Análisis. ¿Quiere el Estado encontrar sana y salva a Guadalupe Lucero Cialone?

Hay, al menos, dos interpretaciones distintas y posibles de la frase “no se descarta ninguna hipótesis”, sobre todo si sale de boca de funcionarios judiciales y de policías. La interpretación más benévola con el poder dirá que, entonces, se están contemplando todas las hipótesis. La más realista, en cambio, sospechará que no se está contemplando ninguna o que, en todo caso, el poder abonará la hipótesis que menos lo salpique.

Una vez más, esa frase se repite diariamente alrededor de un caso de alto impacto social como el de la desaparición de Guadalupe Lucero Cialone en la ciudad de San Luis. Y al escucharla, cuando la pequeña de cinco años ya lleva casi veinte días desaparecida, se abre un interrogante. ¿Por qué los funcionarios judiciales, los policías y parte de las empresas periodísticas dicen que “no se descarta ninguna hipótesis” y, al mismo tiempo, aseguran que es prácticamente descartable la hipótesis de un secuestro por parte de una red de trata?

Obviamente aún no es posible afirmar nada. Sobre todo por respeto a la familia de la nena, que lo único que debe recibir en estos momentos es una respuesta contundente del Estado, encontrando sana y salva a Guadalupe y explicando, sin ambigüedades, qué pasó con ella desde la tarde del 14 de junio. Sin embargo, se puede preguntar con total justificación: más allá de las “puestas en escena”, de los hipermediatizados rastrillajes y los allanamientos a viviendas del barrio una, dos y hasta tres veces seguidas, ¿realmente la están buscando?

El arribo de Susana Trimarco a San Luis, este viernes, tiene un significado especial. La madre de Marita Verón (desaparecida en 2002 a manos de una red de trata) no sólo se comprometió personalmente con la familia de Guadalupe para ayudar en su búsqueda. Hace algunos días también cuestionó a los responsables de encontrar a la niña y dice estar segura de que detrás del caso hay un entramado mafioso como el que se llevó a su hija hace casi dos décadas.

Trimarco dijo a la agencia Télam que Yamila Cialone, la madre de Guadalupe, “no tardó nada en reportar la desaparición de la criatura y las fronteras se cerraron tarde ante la posibilidad de un nuevo ataque de las redes de trata que operan en el país”. Y alertó sobre la posición geográfica de San Luis, favorable a las redes de trata tanto por la “salida rápida hacia Chile” como por la “triangulación” con Mendoza, La Rioja, San Juan y Catamarca.

A su vez en la causa judicial está colaborando la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Pese que el caso se tramita en el fuero ordinario, caratulado como “averiguación de paradero”, tanto la presencia de Trimarco como la participación de la Protex indican que la hipótesis de un secuestro con fines de trata está entre las más firmes. Incluso más que la del entorno familiar.

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Sin embargo, tanto para el juez Parrillis como para les fiscales Virginia Palacios Gonella, María Durán y Esteban Roche e incluso para parte del periodismo la línea investigativa más “segura” es la que conduce a “alguien” de (o relacionado con) la familia. ¿Pruebas? Ninguna, pese a que sobre el entorno familiar se hicieron infinidad de allanamientos y hasta hubo familiares detenidos por tener marihuana para su consumo personal.

Otras preguntas aparecen. Con todas las alertas encendidas y los operativos con cientos de policías en casas, terrenos, ríos, diques y montes de todo San Luis y de provincias vecinas, ¿es posible que Guadalupe haya sido raptada sólo por un individuo? Con la larga historia de connivencia entre redes de trata y las fuerzas policiales de todo el país, ¿cuántas chances hay de que esas mismas fuerzas vayan a fondo si es que, como mucha gente sospecha, detrás del rapto hay un entramado mafioso?

Hechos

Un sintético racconto de lo que viene pasando desde el lunes 14 puede ayudar a contextualizar los interrogantes planteados arriba. Guadalupe desapareció esa tarde-noche cuando jugaba con otres niñes en la vereda, frente a la casa de su tía, mientras se festejaba el cumpleaños de la mujer. Es el barrio 544 Viviendas del sur de la capital puntana, poblado de familias trabajadoras, muchas bajo la línea de pobreza.

Georgina, la tía de Guadalupe, dijo que en un momento “terminaron de tomar la chocolatada y salieron a jugar. Eran todos sobrinos míos: tres varoncitos, Guadalupe, y la más chiquita, Emma, de tres años. En un momento salió Luana, otra de las tías, para ponerles las camperas. Hasta ahí, estaba todo bien. Pero cinco minutos después Emma golpea la puerta y nos dice ‘Guada no está’”.

Eran las 19. Silvia, la abuela de la nena, salió a la calle y empezó a llamarla a los gritos. Enseguida llamó a todos los adultos para que salgan a buscarla. En medio de la desesperación, Emma dijo que Guadalupe se había ido “con una mujer” muy parecida a otra de las tías, de veinte años. Inmediatamente llamaron al 911. Ya eran las 19:27. La Policía no tardó más de diez minutos en llegar.

Desde entonces, ya van casi tres semanas de un verdadero loop de imágenes intensas, llenas de operativos espectaculares de la Policía de San Luis (con colaboración de fuerzas federales y de otras provincias) a las órdenes del titular del Juzgado Penal 2 puntano, Ariel Parrillis. Del otro lado, una familia desesperada que ve cómo le allanan las casas hasta tres veces sin ningún resultado, cómo el país habla de su niña y cómo, al menos hasta el momento, el Estado no le da ninguna pista ni certeza sobre su destino.

En el medio, las grandes empresas periodísticas que hacen su juego, con sus móviles en el lugar y poniendo el caso en primer plano cuando no hay otras noticias que contar. Siempre tomando como certeras y privilegiadas a las “fuentes policiales y judiciales”, es decir al propio Estado.

¿Qué pistas hay además de los dichos de Emma, la primita de Guadalupe? Dos vecinas del barrio dijeron que esa noche, cerca del horario en el que desapareció la nena y a pocas cuadras del lugar, vieron caminando a una niña muy parecida, que iba de la mano de una mujer. A su vez hay una filmación, tomada a 700 metros de la casa, en la que borrosamente se ve pasar a una mujer vestida de negro con una “silueta” o “sombra” a su lado.

Sacando eso, pese al fenomenal despliegue policial, nada más se sabe. O, mejor dicho, se sabe mucho pero hasta el momento las autoridades no manifestaron nada que sirva para pensar que van a encontrar sana y salva a Guadalupe. El juez Parrillis dice que “no fue un hecho al voleo”, pero a la vez afirma que no cuentan con pistas firmes.

Qué hace el Estado

En el caso intervienen la Policía de San Luis, Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y las policías Bonaerense, de Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Mendoza, San Juan y de Santiago del Estero. Muchas de esas fuerzas aportan perros k9, especializados en búsqueda de cuerpos. A su vez se activó el programa Alerta Sofía e Interpol lanzó sus alertas amarillas.

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El gobernador Alberto Rodríguez Saá y su ministro de Justicia Luciano Anastasi recibieron a la madre y al padre de Guadalupe recién el miércoles 30. Fue en la Casa de Gobierno y si bien nadie hizo mención al contenido de la reunión, trascendió que el mandatario les aseguró que la provincia “seguirá poniendo todos los recursos con los que cuenta para buscar a la niña”.

Con todos los recursos a disposición, cientos de efectivos día a día se fueron metiendo en casi todas las casas del barrio 544 Viviendas y de otras zonas indicadas por llamados anónimos al 911. No hubo lugar pasible de ser revisado que haya quedado sin investigar. Hasta se excavó en terrenos abandonados. Todo con resultados negativos.

Los domicilios de los padres de la nena, Eric Lucero y Yamila Cialone, como los de otros familiares fueron inspeccionados no menos de tres veces. La Policía secuestró celulares y no dejó espacio por revisar. En uno de esos operativos fue detenido el novio de la prima de Cialone, por tener algunos frascos de cogollos de marihuana. Le abrieron una causa por narcotráfico. Días después, en el marco de una decena de allanamientos pedidos por Parrillis, otras dos personas fueron detenidas por tener marihuana. ¿Algo relacionado con la desaparición de Guadalupe? No.

Además de las detenciones, de los allanamientos la Policía se lleva celulares, computadoras y tablets que, según afirman, son “de interés” para la investigación. En uno de esos allanamientos encontraron una colita para el cabello con restos capilares, lo que se transformó en una “noticia” que mantuvo la atención de los medios durante horas.

Durante esta semana, además, apareció la “hipótesis mendocina”. Se basa en que el barrio 544 Viviendas y el límite con Mendoza hay 78 kilómetros, fácilmente sorteables en media hora en auto. Por eso en la provincia cuyana también hubo allanamientos, donde según la información oficial se secuestró drogas y armas, aunque no consiguieron dar con pistas sobre el paradero de la nena.

Por otro lado, en Mendoza este jueves un playero de estación de servicio afirmó que vio a una nena similar a Guadalupe a bordo de un auto que conducía un hombre. Según el trabajador, el conductor se puso muy nervioso cuando éste hizo mención al parecido con la nena buscada. A la nena, en cambio, la vio muy tranquila y dicharachera. Para la familia no se trata de Guadalupe, porque aseguran que la pequeña no la está pasando bien lejos de casa.

A la angustia por la ausencia se suman los macabros mensajes y llamados que recibe la familia. El martes 22 a las 2:14 Yamila recibió mensajes que decían “¿quieres de regreso a Guadalupe viva?”. Era un número con característica de Puebla, México (luego se dijo que no correspondía a un teléfono sino que fue creado desde un sitio web). El jueves 24 recibió un llamado de nueve minutos donde lo único que escuchaba era la voz de una nena que decía “mami vení”. Y el domingo 27 Eric recibió mensajes donde le pedían $ 70.000 a cambio de devolverle a su hija.

Hasta ahora el juez Parrillis no explicó si están identificados los autores de esas comunicaciones. Tampoco respondió al pedido del padre de la nena para que el Poder Judicial federal intervenga en la causa, ya que el pedido de dinero que le hicieron no puede descartarse como indicio de un posible secuestro extorsivo, un delito que se investiga en el fuero federal.

Eso sí, al parecer los investigadores tienen tiempo para prestarle atención a quien asegure tener poderes sobrenaturales. Fue el propio jefe de la Policía de San Luis, Darío Neira, quien reconoció que se realizan rastrillajes en base a “personas que perciben” o “videntes” que acercan datos y “perciben que acá puede estar el cuerpo de la nena”. Acto seguido aclaró que lo que hacen “no es una búsqueda al azar ni improvisada”.

De qué se trata

El jueves 24 Yamila Cialone salió a la puerta de su casa y enseguida todos los móviles de televisión y radios se acercaron. Se apoyó sobre la pared de la entrada con la mirada vidriosa, mirando un punto ciego en el horizonte. Con los micrófonos frente a ella, su silencio prolongado incomodó a más de un presentador de noticiero.

Luego de varios segundos sollozando, Yamila dijo que, a diez días de la desaparición de la nena, el juez no la llamó ni quiso verla. También que la única vez que se vieron, “el juez dijo que las respuestas que iba buscar él no las tenía”. Y sentenció: “llevo diez días esperando una respuesta de la Policía y no me dicen nada”.

Por esas horas el abogado del padre de la nena, Héctor Zabala, decía en A24 estar muy sorprendido de tantos allanamientos a las casas de la familia. “No le vemos mucho sentido porque son viviendas muy pequeñas, no hay demasiado que pueda haber quedado sin registrar”, expresó. También dijo que la familia no está teniendo “acceso al sumario policial para conocer la investigación” y que “a pesar de ser atendidos por el juez de la causa” necesitan “más información de lo que ocurre en el expediente”.

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Quien sí tiene acceso al expediente es la Protex, que entró en la causa para colaborar con el juez Parrillis como parte del mecanismo Alerta Sofía. Ese sistema de aviso interinstitucional (incluye medios y redes sociales) está coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y se activa en casos de desapariciones de niñas y niños que podrían estar en peligro. Según afirman desde la misma Protex, la activación de Alerta Sofía se da en casos extremos, cuando se necesita que la sociedad sepa de esa desaparición y ayude en la búsqueda.

Este diario pudo confirmar que fueron funcionarios de la Protex, en nombre del Comité de Alerta Sofía, quienes primero tomaron contacto con el juez Parrillis. No al revés. Por eso el mecanismo se activó el miércoles 16, dos días después de denunciada la desaparición. Pero Alerta Sofía tiene una duración limitada de 48 horas, es decir que la participación original de la Protex duró hasta el viernes 18. Llamativamente, el mismo juez que divulga off the record que la hipótesis de trata no está entre las principales le pidió el domingo 20 a la noche a la Protex que siga colaborando en la causa.

Como la causa está en el fuero provincial y no en el federal, la Protex sólo interviene cuando el juez lo solicita y para lo que él pide. “La colaboración de Protex no es en líneas propias sino en las líneas de investigación que el juez propone”, dicen a este medio fuentes del Ministerio Público Fiscal. Pero la sola participación de ese área de la procuración nacional en el caso confirma que el Estado no puede, al menos formalmente, descartar de plano la hipótesis aunque quiera.

“En cualquier desaparición, y más aún de si es una niña o un niño, está latente la idea de que puede haber un vínculo con la trata de personas, sea para explotación sexual, laboral o de otra índole. La sustracción violenta de Guadalupe de su contexto familiar puede tener diversos móviles, uno de ellos indudablemente es la trata”, afirman desde el Ministerio Público Fiscal.

Hasta el momento no hay un cuestionamiento de parte de la Protex hacia el juez Parrillis. Más bien lo ven proactivo y receptivo de las sugerencias que hacen desde esa procuraduría especializada. A su vez destacan como favorable que los altos mandos de la Policía de San Luis hayan tomado el caso en sus manos desde el primer momento. Supuestamente así se evitó cualquier tipo de injerencia de efectivos locales, con posibles vínculos con los captores de Guadalupe.

Pero se podría hacer un razonamiento inverso. Tal vez la presencia temprana de la jerarquía policial tenga más que ver con un plan de “control de daños” al ver que el caso en cuestión de horas se transformó en noticia nacional y que todas las miradas se posaron sobre los resortes del Estado puntano. La idea de que, lejos de motivaciones familiares, detrás del secuestro de Guadalupe hay un entramado mafioso se hace cada vez más popular entre quienes siguen con atención el caso.

Al igual que el último martes, este viernes decenas de vecinas y vecinos del barrio marcharon junto a la familia de Guadalupe por verdad y justicia. En cercanías al Poder Judicial de San Luis, desde los megáfonos se escuchó “San Luis no es otro país, aquí desaparecen niñas”.

Quienes se movilizan recuerdan también el caso de Florencia Magalí Morales, quien hace un año y tres meses apareció muerta en una celda de la comisaría 25 de Santa Rosa del Conlara tras ser detenida por no tener DNI. Hasta hoy el caso sigue impune y los policías sospechados de asesinarla, probablemente, hoy estén “buscando” a Guadalupe por las calles de San Luis.

El mensaje de la familia de Guadalupe y de quienes la acompañan marchando por las calles de la ciudad es muy claro. No es por capricho que en la última marcha se hayan juntado el reclamo de aparición ya de Guadalupe con el de justicia por Florencia Magalí Morales. Ni que se haya gritado “¡no a la impunidad!”