Análisis. ¿Quién pagará la crisis económica y social del coronavirus?

El parón casi total de la economía en el Estado español, tras las medidas de confinamiento y aislamiento general de la población para frenar la curva exponencial de los contagios por el COVID-19, va a suponer un derrumbe casi total de la economía española. Para atenuar las consecuencias, sería necesaria una inversión de emergencia del Estado sobre el conjunto de la economía y evitar así el dolor social y la crisis económica-financiera.

El gobierno de Sánchez ha anunciado algunas medidas millonarias de “inyección” de dinero, sin embargo, la deuda pública puede alcanzar rápidamente cifras estratosféricas y todo apunta, según lo expuesto hoy mismo, a que el Gobierno de coalición no va a tomar medidas suficientes para atender la enorme emergencia social desencadenada en los sectores sociales más desfavorecidos.

El programa de ayudas públicas se desarrollará en cuatro frentes, según el gobierno: “apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad”; medidas que tomen en cuenta la situación de los trabajadores; facilitar “toda la liquidez necesaria” a las empresas; y “desarrollar la actividad científica e investigadora” para encontrar remedios a la pandemia del COVID-19.

Todas esas actuaciones las ha cifrado en un valor total de 200.000 millones de euros de gasto, aproximadamente el 20% del PIB español. Este coste total, pasaría, según sus estimaciones, por una inversión pública de 117.000 millones de euros. El resto se lo ha atribuido a contribuciones de gasto del sector privado que, se supone, contribuiría también a paliar la situación de manera altruista. Como si las grandes entidades financieras fueran a prescindir de los correspondientes beneficios sobre lo que pudieran aportar.

Pero, esta enorme disposición de recursos podría resultar totalmente insuficiente, ante la dimensión de la crisis económica y la emergencia social que se avecina, con un parón casi total del sistema productivo durante meses. Alemania, por ejemplo, ya ha dicho que va a destinar un 15% de su PIB, 500.000 millones de euros, y parten de una situación mucho mejor y con menos estragos. Mientras Francia incluso habla de la posibilidad de realizar nacionalizaciones de empresas.

Un bazooka de ayudas financieras para las empresas, pero sin prohibición de despidos

Las cifras que ha facilitado Pedro Sánchez, que irán destinadas directamente al tejido productivo, suponen 100.000 millones de euros, respecto a la aportación directamente pública, una bazuca del 10% de la economía. Se implementarían en forma de avales para préstamos a las empresas para hacer frente a los pagos que se les vienen encima. Empresas que, al encontrarse sin actividad consecuencia del Covid-19, no tienen ingresos y que, por consiguiente, ante la falta de liquidez con toda seguridad entrarían en suspensión de pagos y consecuentemente en quiebra económica generalizada. Por ello, con estos fondos se trata de evitar que los impagos se extiendan como un reguero de pólvora, para evitar que la crisis de demanda se transforme también en crisis financiera.

El resto de las inversiones, los 17.000 millones que ha señalado que pondría el Estado, irían según Sánchez a paliar las necesidades más básicas de las familias: ayudas para el pago de la luz, el agua, los servicios de telecomunicaciones y complementar los servicios sanitarios de las Comunidades Autónomas.

Asimismo, ha hablado de implantar una moratoria en el pago de las hipotecas, sin dejar claro sí eso entraría dentro de este monto de dinero, dado que una moratoria no implica que no se acabe pagando y, por lo tanto, los bancos y los grandes tenedores de vivienda no perderían realmente sus ingresos, sino que solo los aplazarían.

Sin embargo, en plena crisis de emergencia social y sanitaria, un Gobierno del que forma parte Unidas Podemos, no ha prohibido los desahucios ni ha decretado la anulación de las hipotecas y alquileres en propiedad de los grandes tenedores de los fondos buitre del sector, SOCIMIS, o de las grandes entidades financieras, ni la expropiación de pisos vacíos. Esa sería ser una medida elemental para dar respuesta a la emergencia social si realmente se apuntara a resolver la precariedad de la vida de millones de trabajadores.

Pedro Sánchez, además, remarcaba en la rueda de prensa que la ayuda financiera a las empresas mediante avales públicos “será sin límites” y, por lo tanto, que en caso de impago, será el Estado el que corra con todo el coste de la devolución de los préstamos. En última instancia, algo que es seguro puesto que la crisis de la pandemia implica el cese de prácticamente toda actividad. Por lo tanto, no habrá ingresos y, en consecuencia, la financiación servirá para mantener las empresas como auténticos “zombis”, sin ninguna actividad, pero a costa del dinero del Estado, mientras siguen en manos privadas esperando boyantes negocios futuros.

Pero, a la contra, ¿qué se les ofrece a los y las trabajadoras?, poca cosa, la verdad. Se intenta que no sean despedidos y por eso se apuesta y se estimula la aplicación de ERTEs, de modo que se produce la suspensión del empleo, pero no la cesación total del vínculo con la empresa. Sin embargo, verán reducidos sus ingresos dado que cobrarán las prestaciones por desempleo –que recordemos sufrieron recortes durante la crisis de 2008, que no han sido revertidos–. Así, cobrarán el 70% de la base reguladora y pasados 6 meses se bajaría al 50%. Es decir, de entrada, una reducción de nada menos que el 30% de sus ingresos, mientras los empresarios con el manguerazo de liquidez podrán cobrar gracias a la financiación privilegiada lo mismo que venían ingresando a costa del Estado. Es cierto, que los y las trabajadoras podrán cobrar el paro, aunque no lleven los meses de cotización requeridos y que no se les contabilizará como meses de paro consumido, pero la situación hubiera exigido la prohibición de los despidos y el pago de los salarios a cargo de las grandes empresas que se han estado beneficiando de enormes beneficios tras la crisis de 2008, mientras los y las trabajadoras sufrían una devaluación salarial de caballo de la que se beneficiaron los empresarios, y ahora seguirían beneficiándose gracias a las ayudas públicas.

Pero, además, ¿qué pasará con los miles de despidos ya realizados, individuales o EREs?, de esos no se dice absolutamente nada. Por lo que podemos pensar que quedarán en la calle y sin ser debidamente atendidos ante la emergencia social.

Desde mucho antes de llegar al gobierno con el PSOE, Unidas Podemos había desechado la nacionalización de empresas estratégicas, único modo real de garantizar el mantenimiento del empleo y el control de los recursos básicos. De modo que el Estado podría facilitar directamente esos servicios esenciales a la población sin tener que endeudarse para pagarlos, incluyendo el beneficio empresarial.

Porque la solución real para no llevar al Estado español a la bancarrota, lo que caería al final sobre las espaldas de los trabajadores, dada la ingente necesidad de los recursos necesarios para atender la emergencia social ante la pandemia, y con una deuda pública prexistente que ronda el 100% del PIB y un déficit público actual del 2,5%, pasa por imponer un programa verdaderamente radical, que, entre otras cosas, defienda la nacionalización de la banca y de las grandes empresas de los sectores estratégicos (farmaindustrial, energético, transporte, sanitario, industria básica, etc.) para salir de la crisis atendiendo las necesidades reales de la clase trabajadora y las clases populares, poniendo todos los recursos que dichas empresas atesoran al servicio del conjunto de la sociedad.

Entre otras medidas con carácter urgente, para hacer frente a las necesidades generadas a los sectores sociales más vulnerables como consecuencia del descenso o inexistencia de ingresos por el COVID-19, habría que aprobar algún tipo de renta básica, de al menos 1.500 € netos para los que no tuvieran ingresos, que garantizara la atención de todas sus necesidades esenciales (medicamentos, vivienda, alimentación, gas, luz, agua, etc.).

Así como directamente prohibir los desahucios por impago de alquiler o hipoteca; repartir las horas de trabajo dentro de los sectores productivos que sigan en funcionamiento, para evitar el agotamiento físico y riesgos en la salud de esos trabajadores, todos ellos disponiendo del material necesario para asegurar la protección efectiva contra el virus. La disponibilidad de todos los recursos sanitarios por el Estado, bajo control de los trabajadores, incluyendo infraestructuras, personal y todos los medios materiales, tecnológicos y de investigación. Y, por supuesto la nacionalización de la banca y las grandes empresas de los sectores estratégicos, para disponer de los recursos financieros necesarios e imprescindibles para hacer frente a la emergencia social, económica y sanitaria bajo la que nos encontramos.