El ministro de hacienda, Felipe Larraín se refirió al alza en el precio de la bencina, acusando ser una preocupación para el gobierno, pero negando la posibilidad de retirar el impuesto especifico que las establece como una de las más caras en el mundo.
Sábado 22 de septiembre de 2018
En $830 pesos el litro, en promedio, quedó el valor de la gasolina de 93 octanos luego del alza de esta semana, un alza que viene a consagrar un aumento sostenido durante del año, considerando que en julio de este año la misma estaba a $740 pesos el litro. El ministro de hacienda por su parte, defendió el Mecanismo de Estabilización de lo Combustibles, ya que permitió un alza sólo de $5 y no de $20 pesos, como era de esperarse. Sin embargo lo que el ministro no considera es quiénes son los que pagan los costos del precio de la bencina.
El alza de la bencina afecta directamente a los automovilistas, pero además repercute en el bolsillo de los trabajadores, pues sube con ella el pan, el transporte, y la totalidad de los vienes de consumo en Chile, alimentos fundamentalmente, que están en función del precio del petróleo y que contemplan en su venta el valor del transporte. Por tanto, teniendo o no auto, el alza en el combustible aumenta el costo de vida general de las personas.
Chile es el tercer país en Latinoamérica en tener los precios de bencinas más altos, esto debido al impuesto específico a los combustibles, instaurado en 1985 con el objetivo de financiar la reconstrucción después del terremoto. Si bien a nivel de impuesto representa una recaudación fiscal importante (US$2.500 millones para programas sociales) este impuesto se enmarca dentro de un sistema tributario profundamente desigual: mientras tenemos unos de los impuestos más elevados en la venta directa (IVA 19%) -que pagan los compradores- y contamos con los más bajos para las empresas, además de otros beneficios tributarios.
El ministro defendió además la impopular reforma tributariapropuesta por el ejecutivo y que busca, justamente, aumentar las brechas tributarias otorgándole mayores beneficios a las grandes empresas y patrimonios. Muestra clara de los intereses de un gobierno empresarial, que busca garantizar aún más beneficios para los ricos en desmedro de las condiciones de vida material de los trabajadores.
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