El Secretario de Educación Pública anunció un plan que podría implicar el cierre de la mitad de las escuelas públicas de educación básica del país.

Sulem Estrada, maestra de secundaria Agrupación Magisterial Nuestra Clase y Pan y Rosas
Miércoles 30 de noviembre de 2016
El pasado 20 de noviembre, el titular de la SEP, Aurelio Nuño, anunció que entre enero y febrero del próximo año se dará a conocer una nueva estrategia de “inclusión y equidad” educativas. Ésta contempla un plan de “reconcentración de escuelas” con el que se pretende eliminar cerca de 100 mil escuelas públicas, reubicando en las que queden a 3.2 millones de alumnos de educación básica.
Atentado contra la educación pública
De imponerse, este plan significaría un salto en el desmantelamiento de la educación pública.
Amenaza en principio a las escuelas rurales, que padecen las mayores carencias, pero también a muchas en las zonas urbanas marginadas, especialmente a aquellas con una matrícula reducida, como las del turno vespertino, telesecundarias y secundarias para trabajadores.
Nuño justificó este brutal ataque a la educación pública, diciendo que las 100 mil escuelas en cuestión concentran sólo al 14% de la “plantilla escolar” del país, en localidades dispersas, “con los peores resultados y la menor inversión”.
Apelando a los criterios de “calidad” y eficiencia empresarial que sustentan la reforma educativa, el gobierno federal quiere simplemente “reducir costos” cerrando escuelas y desplazando o despidiendo a miles de maestros, en el marco del severo recorte al presupuesto educativo y al gasto social en general que decretó para el próximo año, avalado por los partidos patronales en el Congreso de la Unión, con el fin de poder seguir pagando la usurera deuda externa.
Exclusión e inequidad
Aunque la SEP presume una cobertura del 100% en primaria y secundaria, el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) reconoció que en México casi 4 millones de niños y adolescentes no asisten a la escuela, mientras que muchos otros lo hacen irregularmente, sin contar con las condiciones necesarias para poder estudiar.
El plan de Nuño agravará esta exclusión, dejando sin educación básica a millones de alumnos que no puedan trasladarse a otro centro escolar más distante de su comunidad. Sin mencionar las consecuencias negativas que previsiblemente provocará en las comunidades el desarraigo de los más jóvenes, lo que ya está generando descontento y protestas de los padres y madres de familia.
Este plan deteriora la educación de los sectores más pobres, profundizando la precarización de sus condiciones de vida y empujándolos a trabajos miserables desde temprana edad; para ello, tiene que romper el vínculo de los maestros combativos con las comunidades que los respaldan.
Nuño omitió explicar por qué los resultados de las escuelas que quiere cerrar no son los esperados y por qué no se invierte lo suficiente en ellas. Es que su plan no busca resolver las graves carencias del sistema educativo nacional ni mejorar las condiciones de vida de los estudiantes pobres, para que puedan tener un mejor desempeño escolar.
Lo que pretende es sostener sólo las escuelas que por su número de “usuarios” puedan ser rentables para las empresas que quieren lucrar con la educación, aprovechando la llamada “autonomía de gestión” que impuso la reforma educativa.
Se demuestra así, una vez más, que esta reforma no busca mejorar la educación pública sino acabar con este derecho y conquista social, provocando una mayor desigualdad.
¡Ni una escuela menos!
El gobierno federal ha aprovechado el retroceso del movimiento magisterial para avanzar con la reforma educativa, con consecuencias devastadoras para la educación pública, más allá de la evaluación a los docentes.
Pero el reciente paro de cuatro meses de la CNTE demostró que las y los maestros estamos dispuestos a luchar y que no somos sólo nosotros; los padres de familia son nuestros primeros aliados en la defensa de la educación pública. No los diputados y senadores del Congreso que aprobaron las reformas y el recorte presupuestal de Peña Nieto, quienes ahora nos tratan de convencer que la reforma educativa no se puede abrogar sino solo “mejorar”, suavizando algunos de sus mecanismos punitivos. No podemos confiar en que coniniciativas ciudadanas o partidarias, que terminarán en esta cueva de ladrones, vamos a lograr nuestras demandas. Tampoco yendo detrás de políticos como López Obrador y su partido, el MORENA, que nos llaman a votarlos pero también se opusieron a que la reforma caiga con la movilización.
Los maestros y maestras de la Agrupación Nuestra Clase opinamos que necesitamos reorganizarnos democráticamente desde abajo, escuela por escuela, zona por zona y sección por sección. También pensamos que la CNTE y todos aquellos que a lo largo y ancho del país peleamos en defensa de la educación pública y gratuita, deberíamos convocar a más padres de familia, a estudiantes, sindicatos democráticos y a otros sectores de trabajadores, a impulsar un gran frente magisterial, obrero y popular, con total independencia de las instituciones del régimen y de los partidos patronales, para enfrentar en las calles el recorte presupuestal, la reforma educativa y las demás reformas estructurales.
A las mayores exigencias del imperialismo norteamericano que vendrán tras el triunfo de Trump para continuar y profundizar de una u otra forma la dominación y el saqueo de nuestra nación -que amenazarán aún más los derechos y conquistas del pueblo pobre y trabajador a ambos lados de la frontera, más allá de su nacionalidad u origen étnico-, hay que oponer la lucha por el no pago de la deuda externa; por la renacionalización de PEMEX y de toda la industria energética; por impuestos progresivos a las grandes empresas y a la educación privada, entre otras medidas, con el fin de poner esos millonarios recursos al servicio de garantizar que pueda haber realmente alimentación, vivienda, salud y educación como mínimo para todos los hijos de los trabajadores, los campesinos y el pueblo.

Sulem Estrada, maestra de secundaria
Maestra de secundaria