El President Puigdemont convocó para el día de hoy la primera reunión de los partidos que defienden la celebración del Referéndum.
Guillermo Ferrari Barcelona | @LLegui1968
Lunes 29 de mayo de 2017
Después de recibir el “enésimo” NO por parte de Rajoy y su Gobierno, Carles Puigdemont convocó una reunión de urgencia de los partidos. El President pretende definir en un lapso no mayor a quince días, la pregunta y la fecha en la cual se convocará el Referéndum de autodeterminación.
Previamente, el sábado, se reunieron la ANC, Òmnium, la AMI, cada una por separado, para sopesar los lineamientos a seguir. Todas estas entidades soberanistas han pedido al President que concretara con celeridad las fechas para celebrar la consulta.
A la reunión están convocados todos los partidos del arco soberanista (Esquerra, PDeCAT, Demòcrates, Més y la CUP) junto a la órbita de los Comunes. Sin embargo, dentro de los Comunes hay algunas contrariedades. Según Domènech, no se entiende por qué la reunión se convoca de un día para el otro y por qué se salta el “Pacte Nacional pel Referèndum”. Por otra parte, el líder de Podem, Dante Fachín, aclaró que sí irá a la reunión. El resto de los Comunes no lo harán.
El PNR venía actuando en la búsqueda de algún acuerdo con las instituciones del Estado español para celebrar un Referéndum pactado. En los últimos meses, el PNR estaba en la busca y captura de apoyos internacionales. Dentro del Pacte hay diferentes colectivos de empresarios, trabajadores, partidos políticos, etc. Y el arco político va desde sectores independentistas hasta otros que sin serlo, plantean la necesidad del Referéndum
La artillería judicial del Gobierno
Mariano Rajoy dejó bien claro, tanto en su carta como en Sitges, que “ni quiero, ni puedo” dejar que se celebre la consulta. Éste sábado habló en Sitges ante los empresarios del Cercle d’Economia quienes le han apoyado claramente en sus propósitos. Por otra parte, Puigdemont fue completamente abandonado por los empresarios del Cercle.
El Gobierno lleva días manifestando que empleará “todas las herramientas” necesarias para impedir cualquier tipo de acción de la Generalitat dirigida a la realización de la consulta. En un discurso con un tono ofensivo, que trata de ocultar una situación defensiva. El 77% de la población está en contra de la política de Rajoy hacia Catalunya (más del 97 en el Principado).
La “artillería” del PP consiste en amenazar a los funcionarios con la inhabilitación y multas si hacen algo referido a la consulta. Llevar cualquier resolución o acción al Tribunal Constitucional. Sancionar, como han hecho con Artur Mas y otros dirigentes. Es decir, que todo será dirimido por el Tribunal Constitucional.
Los argumentos de Rajoy y su séquito es que “es antidemocrático forzar la ley”. Y que es más bien propio de dictaduras pasarse por alto la Constitución. Sin embargo, no está claro que la Constitución prohíba la realización de consultas, incluso la de separación. De todas formas, el derecho de autodeterminación es mucho más antiguo y con ese derecho es que se formaron las naciones modernas. Aun así, no hay que olvidar que la Constitución y esta interpretación restringida han sido impuestas gracias al chantaje de la Transición (que puso al Rey, nombrado por Franco, como jefe de estado) y el Tejerazo junto a un sonoro ruido de sables de aquella época.
La acción del Gobierno cuenta con el apoyo incondicional de Ciudadanos. También ha recibido una llamada por parte del flamante secretario general del PSOE apoyando la encarnizada “defensa de la ley” que hace Rajoy. Bah! Que eso de la España plurinacional solo fue un eslogan de Pedro Sánchez para recoger votos en la interna socialista. En el PSOE todo vuelve a la normalidad. Como ese otro de “Hacienda somos todos”.
Lo que está claro es que el Gobierno y la oposición están claramente en contra de un derecho democrático básico. Pero, peor aún si cabe, es que están en contra de las masivas movilizaciones catalanas que se llevan haciendo año tras años desde 2012 a ésta parte.
Para combatir ésta “artillería” es clave la movilización y la lucha de las masas laboriosas catalanas, en primer lugar. Pero ello es precisamente lo que Junts pel Sí trata de limitar al máximo. Los dirigentes de la antigua Convergència y de Esquerra tienen miedo de la movilización popular. Temen que vayan más allá de la cuestión nacional y se atrevan a solucionar ellos mismos todos los problemas que aquejan a los trabajadores y el pueblo.
La izquierda anticapitalista como la CUP y los Comunes deben romper con los agentes del empresariado catalán y promover la movilización callejera para realizar el Referéndum. Si el 80% quiere votar, no hay fuerza que lo pueda parar.
