Congreso. Recta final del Presupuesto 2023 en Diputados: negociando en el consenso del ajuste

Este jueves se reúne la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados para dictaminar sobre el Presupuesto 2023. Será a partir de las 10 de la mañana. Las negociaciones entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio están en tiempo de descuento para alcanzar los votos necesarios que le den la media sanción en el recinto la próxima semana.

Durante tres semanas desfilaron ministros y funcionarios de distintas áreas para defender la “hoja de ruta”, que inauguró la presentación de Sergio Massa el 28 de septiembre. En el medio, algunos ministros renunciaron después de hacer su presentación. En paralelo a las exposiciones y dos jornadas de debate entre diputados y diputadas, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio fueron avanzando en las negociaciones para hacer los cambios que permitan la aprobación. La sesión será la proxima semana, probablemente el martes 25.

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De entrada, el presupuesto presentado por Sergio Massa y diseñado en una de sus tantas giras a Washington, contó con el visto bueno de Juntos por el Cambio. Luciano Laspina del PRO fue uno de los que dejó constancia en el debate de comisiones: “ha sido muy atinada la forma en que el Gobierno lo ha presentado, con un diagnóstico más realista de la crisis fiscal que vive la Argentina”. Confirmó que su espacio político está dispuesto a votarlo, e hizo un señalamiento particular. “Celebro que haya un reconocimiento de que este nivel de gasto público es insostenible. Esto es bueno para la Argentina, porque cuando lo mismo planteaba Mauricio Macri se largaban a llorar y traían gente acá para hacer espectáculo. El kirchnerismo está protagonizando un cambio histórico en su forma de interpretar los problemas", fueron las palabras de Laspina, economista y referente del PRO.

También Ricardo Lopez Murphy, de tradición liberal que es parte de Juntos por el Cambio, señaló “en este presupuesto hay un ajuste fuerte, no nos engañemos. Para los que les gusta la historia, el doble de marzo de 2001”. El diputado liberal sabe de ajuste: fue ministro de economía de Fernando de la Rúa en plena crisis del 2001, aunque duró en su cargo apenas 15 días por el rechazo que provocaron sus anuncios sacados del recetario clásico de un ultraliberal (bajar salarios, jubilaciones, recortar presupuesto en salud, educación, asistencia social). A pesar de señalar con simpatía el ajuste que se prepara para el 2023, el diputado anunció que no lo votará por otros motivos que tienen que ver con su diagnóstico de que el problema es la emisión monetaria que genera inflación.

Los números del presupuesto dicen más que mil discursos. Empezando por la pauta de inflación, fijada en 60% en el presupuesto. La asignación de partidas está diseñada en base a una proyección que no es creíble cuando se calcula que el 2022 puede terminar cerca del 100%. De esta forma, el 2023 seguirá el mismo rumbo de ajustar a las mayorías, trabajadores formales e informales, jubilados, por la vía del mazazo de una inflación que licúa el poder adquisitivo a ritmo acelerado. Así y todo, con la pauta del 60%, son varias las áreas sensibles que quedan aún por debajo de esa proyección. Es el caso de la asistencia social: la política alimentaria -de la que depende la ex Tarjeta Alimentar- tendrá un recorte del 24,5%, las Becas Progresar un ajuste del 23,5%, los fondos para la Asignación Universal por Hijo, por embarazo y la ayuda escolar tienen una baja del 2,6%. La misma suerte correrán otras áreas como Vivienda (-4,2%), Salud (-15%) y Educación (-11%) donde el recorte más importante está en las universidades nacionales. El plan económico del gobierno está orientado a recaudar dólares por exportaciones (que estiman aumentar en un 7,1%) con destino a la misma ventanilla de siempre: el FMI y acreedores privados. Las riquezas que produce el país se van al exterior, y puertas adentro queda el ajuste, con la meta de achicar el déficit fiscal primario pasando del 2,5% del 2022 al 1,9% en 2023 tal como exige el FMI.

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Las bases de este presupuesto son las que generaron las felicitaciones de Juntos por el Cambio al gobierno. Esta vez, todo indica que tienen allanado el camino para darle media sanción en Diputados, con buena parte del apoyo de la oposición de derecha. El Frente de Todos, que camina en la cuerda floja de una crisis y el malestar social latente de promesas incumplidas, juega todas sus fichas para aprobarlo con la esperanza de remontar sus chances electorales. A diferencia del 2022 donde el presupuesto naufragó en una sesión crispada, esta vez Juntos por el Cambio tiene más interés en que se apruebe. Necesita de recursos y obra pública en las provincias que gobierna. También tiene que encarar la campaña electoral 2023, y mira las cuentas con más atención porque se ven con más chances de volver a la Casa Rosada. En esas necesidades mutuas se juegan las cartas de las negociaciones y pedidos de modificaciones que trabajan ambas coaliciones a contrarreloj. Un camino donde el oficialismo fue adoptando como propias premisas de ajuste de su principal opositor, y en su debilidad crónica se expone más a las exigencias cambiemitas.

Los pedidos de Juntos por el Cambio

Una de las exigencias repetidas es el aumento de subsidios al transporte para el interior del país. Un reclamo que comparten gobernadores oficialistas y opositores, y que Sergio Massa busca destrabar luego de la reunión con gobernadores del Norte Grande que tuvo este martes en Santiago del Estero. El superministro ofreció una salida “al medio”: el pedido inicial era aumentar la partida al transporte de las provincias de 66.000 a 113.000 millones de pesos, y terminaron acordando que ascienda finalmente a 85.000 millones de pesos. Massa aclaró que este aumento no implicará más gastos sino que va a recortar en otras partidas. La urgencia de las provincias por negociar este punto está atravesada con un paro de trabajadores de la UTA en el interior del país, con un alto acatamiento, que reclaman los mismos salarios de sus pares del AMBA.

A pesar de la oferta de Massa, en la tarde este miércoles se reunieron diputados de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal con intendentes de Rosario, Santa Fe y Córdoba para exigir de forma urgente 13.000 millones de pesos hasta fin de año, para desactivar el paro de la UTA. Van a solicitar que la Comisión de Presupuesto y Hacienda de este jueves trate primero un proyecto de Emergencia en el transporte del interior, y advierten que el apoyo al presupuesto 2023 quedará supeditado a estos reclamos.

Hay otros pedidos que se repiten en varias tribus de Juntos por el Cambio, como eliminar algunos artículos. Es el caso del 96 que mantiene las facultades del Poder Ejecutivo para aumentar los derechos de exportación (retenciones), y el 72 que otorga un nuevo blanqueo. A pesar de las ganancias extraordinarias del sector agroexportador (y la transferencia de ingresos que implicó el “dólar soja”) que impactan fuertemente en la inflación de alimentos, desde la coalición opositora insistieron en que las retenciones tienen un “sesgo antiexportador”. Sobre el blanqueo, aunque fue una medida tomada por Mauricio Macri, ahora dicen que no la votarían y proponen que se otorguen beneficios impositivos pero a los que cumplen.

Dos pedidos de modificaciones que vienen haciendo tienen que ver con la carrera electoral 2023. Proponen incluir una cláusula gatillo de revisión si la inflación es mayor a la esperada, para que sea el Congreso quien reasigne partidas. Fue Margarita Stolbizer la primera en hacer este pedido cuando Sergio Massa presentó el presupuesto, y lo hicieron propia otros opositores. Buscan así evitar que si crece más la recaudación del Estado por una mayor inflación, el gobierno utilice ese excedente discrecionalmente. Además piden una aclaración explícita para evitar el adelantamiento de ingresos en el 2023 que correspondan al 2024. Martin Tetaz (Evolución Radical) lo justificó subiéndose por adelantado al podio ganador de las presidenciales: “para evitar gastos que nos corresponda pagar a nosotros en 2024”, dijo.

Las dos alas del radicalismo y el PRO se mostraron colaborativos para votar el presupuesto. La que sorprendió por estos días fue Lilita Carrió: aseguró que “la Coalición Cívica no lo va a acompañar -al presupuesto 2023-, pero en Juntos por el Cambio hay discusiones, porque cada uno mira lo que le conviene a su provincia y no al país”. Llamó la atención porque su espacio fue el que más bregó por aprobarle al gobierno el presupuesto en 2022 a contramano de sus aliados. Otra cuña que metió la Coalición Cívica fue con la propuesta de eliminar paulatinamente el régimen de beneficios para Tierra del Fuego, que desató la furia de la UCR expresando su rechazo en un comunicado.

Frente de Todos: ¿la casa está en orden?

A pesar de los dardos que lanzaron desde Juntos por el Cambio “felicitando” al kirchnerismo por el ajuste de este presupuesto, las y los diputados que responden a ese espacio optaron por el silencio en el debate de las comisiones. No hubo ninguna confrontación. Solo el santafesino Marcos Cleri, que se referencia en ese espacio, tomó la palabra para hacer un modesto pedido: actualizar el fondo de emergencia social para las ciudades de Rosario y Santa Fe, y que tengan asignaciones específicas en vez de ir a gastos corrientes.

Una de las voces de este sector de la coalición que defendió públicamente el presupuesto de Sergio Massa, fue Fernanda Raverta, la titular de ANSES. Fue a exponer a Diputados pidiendo su aprobación, y agregó otro condimento. Aseguró que la fórmula de movilidad jubilatoria que votó este gobierno es “virtuosa” y que la jubilación mínima está acorde a la canasta básica total por adulto equivalente del Indec. Recordó la cifra de la canasta básica por adulto: en agosto fue de $38.756 y en septiembre será de $41.159. Que un jubilado o jubilada pueda vivir con menos de $42.000 por mes es, por decir lo menos, una fantasía que solo puede sostener alguien que no tiene idea de la realidad de las y los adultos mayores. A menos que sea el reconocimiento de una política para mantener jubilaciones de indigencia.

Aunque el Día de la Lealtad peronista volvió a exponer las diferencias internas de la coalición de gobierno que persisten, no parece que el plano discursivo vaya a plasmarse en acciones concretas que busquen cambiar el rumbo económico actual. Es sabido que el sector liderado por la vicepresidenta es un sostén clave de Sergio Massa desde que asumió en Hacienda, incluso haciendo un ajuste más recargado que el del cuestionado Martín Guzmán.

Con la debilidad en la que está el gobierno, y su necesidad de encarar el 2023 con un presupuesto, es difícil que se repita el escenario de la votación del acuerdo con el FMI de “dejarlo correr” sin votarlo. El gobierno tiene menos margen para dar un paso en falso que arriesgue su aprobación y el apoyo conseguido en Juntos por el Cambio.

Este jueves, cuando se firme el dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, sabremos si quienes no votaron el acuerdo con el FMI ahora le ponen el gancho al presupuesto 2023. Son integrantes de la comisión dos diputados que votaron en contra del acuerdo con el FMI (Marcos Cleri y Emiliano Estrada) y dos que se abstuvieron (Sergio Palazzo e Itai Hagman). El único que anunció que votará en contra del presupuesto es Juan Carlos Alderete (CCC) junto a su compañera Verónica Caliva.

La oposición al ajuste en las calles y el Congreso

La bancada del Frente de Izquierda viene participando activamente en el debate del presupuesto y dejó un mensaje claro. Así como enfrentaron en las calles y el Congreso el acuerdo con el FMI, van a rechazar este presupuesto de ajuste hecho a la medida del organismo internacional. Ante tanto clima de consensos entre el oficialismo y la oposición de derecha, fueron los cuatro diputados y diputadas del Frente de Izquierda los únicos que expresaron en todo el debate la defensa de los intereses de la clase trabajadora y los sectores populares. Lo hicieron con las preguntas a los distintos ministros y funcionarios que expusieron, aunque recibieron evasivas en la mayoría de los casos.

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Así lo demuestran activamente en las protestas contra el ajuste en discapacidad, con los trabajadores del SUTNA que lograron un triunfo, con las y los residentes de la Ciudad de Buenos Aires, las organizaciones sociales que reclaman trabajo genuino y aumento en los programas sociales, las familias que pelean por tierra y vivienda, o la docencia de todo el país.

El presupuesto 2023 podrá aprobarse en el Congreso entre el oficialismo y Juntos por el Cambio. Pero en la calle el ajuste se siente y el malestar social latente sigue dando expresiones de lucha y organización.

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