Implicado en el escándalo de los Panama Papers, el Grupo Higa tiene una larga historia de negocios turbios y de impunidad amparada por la amistad de su dueño, Armando Hinojosa Cantú, con el presidente Enrique Peña Nieto. La violenta irrupción en Xochicuautla es el más reciente de los atropellos de esta millonaria empresa.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Martes 12 de abril de 2016
Este lunes 11 de abril, representantes de Grupo Higa y funcionarios del gobierno del Estado de México arribaron a Xochicuautla acompañados por cerca de mil elementos de la policía mexiquense, según informaron los mismos pobladores en un comunicado urgente difundido desde la mañana.
Apenas unas horas después la policía comenzaría el desalojo y derrumbe de diversas viviendas, entre ellas la de uno de los delegados de la comunidad.
Ante este atropello, pobladores y organizaciones sociales y de derechos humanos llamaron a la solidaridad y pidieron estar alertas en tanto definían cómo responder a este nuevo ataque en contra del poblado otomí.
Antecedentes del ataque
Desde abril de 2007, la empresa Autovan-Teya, filial del grupo Higa, consiguió la concesión del proyecto de construcción de una autopista que conectaría Aeropuerto de Toluca con Interlomas Naucalpan y que atravesaría el Gran Bosque Otomí-Mexica. Serían doce las comunidades afectadas por este proyecto, entre ellas San Lorenzo Huitzilapan, Santa Cruz Ayotuzco y San Francisco Xochicuautla.
En julio del año pasado, Enrique Peña Nieto firmó un decreto por medio del cual se expropiaban cerca de 38 hectáreas comunales del pueblo de Xochicuautla. Tras meses de intensa lucha y movilizaciones, los pobladores consiguieron, en febrero de este año, que el Juez Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México ordenara la suspensión definitiva del proyecto.
Pese a esto, los trabajos no cesaron. Bosques originarios, considerados sagrados por la población, continuaron siendo devastados por la maquinaria del Grupo Higa, amparada por la amistad que Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario de la empresa, mantiene con Enrique Peña Nieto desde que éste fuera gobernador del Estado de México, así como con su sucesor, el también priista Eruviel Ávila Villegas.
Grupo Higa: negocios sucios e impunidad
Hinojosa Cantú es uno de los concesionarios más poderosos del país. Favorecido para innumerables proyectos, estuvo también implicado en el escándalo de la Casa Blanca, apareciendo como primer dueño del lujoso inmueble.
Su empresa “ganó” en 2014 un contrato de 945.5 millones de pesos para la remodelación del hangar presidencial y se ha publicado que, mientras EPN fue gobernador del Estado de México, Grupo Higa participó en las obras de construcción del Viaducto Elevado Bicentenario, así como de la autopista Toluca-Naucalpan, el libramiento Acambay y el Aeropuerto Internacional de Toluca.
Asimismo, su empresa ha sido beneficiada con contratos para transportar en aviones privados a funcionarios del gobierno mexicano.
Durante los dos primeros años de gobierno de EPN, Grupo Higa obtuvo un contrato por 3 mil 400 millones de dólares para construir el acueducto más extenso de Latinoamérica, así como un proyecto para un nuevo museo en Puebla, por más de 460 millones. Pese a las diversas denuncias de favoritismo, la posición oficial ha sido negar estas acusaciones.
A principios de este mes, Grupo Higa se vio nuevamente envuelto en controversia debido a que Hinojosa Cantú figuraba en la lista de implicados de los Panamá Papers, junto a políticos de alto rango, criminales y empresarios como Ricardo Salinas Pliego. Según estos documentos, el dueño de Grupo Higa poseería una fortuna de más de 100 millones de dólares e intentó moverla a través de una red financiera, luego de que estallara el escándalo por la Casa Blanca.
Megaproyectos, despojo y militarización
Empresas como las de Hinojosa Cantú, tanto nacionales como extranjeras, están implicadas en la construcción de megaproyectos como los que han sido impuestos a sangre y fuego en diversas comunidades. 35% del territorio nacional ha sido concesionado a empresas y la mitad de estos proyectos se ubican en territorios de pueblos originarios.
Puebla, Tlaxcala, Quintana Roo, Veracruz, Sonora, Estado de México, Ciudad de México, son algunas de las zonas en donde en los últimos años se han realizado trabajos para edificar proyectos inmobiliarios, comerciales o turísticos que han dejado tras de sí decenas de presos, devastación ambiental, despojo y un aumento alarmante de la precarización laboral.
Los gobiernos locales y federales han allanado el camino para estas empresas, no sólo por medio de la aprobación e imposición de las reformas estructurales, sino también por el impulso de leyes y protocolos como la llamada “Ley Eruviel”, que pone a las fuerzas policiacas al servicio de desalojos y que legitiman y endurecen la represión en contra de todo aquél que quiera protestar en defensa de sus derechos laborales, tierras y recursos naturales.
Queda en evidencia una vez más que los tradicionales –el PRI, el PAN y el PRD- gobiernan en beneficio de los magnates como Hinojosa Cantú y Carlos Slim, propietarios de las grandes empresas. Y a cambio, no sólo reciben salarios millonarios, sino que sus buenos oficios son compensados con fastuosos regalos, como la casa blanca de Angélica Rivera o la mansión de Malinalco de Luis Videgaray.
Sólo la clase trabajadora, con sus métodos de lucha como el paro y la huelga, aliados a los pueblos originarios, como los otomíes, a la juventud, a las mujeres, pueden parar la expoliación en curso.
