Rectores de distintas universidades en México se reúnen de forma virtual, junto con funcionarios gubernamentales, para problematizar la situación de sus instituciones educativas sin tocar ciertas situaciones de fondo.
Arturo Rendón Académico de la agrupación Nuestra Clase
Jueves 23 de abril de 2020
El 17 de abril, rectores de las 196 universidades públicas y privadas de todo el país anunciaron que, la resolución tomada en una reunión virtual fue que no se podría volver a clases presenciales, al menos por este semestre ya que, en el contexto de la propagación del Covid-19, eso se vuelve irresponsable y peligroso. En esa reunión también acordaron buscar alternativas para poder asignar calificaciones a los alumnos de las distintas instituciones, ya que es problemático que el semestre se haya interrumpido de una forma tan abrupta.
Los académicos debieron buscar alternativas ya que los exámenes finales no se podrán hacer de forma presencial ni los calendarios originales podrán ser aplicados, así que aprobaron un documento en donde declaran que: “Por ello, se debe pensar en el diseño de un modelo de evaluación virtual que implique la entrega de evidencias por parte de los estudiantes”.
También se sugirió que estas medidas se apliquen de una manera equitativa e inclusiva, atendiendo a la población estudiantil que se encuentra en circunstancias de desventaja económica y, para ello, apelando a la solidaridad, solicitaron el apoyo individual de los estudiantes, docentes, sindicatos, del personal administrativo y directivo, así como de las autoridades educativas, pero sin tocar un peso de los presupuestos destinados a las universidades.
Frente a esta situación, la Secretaría de Educación Pública dejó claro su posicionamiento: flexibilizar los procesos y los calendarios escolares, en especial lo que tiene que ver con los alumnos de primer ingreso y las reinscripciones, donde el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, dio su punto de vista para resolver el problema: impulsar nodos de desarrollo económico y solidario con la población a través de su infraestructura, con el fin de dar paso al emprendimiento, con lo que se podría crear grupos de apoyo que fortalezcan diez grupos de cooperativas en producciones de bienes y servicios.
¿No están olvidando algo?
El diálogo que los rectores han emprendido entre sí, pareciera estar basado en la democracia y la solidaridad (de los trabajadores y estudiantes) ante la pandemia, pero ¿no están olvidando que para que esa solidaridad pueda ser efectiva se requieren que lxs trabajadorxs y alumnxs cuenten con condiciones mínimas de subsistencia y salud? Al parecer, se les pasó por alto.
Tan sólo recordemos el caso de la Universidad del Sur, que despidió a profesores injustificadamente en medio de la expansión del Covid-19. Este atropello no es exclusivo de esa institución privada, ya hay decenas de denuncias de casos similares y, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), las y los profesores despedidos por reclamar sus derechos laborales, aun no consiguen que se atiendan sus reclamos a pesar de su grave situación en medio de la pandemia.
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Constantemente se pide la colaboración de los trabajadores, los académicos y los sindicatos por parte de las autoridades, pero el trato no es recíproco, porque suelen ser esas mismas autoridades las que implementan esquemas de precarización laboral y pérdida de derechos. Un buen ejemplo es la situación de los profesores de asignatura o temporales, quienes no tienen estabilidad laboral además de que con frecuencia se dedican a más de un trabajo para poder sobrevivir.
Se ve complicado que trabajadores contratados bajo este esquema puedan dedicar todo el tiempo que se necesita para llevar adelante estos planteamientos, ya que en realidad se está hablando de la reestructuración de la educación superior y de sus esquemas educativos para poder enfrentar la pandemia. Pero si no se cuenta con las condiciones laborales y de vida dignas mínimas, resultará imposible que se pueda prestar esa “solidaridad” a la que tanto apelan las autoridades universitarias.
Además, para poder contar con plataformas digitales que permitan renovar la forma de enseñar, se requiere de infraestructura, como fue señalado por Concheiro, sin embargo, para eso se necesita mayor presupuesto para la educación superior. Ahora, ¿Cuál ha sido la posición del gobierno frente a este tema? El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya declaró que no invertirá más presupuesto en las universidades públicas.
De hecho, varias instituciones de educación superior están al borde de la quiebra, algunas de ellas saqueadas por los gobiernos corruptos anteriores que perpetraron cuantiosos desfalcos, inclusive en operaciones como “la estafa maestra”.
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Frente a esta situación, se vuelve imposible la petición de Concheiro, cuya propuesta de crear sociedades cooperativas parece más, una forma de deslindar al gobierno de la responsabilidad del rescate de las universidades en quiebra, que una verdadera solución.
¿Se lo habían preguntado alguna vez?
La problemática planteada por los rectores es tratar a los alumnos sobre bases de “criterios equitativos e inclusivos” pero, ¿Cuáles son las condiciones que hacen posible esa equidad y esa inclusión? ¿Se lo habían preguntado alguna vez? Y es que el asunto parece ser abordado de forma superficial. Por ejemplo, no es lo mismo un alumno proveniente de instituciones como la Universidad Iberoamericana, el Tecnológico de Monterrey o la Universidad Anáhuac que las universidades públicas.
Es aquí donde la posición del gobierno mediante el subsecretario Concheiro se vuelve más ambigua, pues, como ya dijimos, la situación económica de las universidades públicas es cada vez más complicada y desventajosa frente a las privadas.
En realidad, la crisis económica universitaria es estructural y profunda, y tiene que ver con cómo se ha administrado la educación superior, por lo que, la solución siempre va en función de, si ésta es una prioridad para un gobierno o no. Al parecer, por el momento, no.
