El Consejo de la Judicatura Federal informó el día de hoy, que un juez federal decretó una nueva orden de formal prisión por delincuencia organizada, contra María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala.
Viernes 1ro de mayo de 2015
Sin embargo, el lunes pasado, salió a la luz la noticia de la revocación del auto de formal prisión en su contra, a causa de una orden de “reposición del procedimiento”, a causa de violaciones al debido proceso, por no haber permitido a su defensa presentar pruebas en su favor.
Este hecho causó inmediata indignación de los padres de los normalistas y diversos sectores, entre organizaciones sociales, activistas y el movimiento democrático que, a siete meses, sigue exigiendo al gobierno que asuma su responsabilidad en la desaparición de los estudiantes y su presentación con vida.
No es para menos, estos vaivenes del sistema de justicia no hacen más que exponer las insolencias régimen criminal y que no está al servicio de los trabajadores, sino de los intereses políticos del poder.
Ahora, con esta nueva resolución legal del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Pineda Villa continúa en prisión por el delito de delincuencia organizada en modalidad de delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues a decir del juez existen pruebas suficientes para demostrar el cuerpo el delito.
La desaparición forzada: Como si no hubiera existido
A pesar de esta nueva orden de formal prisión y a pesar de la reforma recién aprobada en tema de desaparición forzada por el Congreso, los crímenes contra los normalistas se alejan cada vez más del escenario legal que enfrentan José Luis Abarca y Ángeles Pineda. Una política que ha buscado desde el primer día desgastar al movimiento por Ayotzinapa para que todo siga igual.
La detención policial de los jóvenes el 26 de septiembre pasado en Iguala, su entrega a grupos del narcotráfico relacionados con Pineda, como la propia Procuraduría ha afirmado, aún “son insuficientes”, para que el sistema de justicia responsabilice por desaparición forzada a la pareja Abarca.
Los delitos de lesa humanidad en este país permanecen impunes como vimos con el desenlace para el genocida Luis Echeverría, que murió sin pagar por sus crímenes.
El régimen quiere impedir que la crisis política abierta por los crímenes de Ayotzinapa, derive en un juicio por desaparición forzada que marcaría un precedente ante los miles de desaparecidos de la guerra sucia, bajo dos sexenios panistas y hoy bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto.
