El pasado miércoles de esta semana, se anunció la muerte de Omar, un joven guineano que se quitó la vida tras ser expulsado, después de someterse a una prueba ósea que certificó su mayoría de edad según fiscalía. Este método ha sido cuestionado por varias ONGs y por la misma ONU ya que está considerada como un dictamen y se usa de forma arbitraria, cuando resulta ser una prueba con amplio margen de error.
Marc Ferrer Barcelona
Miércoles 13 de noviembre de 2019
Omar no pudo aguantar un duelo migratorio que fue rematado por el abandono de las instituciones de la Generalitat, haciendo que el joven, en busca de una mejor vida, tuviera que terminar quitándosela, al saltar desde un puente en Igualada.
Esta trágica historia, es la punta del iceberg de toda la violencia y racismo estructural que sufren todos los menores no acompañados, en menor o mayor medida, sin contra con el racismo, el acoso policial, la criminalización y toda la campaña política racista que impulsan agrupaciones políticas como Vox, pero cuyas bases institucionales están aprobadas por buena parte del Régimen del 78.
La expulsión es uno de los escalafones de toda la violencia estructural que se cuece en los centros de acogida de emergencia, como falta de personal o centros sobresaturados en pésimas condiciones. En muchos casos, donde la tarea educativa por parte de los educadores es sumamente limitada, además de todo el calvario que supone convivir con 30 o 35 niños, como es el caso de estos jóvenes. Muchos de ellos, sean menores o no, no soportan la convivencia de los centros, haciendo preferible vivir en la calle, esto agrava más su situación ya que es un tiempo que pierden para la tramitación de sus papeles.
Otro escalafón de la violencia son las inminentes expulsiones sin otra alternativa que quedarse en calle y sin papeles. Estas expulsiones, a través del miedo, son usadas como herramienta “educativa” Algo que queda muy bien reflejado en este tweet:
En los centros d acogida los directivos controlan chicos y trabajadorxs con el mismo argumento: "si no funcionas 'bien', te vas a la calle". Todo a traves del miedo. Y eso lo llaman "educación social"...#menas
— Kostas G. (@Pappenheim_) August 2, 2019
Estas situaciones en los menores hace muy común la auto-lesión, intentos de suicidios o un elevado consumo de drogas. El caso de Omar es una muestra más. Según el centro donde vivía, su actitud durante su estancia era más que correcta, eso demuestra que incluso haciendo las cosas bien y aguantando todas las penurias que supone vivir en un centro de acogida, esto no es garantía de no quedarte en calle.
En muchos de los centros de acogida se acumulan jóvenes en sus puertas tras ser expulsados por cumplimiento de la mayoría de edad, algunos optan por vagar por las calles, otros quedan a la espera de poder incorporarse al lento circuito de los servicios sociales (actualmente en la ciudad de Barcelona hay meses de espera para poder dormir en un albergue) y finalmente algunos no les queda nada más que la alternativa inmediata de robar para poder vivir a corto plazo.
Entonces, ¿existen culpables de la muerte de Omar? Sí. Los principales responsables son las políticas racistas del actual Govern de la Generalitat y del Gobierno del PSOE que ante la llegada de menores no ha planteado ningún plan de emergencia efectivo. No obstante estos gobiernos han apoyado sistemáticamente un modelo de concertación y privatización del tercer sector, es decir externalización de los servicios sociales a empresas privadas.
Así se convierte el fenómeno “MENAs” en un suculento negocio para empresas como Clece, EDUvic, o plataforma educativa, a costa de pésimas condiciones para los trabajadores y de la vida de los menores. Estas empresas son los principales garantes de la precarización y la externalización del servicio, que cooperan activamente con las políticas de los gobiernos.
Se podría decir que Omar fue empujado del puente por las empresas privadas del tercer sector y las políticas racistas impulsadas por los Gobiernos.
