72.614 millones de euros en 2007 al mínimo en 2009 de 63.857 millones, a partir de ahí no hizo otra cosa que crecer en recaudación hasta alcanzar en 2014 los 72.662 millones de euros, superando lo obtenido en 2007.

La distancia recaudatoria entre el IRPF y el Impuesto de Sociedades se ha ido incrementado durante todo el período de la crisis económica. Es decir, en 10 años el Impuesto de Sociedades ha bajado en su peso sobre el conjunto de las aportaciones un 11% y se ha reducido a casi un 50%. El IRPF por el contrario ha pasado del 38% al 39%, es decir ha mantenido su potencia recaudatoria.

Mientras el IVA pasó del 29% al 34%, lo que denota otra característica acentuada durante todo este período, el incremento cada vez mayor de la recaudación a través de los impuestos indirectos, lo que agrava especialmente el bolsillo de los trabajadores y las clases populares que se ven más dañadas por una recaudación indirecta que no tiene en cuenta la rentas de origen, auténticos impuestos expropiadores de rentas populares.

Y eso que solo hablamos del IVA y no hemos considerado otra multitud de impuestos indirectos que, además, el Gobierno de Rajoy pretende incrementar en número y potencia recaudatoria tal y como ha anunciado Montoro. Como los impuestos sobre el tabaco, el alcohol o los carburantes, por mencionar tan solo algunos.

Pero, ¿se justifica esta caída de la recaudación del Impuesto de Sociedades como consecuencia de la crisis económica que comenzó a manifestarse con claridad a partir de 2008? Es evidente que no.

En primer lugar hay que destacar que los principales paganos de las consecuencias de la crisis fueron los asalariados con despidos masivos y reducciones salariales. Mientras tanto que los beneficios empresariales no bajaron tanto como su aporte al Estado y, además, comenzaron a recuperarse a partir de 2011. El Impuesto de Sociedades llegó a caer un máximo del 64%, cuando la caída experimentada por el Producto Interior Bruto no ha ido más allá del 10% durante todo el período.

Reflejo de este sistema fiscal de expolio que sufren los trabajadores y las clases populares es la evolución de la rentas del capital sobre las rentas del trabajo durante todo este período. Entre 2008 y 2012, según el Instituto Nacional de Estadística, las rentas del trabajo cayeron 5,2 puntos porcentuales, mientras que las del capital se incrementaron en 3,6 puntos. Suponiendo las del trabajo el 44,2 del PIB y las del capital el 46,1.

Las rentas de capital han ido resistiendo los descensos interanuales del PIB, sobre todo a partir de 2010. Logrando un crecimiento medido del 5,1 en 2011 y del 2,3 en 2012. Por el contrario el peso de los salarios dentro de la renta nacional no ha hecho sino disminuir y las cifras negativas se han ido acumulando desde 2008. Todo ello consecuencia de la persistencia de los despidos, la precarización y la devaluación salarial. Llegando a caer un 5,5% de media en 2012. Mientras la remuneración de los asalariados cae pronunciadamente, el excedente bruto de capital ha continuado creciendo. Y sin embargo cada vez pagan menos impuestos.

Por otra parte, los empresarios capitalistas son los que más se benefician de gran parte de las partidas del gasto público. Esto es a través de miles de millones que reciben de subvenciones por todo tipo de inversiones productivas que les reportan todavía más beneficios, aunque sean destinados y lo vendan como dirigido a I+D+I o la creación de empleo. No paran de obtener prebendas del poder, mientras, como vemos, apenas contribuyen a los recursos que permiten esas políticas.

Pero es que lo mismo podemos decir de las infraestructuras, carreteras, vías ferroviarias, aeropuertos... Los que más se benefician son las empresas, sobre todo las grandes, que utilizan masivamente esas infraestructuras y les son vitales para su proyección y sus resultados económicos.

Algo que también sucede con el sistema educativo, cada vez más al servicio de sus intereses. Necesitan una población preparada y asimiliada para el mundo laboral a la que poder explotar sin tener que perder demasiada energía ni recursos en prepararla. Y lo mismo también con la sanidad, necesitan trabajadores sanos que no falten al trabajo, y en general casi cualquier servicio público tiene una incidencia muy directa en la actividad empresarial y se benefician en gran parte de ello.

Así pues, en el sistema impositivo del Estado español como en todos los países capitalistas, los que mas contribuyen son los que tienen menos recursos, los trabajadores y las clases populares. Es el Robin Hood invertido, se esquilman las rentas de los pobres en favor de los ricos.