Tras 8 años de gestión en la rectoría de la UCR, Henning Jensen anuncia su jubilación anticipada en mayo, dejando en manos del Consejo Universitario la elección del nuevo rector, lo cual viene a destacar el carácter antidemocrático de la institución. Tras de sí, una universidad con un alto porcentaje de trabajo precarizado, un presupuesto cada vez más cerca del déficit y una serie de medidas de exclusión a estudiantes de estratos vulnerables.
Viernes 17 de abril de 2020
El período de Jensen como rector, debía finalizar el 18 de mayo según el calendario universitario, fecha que se correspondía con la elección de la persona que ocuparía su cargo hasta el 2024. La carta del actual rector, indica su preocupación por acatar los procesos estipulados por los estatutos, que en este caso particular trasladan la elección de la rectoría al Consejo Universitario, condicionando su elección únicamente hacia las personas que ocupen el cargo de vicerrectores.
Es decir, la elección que pesará sobre la enorme comunidad universitaria (con más de 40.000 estudiantes y 4000 trabajadores) quedará en manos de 13 personas. La desproporción en la toma de decisiones vitales para la universidad presenta la cara más antidemocrática de la universidad: deja por fuera a las grandes mayorías que conforman la comunidad universitaria.
La exigencia del voto universal debe estar en primera línea para garantizar un proceso democrático de toma de decisiones dentro de la universidad: un voto para cada estudiante y trabajador/a de la universidad. Con o sin cuarentena, la medida del voto universal es una demanda que lleva años en discusión dentro de la comunidad universitaria. La emergencia del COVID-19 viene a señalar el alcance de las medidas antidemocráticas estipuladas en los propios estatutos y reglamentos de la universidad. Así como también abre la discusión de cuál debe ser el rol de las asociaciones y representaciones estudiantiles.
Sabemos que dentro del Consejo existen dos puestos de representación estudiantil, ocupados por representantes del directorio FEUCR de Alternativa, pero estos no han demostrado tener mayor conflicto con la elección antidemocrática de la rectoría. Es claro que la universidad está atravesando un momento que rompe completamente con la normalidad del funcionamiento de cualquier institución.
No es hora de que los estatutos primen por encima de las condiciones de acceso a la educación y la salud de miles de familias, todo lo contrario, las representaciones estudiantiles -desde las asociaciones de estudiantes hasta las propias Federaciones- deberían ser la punta de lanza que exija una universidad que gire todo su funcionamiento hacia las comunidades, las familias más empobrecidas y de aquellos trabajadores y trabajadoras sobre quienes se pretende descargar la crisis sanitaria y económica.
El llamado a conformar Comités de Crisis en esta coyuntura, hace eco de las exigencias surgidas dentro de amplios sectores del estudiantado, en denuncia de las medidas elitistas de la administración. Al mismo tiempo, la discusión recae sobre quién debe decidir el que hacer de la propia universidad y la administración de sus recursos. Los Comités de Crisis, conformados por estudiantes, docentes y administrativos, pueden cumplir un rol de organización en la gestión de una universidad al servicio de las grandes mayorías, que sea capaz de producir materiales necesarios para la atención de la pandemia -ya demostrado con la producción de respiradores y máscaras de bajo costo en la UCR y el TEC. Así como también para garantizar medidas de organización y discusión de manera inmediata dentro de la comunidad estudiantil, cualquier intento de postergar la discusión de las medidas de ajuste y de atención de la crisis para cuando “pase la crisis” es un intento ingenuo, debemos actuar ya.
¿Qué universidad deja la rectoría Jensen?
En su comunicado, de manera cínica, Jensen afirma que “a pesar de las grandes dificultades (...) nuestra universidad ha estado a la altura de las exigencias de esta enorme crisis”. Pero, ¿a qué dificultades se refiere el rector? En medio de una campaña que suma más de 1500 firmas por la suspensión del semestre, las constantes denuncias desde sectores estudiantiles que están siendo expulsados por la propia universidad, y las demandas del sector docenteque dan cuenta de la falta de preparación y la discriminación propia de las medidas adoptadas por la universidad durante la pandemia, queda claro que son los sectores más vulnerables de la sociedad quienes deben cargar sobre su espalda las medidas con las que la universidad se está poniendo a la “altura” del momento. Esto al margen de las denuncias sobre la precarización del personal en interinazgo y la creciente tercerización de labores dentro de la universidad.
Reducciones arbitrarias en los depósitos de las becas, desalojos de estudiantes beneficiados por el programa de Residencias Estudiantiles y la “facilitación” de la renuncia de los cursos para aquellas personas que no tienen acceso material a internet, computadora o en general a un ambiente adecuado para proceder con el semestre, son algunas de las grandes dificultades invisibilizadas por la administración universitaria. Una universidad “a la altura de las exigencias de la crisis” debería garantizar que todos sus recursos materiales, intelectuales y técnicos giren a la atención de las necesidades de las grandes mayorías.
El comunicado señala además que la universidad “ha respondido con gran compromiso con sus propias responsabilidades internas y con las necesidades del entorno social”. Sin embargo, días atrás, las redes sociales de estudiantes y docentes se colmaron de denuncias sobre el forzado giro a la virtualización del semestre, con plataformas deficientes que muestran constantes caídas del sistema y que, de plano, imposibilitan una dinámica pedagógica adecuada -producto de la falta de preparación para el giro virtual. Por otro lado, el propio Consejo Nacional de Rectores (CONARE), que por años ha sido la correa de transmisión de las orientaciones del Banco Mundial y gobiernos ajustadores como el de Luis Guillermo Solís y el actual gobierno de Carlos Alvarado, anunció un nuevo recorte al presupuesto universitario, siguiendo las directrices gubernamentales.
Estos recortes, sumados a las ya de por sí deficitarias negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), atentan directamente contra aquellos sectores que, en los hechos, están siendo excluidos de la educación superior: quienes deben trabajar para poder mantener su carrera debido a la falta de becas, a quienes dependen de los montos de hambre asignados por la universidad -lejanos a los costos de vida reales en los alrededores de las diferentes Sedes y Recintos de la universidad.
Ante las medidas antidemocráticas: ¡voto universal y comisiones de crisis!
