Después de que circulara la información de que la central obrera rechazaba la interrupción voluntaria del embarazo, la burocracia sindical vuelve sobre sus pasos pero insiste con la difícil situación de las obras sociales.
Viernes 6 de julio de 2018
Desde la noche del miércoles circuló la información de que el consejo directivo de la CGT tenía intención de plantearle al ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, la incapacidad de las obras sociales de afrontar el gasto que implicaría esta práctica médica. La conducción de la central sindical recién el jueves por la noche salió a brindar algún tipo de declaración. Antes de eso, lo que hubo fue puro silencio.
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Hay que aclarar que, de aprobarse la ley, la interrupción del embarazo se incorporará al Plan Médico Obligatorio (PMO), por lo que todas las obras sociales tienen la obligación de garantizar de forma gratuita esta prestación.
En la información que se conoció por los medios, la CGT había puesto por delante un tema de "costos" para las obras sociales. Quizás para no afirmar abiertamente que en realidad se oponen a la legalización del aborto.
Es importante recordar que mientras transcurría el debate en las comisiones de la Cámara Baja, el Partido Justicialista emitió un comunicado en donde declaraban su posición contraria al proyecto asegurando que: “El aborto es un elemento ajeno a la cosmovisión justicialista, inescindible de la cultura del descarte”. Es difícil no pensar que la tríada cegetista que pertenece al PJ no comparta estos argumentos.
Pero en las últimas horas, y seguramente tomando nota de la reacción que esta postura generaría en el movimiento de mujeres, integrado también por trabajadoras que forman parte de los sindicatos que integran esa confederación, el triunvirato emitió un comunicado, que entre otras cosas, dice: “La CGT comunica que en el marco del tratamiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, esta central hasta el momento y tampoco en el futuro manifestará una posición institucional sobre el tema por el debido respeto que merecen las convicciones personales, creencias y/o de culto que cada representante del Consejo Directivo, de sus gremios confederados y afiliados representados que esta Confederación posee".
En otro tramo el comunicado continúa: “Por ese motivo, acompañaremos la decisión que derive de la votación en el ámbito del Congreso Nacional”.
No es una noticia nueva la pulseada que mantienen la CGT y el Gobierno Nacional por la liberación de fondos a las obras sociales. Recordemos que antes del paro del 25J, Mauricio Macri había firmado un decreto comprometiéndose a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) a un proceso de liberación de 4.500 millones de pesos de manera no automática y bajo su discreción.
Puede decirse que la CGT sigue cosechando “buenas acciones”. No solo deja que el gobierno descargue el ajuste sobre los trabajadores, sino que además ahora intenta oponerse a que las obras sociales, de las que se valen para engrosar sus arcas personales, garanticen el derecho a interrumpir un embarazo de las mujeres trabajadoras que ellos “dicen” representar.
La declaración de la CGT que se conoció en la noche del jueves es una forma de recalcular y quedar un poco menos en oposición a un reclamo masivo a nivel social.
Por el contrario, se hace necesario que en el conjunto de la clase trabajadora se discutan medidas que puedan permitir la participación de las trabajadoras y trabajadores en la movilización que tendrá lugar el 8 de agosto. Ese día, cuando se trate en el Senado el derecho al aborto, es necesario un paro nacional que permita hacer masiva la participación.
