Enrique Peña Nieto anunció el costo de la reconstrucción tras los sismos que azotaron gran parte del centro del país durante septiembre. Se estima que la cantidad ascienda a unos 48 mil millones de pesos, según el mandatario.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Miércoles 18 de octubre de 2017
Los sismos del 7 y 19 de septiembre afectaron a más de 12 millones de personas en el país y dejaron 471 muertos, casi la mitad de ellos en la capital, de acuerdo con una presentación difundida por la Presidencia en una reunión que sostuvo Peña con gran parte de la prensa nacional.
Los sismos dejaron también unas 180 mil 731 viviendas con daños en la Ciudad de México y en los estados de Chiapas, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.
En Xochimilco e Iztapalapa, Ciudad de México, así como en algunos municipios mexiquenses persiste el desabasto de agua. En la colonia Villa Centroamericana, delegación Tláhuac, las autoridades ni siquiera han garantizado la realización de peritajes. Pueblos de Oaxaca y Chiapas están en el abandono, y numerosas familias no dejan los albergues porque no tienen adonde ir. En Puebla, la población aun vive en inmuebles dañados, porque no hubo ningún tipo de avance en la reconstrucción.
Sin embargo, Peña está preparando el camino para que las grandes beneficiarias de la reconstrucción sean empresas junto a inmobiliarias y bancos. No podemos dejar nuestra seguridad en manos de los empresarios cuyo afán de lucro es su principal móvil.
Ejemplo de esto es el caso de los principales representantes de la Coparmex, quienes recientemente señalaron que “no hay ninguna obligación de la reconstrucción de las viviendas de las personas damnificadas”, que incluyen casas, escuelas y hospitales con daños totales.
Una salida para enfrentar la rapiña del gobierno y los empresarios
Ante el crudo panorama que ofrece el gobierno y la clase empresarial que lucra con las necesidades de millones de personas, es necesario apostar a la movilización de las organizaciones obreras y populares que, junto con los sectores damnificados exijan un fondo de reconstrucción –integrado y supervisado por los damnificados–, sobre la base de impuestos progresivos a las grandes fortunas, al no pago de la deuda externa.
También exigiendo la reasignación de presupuestos estatales y el federal –quitando fondos a la Secretaría de Defensa Nacional y la de Marina, protagonistas de la militarización, y a las corporaciones policiales, así como el recorte de salarios, prestaciones y gastos operativos de los altos funcionarios. ¡Que todo funcionario gane como una maestra!
Los socialistas decimos que si bien los sismos son naturales, la tragedia no. Por tal razón el impulso de la movilización debe incluir también la exigencia de juicio y castigo a los responsables políticos y materiales, así como a las constructoras e inmobiliarias sobre las que pesan las casi 400 muertes.
