CONURBANO BONAERENSE. Quilmes: kirchneristas y macristas en un juego de roles con la excusa de la “seguridad”

Mientras Juntos por el Cambio promueve en Quilmes y la zona sur su conocida agenda represiva, el gobierno municipal del Frente de Todos retoma el doble discurso sobre la represión policial. Los riesgos en un escenario donde el pueblo trabajador acumula reclamos postergados.

Durante la segunda quincena de enero en Quilmes, Avellaneda y Almirante Brown comenzaron a difundirse por las redes sociales convocatorias a movilizaciones ante un supuesto aumento de los hechos de inseguridad. Sin embargo, no existe ninguna estadística ni estudio que muestre un incremento de los delitos.

A su vez, y como viene ocurriendo hace décadas, las “propuestas” de las convocatorias redundan en un aumento del número de efectivos de la Policía y otras fuerzas, así como de su poder punitivo. También, como otras veces, no hay ninguna alusión a la profunda crisis económica y social que podría redundar en un aumento del delito menor.

Lo intempestivo del reclamo generó suspicacias. Varios medios de comunicación difundieron en Quilmes declaraciones del Frente de Todos que señalaban a un exfuncionario de Martiniano Molina como el promotor de la movida. El hecho de que la situación aparezca calcada en otros dos distritos donde el macrismo es oposición alimenta la hipótesis. Y coincide también con el hecho de que Juntos por el Cambio ha elegido como perfil “de resistencia” la agenda securitaria, a tal punto que nada más y nada menos que Patricia Bullrich quedaría como presidenta de las huestes del PRO.

Hay que decir que lo forzado de la instalación del tema también se expresó en las acciones. En Quilmes estaban convocadas cinco movilizaciones para el sábado pasado. Todas fracasaron, excepto la convocada en Quilmes Oeste que, aún así, no llegó a congregar cien personas.

Que la derecha haga política con “la inseguridad” no es una novedad. Lo que no implica que no haya que enfrentarla. Como señalo en mi libro La disciplina de las balas, cada vez que el poder político y la derecha, junto a medios de comunicación masiva, lanzan este tipo de campañas se relegitima el accionar represivo y la consecuencia es el incremento de los casos de gatillo fácil. Y esas mismas fuerzas, relegitimadas, también se utilizan contra los trabajadores y sectores populares que salen a luchar.

Es obvio que esta campaña, por ahora, tiene poco vuelo. Lo que no significa que no haya que estar alertas.

Más aún si tenemos en cuenta la respuesta que se le dio al tema desde el gobierno comunal quilmeño.

Derechos humanos… pero blindados

El 28 de enero, mientras acompañaba al represor de obreros y ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni en una visita por el distrito, la intendenta Mayra Mendoza sostuvo que “la inseguridad se combate con inclusión social, educación y trabajo”. Una postura con la que hasta la que escribe puede coincidir.

Sin embargo, la verdadera respuesta a la movida cambiemita fue acorde al acompañante. Días antes, funcionarios de la Secretaría de Seguridad del Municipio se reunieron con los jefes policiales y con los de Prefectura y Gendarmería destinados al distrito. A través de un comunicado se informó que “la estructura operativa de seguridad se mantiene en pleno funcionamiento, con la misma cantidad de agentes policiales en las calles que había en los últimos meses de 2019, y con el objetivo de incrementar en corto plazo los agentes y los recursos en materia de prevención y seguridad”.

Justamente la saturación de los barrios populares con fuerzas policiales y otras directamente militarizadas, junto al reforzamiento de sus atribuciones, explican el incremento inusitado que tuvo el gatillo fácil y otras formas de violencia del Estado en las últimas décadas.

Con este esquema, generalizado desde el 2010 con la creación del Ministerio de Seguridad por parte del gobierno de Cristina Fernández, las fuerzas garantizan el control social en los barrios a sangre y fuego, dando una respuesta punitiva al problema de la miseria y dejando correr al gran delito del robo de autos, la trata y el narcotráfico, que es el que explica la mayor cantidad de hechos de sangre.

Mantener y aumentar, como dicen las autoridades quilmeñas, la presencia de estas fuerzas en las calles no puede tener otro resultado que el que venimos viendo y denunciando. Según el archivo de la Correpi, desde 2010 los casos de muerte por gatillo fácil y otras formas de brutalidad policial nunca bajaron de 260 por año, incluso con picos de más de 400 en algunos períodos.

Se puede anular la resolución que legalizaba el gatillo fácil, así como otras de las disposiciones represivas más brutales de la gestión Bullrich, pero si no se modifica el cuadro estructural citado vamos a seguir teniendo las mismas consecuencias. Peor aún si se incrementa el número de efectivos.

El Estado neoliberal nació con la impronta de dejar librada a la represión y al asistencialismo a una parte de la población. Este cuadro no lo modificó ningún gobierno desde los años 90. La realidad descripta muestra continuidad. Incluso tampoco hay medidas profundas para revertir el hambre (los mismos movimientos sociales ligados al gobierno remarcan las limitaciones de la Tarjeta Alimentar), como por ejemplo expropiar a los grandes productores de alimentos. Lejos de eso, empresas como Vicentín siguen impunes luego de estafar en forma millonaria al Estado.

De esta manera nos encontramos nuevamente con el doble discurso sobre la represión que caracterizó a los gobiernos kirchneristas. Por un lado, declaraciones y algunas acciones simbólicas a favor de los derechos humanos. Por el otro, en la realidad, la perpetuación de las condiciones estructurales del Estado neoliberal, en particular el reforzamiento silencioso del aparato represivo.

Los trabajadores y los sectores populares tienen que tomar nota. No sólo por lo que esto puede significar respecto a nuevos casos de brutalidad policial contra los jóvenes sino también teniendo en cuenta que, tarde o temprano, van a tener que salir a luchar para recuperar lo perdido en los últimos años. Y la Policía que se usa, relegitimada, contra el control social es también la que reprime la protesta.

Sin ir más lejos, a principios de diciembre un operativo policial desalojó brutalmente a los obreros despedidos de Kimberly Clarck que se encontraban tomando la planta de Bernal en defensa de sus puestos de trabajo. Justamente Quilmes es uno de los distritos más afectados por la desocupación luego de varios cierres de fábricas durante los años del macrismo.

Estamos a pocas semanas del inicio de las paritarias y el gobierno de Alberto Fernández, junto a la burocracia sindical, sigue apostando a su aplazamiento. Hay que estar alerta.

* Carla Lacorte es autora del libro La disciplina de las balas. Análisis en primera persona del gatillo fácil y la represión de la protesta en Argentina