El 7° Juzgado de Garantía de Santiago realizó una audiencia para discutir el cierre de la investigación y sobreseimiento (Suspensión por parte de un juez o de un tribunal de un procedimiento judicial, por falta de pruebas o por otra causa.) en el caso de la ciudadana de nacionalidad Haitiana, Joane Florvil, quien falleció en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, semanas después de sufrir autolesiones estando detenida en una comisaría en 2017.
Jueves 29 de julio de 2021
El caso generó indignación entre la comunidad migrante, afrodescendiente y activista por los derechos humanos, al ser un claro ejemplo del racismo y maltrato de las autoridades a la mujer haitiana, veamos;
El 30 de agosto de 2017, a Joane Florvil la acusaron de abandonar a su hija y la detuvieron en la 48° Comisaría de Carabineros. Estando en el calabozo, se provocó autolesiones que requirieron su traslado de urgencia a la Postal Central el 31 de agosto de 2017.
Días después, el 29 de septiembre fue trasladada de urgencia al Hospital Clínico UC, falleciendo a la mañana siguiente producto de una falla hepática fulminante. Tras su muerte, el INDH interpuso una querella por apremios ilegítimos ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte, realizó la investigación de estos hechos y decidió cerrar la investigación, solicitando el sobreseimiento de la causa, por estimar que no había antecedentes constitutivos de delito, ni responsables de estos.
Es increíble ver la negligencia con que actúa la justicia, los relatos, desgarradores;
Una de las complicaciones que tuvo el hombre de 35 años fue recuperar a su hija que quedó en el Sename tras la detención de Joane, debido a que no tenía documentos.
Todo habría comenzado cuando Florvil le presentó a un hombre chileno que les habló de una oportunidad de trabajo como jardinero en la Oficina de Protección de Derechos (OPD) de Lo Prado, quien estando en el recinto le robó la mochila con sus documentos al interior.
Joane, tras enterarse, fue junto a la pequeña Wildiana hasta la OPD para exigir explicaciones, pero la falta de manejo del idioma le impidió comunicarse.
En ese momento le habría pedido al guardia que cuidara a su hija mientras iba en búsqueda de alguien que pudiera traducir. Sin embargo, al llegar la niña ya no estaba y ella fue acusada de abandonarla, lo que terminó en su detención. Finalmente, tras la muerte de la joven, la Justicia la absolvió de la acusación.
El viernes 23 de julio el 7°juzgado de garantía reabre el caso, a petición del cuestionado INDH, quienes argumentan que la investigación del Ministerio Público no estaba agotada, siendo ejemplo de ello, que no se había tomado declaración a todos/as los/as funcionarios/as involucrados/as, entre otros.
La argumentación sostenida por el INDH, que apuntaba a que el Estado de Chile tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar toda violación a los derechos humanos, con investigaciones de oficio, oportunas, competentes, realizadas por órganos independientes, exhaustivas y con respeto a la participación de las víctimas y de sus familiares, es una aclamación correcta, pero profundamente inconsecuente sabiendo que el instituto nacional de derechos humanos, niega las violaciones a los derechos humanos cometidas en la revuelta popular del año 2019, alineándose con el discurso del gobierno, por lo que, familiares de presxs políticxs y víctimas de trauma ocular mantienen el espacio ocupado por justicia durante más de 3 semanas.
Volviendo al caso de Joane, una víctima mujer, afrodescendiente y migrante. Sufrió efectivamente una discriminación interseccional, que surge cuando hay más de un factor de discriminación o exclusión sobre una persona.
A 5 días del día de la mujer afrodescendiente, afrolatina, afrocaribeña y de la diáspora se hace importante pensar como hacemos frente a estos brutales casos que dejan entre ver, la discriminación y violencia institucional funcionando sobre todo, en los sectores mas precarizados, como en el caso de Joane, quien estaba simplemente buscando trabajo para mantener a su familia.
El movimiento feminista de mujeres y diversidades sexuales tenemos planteado un gran desafío en este sentido, como la justicia es profundamente injusta, de clase y racista, la movilización, unión y articulación entre migrantes, juventud, mujeres trabajadoras, pueblos originarios y cesantes va a ser una presión constante a que estás instituciones con direcciones negacionistas tales como fiscalía y el INDH, se vean obligados a por lo menos responder por este tipo de casos brutales.
Busquemos incansablemente el juicio y castigo a los violadores de los derechos humanos tanto políticos como materiales y luchemos incansablemente también por una sociedad diversa dónde les migrantes no tengan que seguir aguantando discursos de odio 20/7 por parte del gobierno, las autoridades y la represión.
Teniendo los aspectos alegados por el presionado instituto de derechos humanos en consideración, pese a la oposición del Ministerio Público, el tribunal ordenó reabrir la investigación por un plazo de 150 días, con la finalidad de agotar la investigación penal, y avanzar en el esclarecimiento de los hechos y establecimiento de eventuales responsabilidades penales.
