El miércoles 1º de agosto, los senadores que integran las comisiones de Salud (cabecera), Justicia y Asuntos Penales y Asuntos Constitucionales deberán dictaminar sobre el proyecto proveniente de la Cámara de Diputados para legalizar el aborto. Las maniobras, presiones y operaciones políticas para intentar que el proyecto no avance en el Senado se acrecientan en ese marco. Desde la Campaña Nacional por el Derecho al aborto legal, seguro y gratuito exigen que “no negocien con nuestros derechos”.
Sol Bajar @Sol_Bajar
Viernes 27 de julio de 2018 13:31
Este viernes, el diario La Nación afirmó en su tapa que “los impulsores de la legalización del aborto aceptan cambios para evitar una derrota”. Según el matutino, ante un supuesto avance del rechazo, algunos senadores buscarían consensuar un dictamen que incorpore las modificaciones pedidas por quienes aún permanecen “indecisos”. Aunque esta opción se baraja desde hace varias semanas, a poco del debate en el recinto, comenzaría a tomar forma en el plenario de comisiones de la semana entrante.
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Pese a que todo está sujeto al tiempo condicional, y sobre todo a la movilización en las calles, suponiendo que esta opción prospere en el plenario y luego en el recinto, la iniciativa debería en volver a Diputados para que esa Cámara revise y refrende el proyecto que le llegue, o bien para que ratifique su propuesta original, expresada en la media sanción que conquistó la movilización del pasado 14 de junio.
El poroteo y el cálculo electoral
En el recinto, en el escenario hipotético de que asistan los 72 senadores y senadoras que integran la Cámara, el proyecto deberá contar con la mitad mas uno de los votos para ser aprobado, es decir, con 37 votos afirmativos. En el caso de un empate, quienes se oponen a la legalización ya cuentan con el rechazo anunciado por la vicepresidenta Gabriela Michetti, a cargo del cuerpo.
Se trata de uno de los escenarios posibles de acuerdo a quienes siguen diariamente el llamado “poroteo”. Como sucedió en Diputados, el "fantasma" de la aparente paridad concede a un pequeño grupo de supuestos “indecisos” (unos ocho, se estima) el poder de decidir sobre el destino del proyecto. La paridad también habilita, bajo la amenaza de “así no sale”, nuevas maniobras y negociaciones orientadas a limitar el contenido del proyecto.
Hasta ahora, sólo algunos senadores han manifestado públicamente su voluntad de incorporar cambios al proyecto. Los legisladores Carlos Caserio (vicepresidente del PJ), Ernesto Martínez y Laura Rodríguez Machado (Cambiemos), comenzaron a encabezar esa posición cuando presentaron su propuesta, que trascendió ante los medios como “la opción Córdoba”.
Esta alternativa fue presentada como “intermedia” entre la propuesta de legalización y el rechazo absoluto, por el que bregan los principales referentes de Cambiemos y sectores del PJ, en alianza con la jerarquía de la Iglesia y con apoyo de gobernadores y legisladores provinciales. Una maniobra que, como venimos advirtiendo desde La Izquierda Diario, tiene como fin dilatar, limitar y en lo posible hasta obturar la salida del proyecto.
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Las comisiones y el dictamen
De acuerdo al reglamento interno de la Cámara alta, si en una comisión o plenario de comisiones no hay uniformidad sobre un proyecto, “cada fracción hará por separado su informe”, mientras que “si ambas fracciones estuvieran formadas por igual número de miembros, se considerará dictamen de la mayoría el que sostenga el presidente de la comisión”. De este modo, el dictamen de mayoría que emita la comisión será el primero en ser votado en el recinto.
En este caso, la comisión cabecera es la comisión de Salud, que preside Mario Fiad, quien se pronunció desde un comienzo en contra del derecho al aborto. Sin embargo, hay varias interpretaciones posibles para el artículo referido a los dictámenes de mayoría y minoría en el Senado, y existen quienes afirman también que esto podría atravesar la discusión del próximo miércoles. ¿Será el plenario de comisiones el que se expida con dictámenes comunes de todos sus integrantes, como sucedió en Diputados? ¿Habrá dictámenes e informes por cada una de las tres comisiones que tienen a su cargo el debate del proyecto? ¿Cómo serán contabilizados los votos de quienes integran más de una de estas comisiones? No hay aún comunicación oficial sobre este aspecto y se espera que entre este viernes y el martes 31, último día de audiencias informativas, los presidentes de estas tres comisiones se expidan sobre el tema.
Por otra parte, aunque las definiciones que surjan de ese plenario sean solo indicativas de la opinión de sus integrantes, y no de la totalidad del cuerpo, lo cierto es que definirán con mayor claridad los escenarios posibles de cara al 8 de agosto, por eso también las operaciones se acrecientan y surgen los rumores acerca de senadores que, aunque habían manifestado su apoyo al proyecto original, podrían rever su posición, a favor de la propuesta de cambios al texto que cuenta con la media sanción. Así habría sucedido este jueves, según el diario mencionado, con el senador Eduardo Aguilar (PJ-Chaco), quien habría afirmado que presentará un dictamen propio, de legalización pero con modificaciones. Sin la firma del chaqueño, que integra la Comisión de Salud, el rechazo a la interrupción voluntaria del embarazo pasaría a tener mayoría en las tres comisiones, convirtiéndose por lo tanto en el primero en ser sometido a votación en el recinto.
Con el argumento de evitar la dispersión de quienes estarían a favor total o parcialmente, las maniobras por estas horas parecen orientarse hacia imponer los cambios que promueve la llamada “opción Córdoba”, que buscaría “dejar en minoría” a quienes se oponen al proyecto. Como también anticipó La Izquierda Diario, esta “opción” implicaría la reducción del plazo (de 14 a 12 semanas) para acceder a la interrupción, incorporaría la objeción de conciencia institucional y eliminaría la penalización a los médicos que se nieguen a practicar un aborto, entre otras cuestiones. Otro cambio posible, según los rumores que circulan, sería el que promueve que el Estado financie el acceso al aborto farmacológico en las obras sociales.
Para que no negocien con nuestros derechos
Con un comunicado de prensa que difundió este medio día, la Campaña Nacional por el Derecho al aborto se expidió sobre el tema: “No negocien con nuestros derechos”, dijeron, y rechazaron “cualquier modificación que podría significar retroceder en relación a los derechos garantizados en el articulado de la media sanción. Asimismo esperamos una resolución urgente a este debate porque es nuestra vida, el acceso a la salud y el reconocimiento de la libertad las que están en juego”. El debate se da en medio de una fuerte ofensiva lanzada por la jerarquía de la Iglesia y los sectores más reaccionarios, así como de las alarmantes declaraciones que promueven sus instituciones y figuras más visibles, como la Conferencia Episcopal Argentina, los llamados curas villeros, el médico pediatra Abel Albino, entre otros.
La legalización del aborto no puede quedar en estas manos. El próximo 8 de agosto, para exigir que el proyecto se apruebe sin dilaciones, sin maniobras y sin cambios, es necesario que seamos millones en la calle, para reafirmar el reclamo de ni una sola muerta más por aborto clandestino y de inmediata separación de la Iglesia del Estado.
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Al servicio de construir esa movilización masiva, por estos días se desarrolla una intensa actividad. El paro, el cese de actividades, la exigencia de micros a las conducciones sindicales vuelve a ser una herramienta fundamental para colaborar en que esa día se convierta en una gran jornada nacional en apoyo a este reclamo, por el que hace décadas lucha este potente movimiento. Que las calles se tiñan de verde por el aborto legal, porque se trata, ni más ni menos, que de la vida de las mujeres.
