Se realizó una reunión de evaluación. Peña propone mesa de coordinación con el sector privado. En Jojutla abrió paso a Alsea para la reconstrucción, una de las constructoras responsables del socavón de Paso Exprés en Cuernavaca. Rechazo en la población.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Miércoles 27 de septiembre de 2017
Tuvo lugar en la residencia oficial de Los Pinos una reunión de evaluación sobre los avances para la reconstrucción de los estados afectados por los sismos recientes, encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto.
Participaron varios secretarios como el de Hacienda, José Antonio Meade, y de Desarrollo Agrario, Rosario Robles; además de los gobernadores de las entidades dañadas, y el jefe de gobierno de la Ciudad de México y titular de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), Miguel Ángel Mancera.
Claves de las medidas oficiales y sus mentiras
Peña Nieto, flanqueado por Meade a un lado y al otro por Juan Pablo Castañón, presidente Consejo Coordinador Empresarial (CCE), propuso una mesa de coordinación con el sector privado para encauzar los recursos reunidos para la reconstrucción de las zonas afectadas luego de los sismos de septiembre. Según afirmó Peña, “el gobierno sabe dónde hay necesidades, casas, escuelas e inmuebles del patrimonio cultural afectados”. Respecto a la reconstrucción en Oaxaca y Chiapas, informó que se prevé un esquema de autoconstrucción con asistencia técnica de Sedatu y del sector privado.
Además, dio a conocer que se emitirá un bono cupón cero para que los estados puedan potenciar los recursos del Fondo para Atención de Desastres (Fonden) -20 veces inferiores al dinero que se robaron 10 gobernadores del PRI- y esos recursos irán a monederos electrónicos que serán entregados a las familias afectadas, para la disposición de efectivo y otro para comprar materiales de construcción. ¿Serán como los de Soriana en su campaña electoral?
En el caso de la Ciudad de México, se realizará la emisión de un bono a 20 años y destacó el presidente la ayuda de $3,000 mensuales para renta que el gobierno de Miguel Ángel Mancera destinó a personas que se quedaron sin hogar. Una cifra totalmente insuficiente, insultante, tanto para pagar una renta como para reponer muebles y electrodomésticos que se perdieron tras los derrumbes o porque quedaron en edificios en riesgo de colapsar.
Peña se congratuló que desde los desastres iniciados por el huracán Lidia y luego los sismos recientes, el gobierno atendió la tragedia desde el primer momento. Y expresó su reconocimiento a las fuerzas armadas, soldados y marinos, que respondieron a los damnificados.
Nada más alejado de la realidad: aun no se entregaron las viviendas prometidas en 2013, tras la devastación provocada por el huracán Manuel en el estado de Guerrero –que dejó 101 muertos y más de 16,000 viviendas destruidas.
Hoy, tras los sismos del 7 y del 19 de septiembre la primera respuesta vino de jóvenes, mujeres y trabajadores que corrieron a socorrer a las personas atrapadas debajo de los escombros. Fue el pueblo el que encabezó la recolección y entrega de acopios, y posteriormente, el gobierno intentó meter maquinaria para remover escombros sin importarle si había personas vivas o cuerpos en los derrumbes. Y lo hizo usando a la Marina, el Ejército y la policía –los mismos que reprimen, matan y desaparecen- para impedir la intervención de brigadistas voluntarios.
Aun no se completa el balance de daños. Son 11 las entidades afectadas. Algunos datos preliminares vertidos en el informe gubernamental de este miércoles señalan que se estima que 250,000 personas perdieron su vivienda, hay más de 600 escuelas completamente destruidas. Sólo en Oaxaca, se estima que el costo de la reconstrucción del istmo ronda los 18,000 millones de pesos (mdp). Mientras que para la restauración de patrimonio cultural se calcula en 8,000 mdp.
Según Enki Research, consultora, el costo de la reconstrucción ascendería ahora a 10,000 millones de dólares (mdd), lo que equivale al 1% del Producto Interno Bruto (PIB).
En 1985, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas 1985 el costo de reconstrucción fue de 9,128 millones, entre 2.1 y 2.4% del PIB.
La rapiña que viene y cómo frenarla
HSBC y otras instituciones financieras apenas pasado el sismo del 7 de septiembre abrieron cuentas para “donar” dinero a las zonas afectadas. Se supone que por cada peso donado ponen otro peso. Y así, tienen la posibilidad de captar más dinero para la especulación, sumado a que no hay ninguna garantía de que entregue la ayuda.
Ahora, las máquinas de Aldesa –la constructora de Paso Exprés- en Jojutla y de OHL-protagonista de un escándalo de corrupción- en Tepalcingo, realizan los trabajos de demolición que se han derivado del sismo del pasado 19 de septiembre, cuyo epicentro se localizó en Morelos.
Peña está preparando el camino para que las grandes beneficiarias de la reconstrucción sean empresas como éstas, junto a inmobiliarias y financieras. No podemos dejar nuestra seguridad en manos de los empresarios cuyo afán de lucro es su principal móvil.
Como plantea Sulem Estrada, maestra de secundaria y referente del Movimiento de los Trabajadores Socialistas (MTS) acá: “hay que pelear por una salida que realmente responda a las necesidades de ‘los de abajo’. Los sindicatos y demás organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos que se reivindican democráticas, deberían exigir con su movilización en las calles que se decrete la expropiación sin indemnización de los recursos y bienes de todas las compañías involucradas en fraudes inmobiliarios; un impuesto especial a las grandes empresas; el no pago de la deuda externa y la reducción del sueldo de los altos funcionarios, hasta igualarlo con el que percibimos las maestras.
Esto con el fin de financiar y poner en marcha urgentemente un plan de obras públicas -bajo supervisión y control de las organizaciones obreras, populares y de los damnificados-, para reconstruir de inmediato todas las viviendas, la infraestructura y edificios públicos colapsados o que se tendrán que demoler.”
