Salud Pública. Recortes al INSABI afectarán a pacientes de bajos recursos y enfermedades complejas

Al medio día de este 28 de octubre, diputadas y diputados del MORENA, PT, PES y PVEM, encabezados por Iván Pérez Negrón, aprobaron con 242 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, la reforma a la Ley General de Salud. Èsta, consiste en la transferencia de 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar -adscrito al INSABI- hacia la Tesorería de la Federación a cargo del poder ejecutivo.

Dicha operación estaba contemplada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021 donde, si bien se anunció un supuesto aumento del 9.1% para el sector salud que llevara el presupuesto a 145 mil 415 millones de pesos, resulta que 33 mil millones de ese supuesto aumento, provienen del Fondo de Salud para el Bienestar.

Con la reforma aprobada en San Lázaro, estos recursos tendrán que transferirse a la Tesorería de la Federación a más tardar el 1 de abril de 2021, pese a las consecuencias que este recorte tenga para los institutos y hospitales adscritos a la Secretaría de Salud, cuyos principales recursos provienen del INSABI.

Hipocresía de la oposición

En su papel de “oposición”, diputadas y diputados del PAN y PRD protestaron en la tribuna del congreso y acusaron al partido en el poder de “matar” a la salud publica en México. En un intento por impedir la votación de la reforma, abandonaron el recinto para impedir el quórum necesario. Después vinieron las rechiflas y gritos en el recinto legislativo pero finalmente, se aprobó la polémica reforma.

Hoy, las y los militantes del PAN y PRD se llenan de indignación ante un nuevo ataque a la salud del pueblo pobre y trabajador, pero las y los trabajadores no olvidamos que en sexenios anteriores fueron quienes aprobaron las reformas estructurales, los ataques a las jubilaciones, fomentaron el avance de la privatización en el sector y desfalcaron los hospitales y centros de salud públicos, dejando al IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud (SSA) en números rojos y crisis profundas previo a la pandemia.

Un golpe a la salud de las y los más vulnerables

El Fondo de Salud para el Bienestar (ex Fondo de Protección para Gastos Catastróficos), es el fideicomiso destinado para servicios médicos de alta especialidad para los y las derechohabientes del extinto Seguro Popular.

Los beneficiarios de este fondo son pacientes con enfermedades de alto costo, en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren [1]. Se trata de pacientes pediátricos y adultos de bajos recursos, carentes de seguridad social y con enfermedades graves como el cáncer y trastornos quirúrgicos, congénitos y/o cardiovasculares, que requieren de atención médica especializada -y costosa-, como es el caso de los cuidados intensivos neonatales o protocolos para el transplante de órganos.

Estos pacientes representan una población vulnerable durante la pandemia. Sin embargo, la gran mayoría han visto aplazados y/o suspendidos sus tratamientos y seguimiento médico debido a la estrategia de reconversión establecida por el gobierno de la 4T durante la contingencia sanitaria. Institutos como el Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” o el Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, tuvieron que aplazar la atención de la mayoría de sus pacientes para tratar a pacientes COVID, pese a que no se les dio el presupuesto ni los recursos suficientes para tan titánica labor.

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Unidad para la defensa de la salud pública

Con el recorte y posible desaparición del Fondo de Salud para el Bienestar del INSABI, los más afectados serán como siempre las y los pacientes de bajos recursos y zonas foráneas, que no tendrán posibilidad alguna de cubrir sus tratamientos para enfermedades complejas sin el apoyo de dicho fondo.

Dada la reciente extinción de más de 100 fideicomisos en salud y ciencia por parte del presidente López Obrados y el gobierno de la 4T, el panorama para la salud pública no es menos alarmante. Este gobierno, que hace dos años nos prometió atender las crisis del IMSS, ISSSTE, la SSA y las demandas del sector salud, hoy prefiere destinar cada vez más millones al presupuesto para la Guardia Nacional y es el responsable de que ocupemos el vergonzoso primer lugar en países con muerte de personal del sector salud, dada su negligencia para abastecer de insumos, medicamentos y equipo de protección personal suficientes y adecuados para combatir una pandemia que todavía no llega a su fin.

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Toca a las y los médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, laboratoristas, químicos, intendencia, cocina, administrativos, investigadores y al conjunto de las y los trabajadores de la Secretaria de Salud, en unidad con las y los derechohabientes del INSABI, luchar y movilizarnos para que se mantengan y aumenten los presupuestos destinados para la atención médica de alta especialidad y todos los niveles, sobre todo para las poblaciones más vulnerables y que siguen sin contar con seguridad social y salarios dignos.

Es momento de que los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA) y demás sindicatos en el sector, rompan la tregua con el gobierno. Urge convocar a asambleas de sindicalizados y no sindicalizados en cada hospital y centro de salud, para organizar la resistencia junto a los derechohabientes y acordar democráticamente un plan de lucha para que este nuevo ataque no caiga nuevamente sobre las espaldas de las familias trabajadoras. Hoy, tenemos que estar a la altura de las circunstancias y cumplir con nuestra misión que es la de cuidar y proteger de la salud del pueblo pobre y trabajador.

¡Nuestras vidas y las de nuestros pacientes, valen más que sus ganancias!

*Lucy González es trabajadora precaria de la Secretaría de Salud en la Ciudad de México