Diariamente millones de pesos del presupuesto a la salud, son transferidos a empresas privadas, que logran ganancias por servicios subrogados en las instituciones públicas de salud de todo el país.
Sandra Romero México | @tklibera
Viernes 31 de julio de 2015
La privatización del sector salud se impone a pasos agigantados, con los servicios subrogados que se han multiplicado durante la última década y hoy se extienden prácticamente a todos los institutos públicos de salud.
Esta forma de privatización acelerada, ha sido denunciada por trabajadores del sector, especialistas y académicos durante años, coinciden en que el esquema forma parte de la entrega de los servicios de salud a una diversidad de empresas y del desmantelamiento de la seguridad social.
Contratos sin licitación por compadrazgo
El gobierno otorga contratos por subrogaciones, en su mayoría sin licitación pública, que terminan en manos de empresas ligadas a los funcionarios que las contratan.
Una de estas licitaciones basadas en compadrazgo político, fue la que conocimos tras la tragedia de la guardería ABC, que destapó la vinculación de sus dueños con Margarita Zavala esposa del expresidente Felipe Calderón.
Los recursos públicos de la salud terminan en manos de la iniciativa privada, que cubre servicios y vende productos de todo tipo, desde cosas mínimas hasta procesos quirúrgicos complejos y de rehabilitación.
Por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) existen contratos por servicios tan básicos que podrían cubrirse por trabajadores del sector, como pintura del mobiliario, resguardo de inmuebles, suministro de gasolina, traslado de cadáveres, recolección y transporte de residuos peligrosos, mantenimiento de aire acondicionado y refrigeración, mantenimiento a equipos de esterilización, instalación de calentadores de agua, digitalización radiográfica, etc.
Sin embargo, el gobierno se ha negado a contratar personal durante años, pues su política no es fortalecer al sector, sino vaciarlo para predisponer una realidad de “carencias y crisis”, que resuelve con ingerencia privada.
El discurso siempre es que “faltan recursos”, pero existen contratos privados como los de radicación de entrega y/o de boletos de avión y lavado y planchado de trajes regionales.
Además el gobierno compra servicios directos al derechohabiente, como guarderías, ambulancias, laboratorio, diálisis y hemodiálisis, hemodinamia, electrocirugía, banco de sangre, procesos de mínima invasión, perfil de tamiz neonatal, quimioterapia, etc.
Algunos de estos contratos son otorgados ilegalmente, como denunciaron empresas inconformes hace unos años, acerca de los servicios subrogados de hemodiálisis, que beneficiaron a Olegario Vázquez Raña con 3 mil millones de pesos en tres años, a pesar de las quejas de pacientes por recibir un trato negligente e inhumano.
También existen adquisiciones de toda clase, como productos químicos, alimentos, material de curación, endoprótesis, prótesis y ortesis, refacciones de equipo médico, etc.
El gobierno justifica para todo este consumo la carencia de servicios, falta de personal, falta de equipo o insumos que el mismo ha generado.
Las causas de fondo
Aunque el Estado aún está obligado a proporcionar servicios de salud pública a la población, los últimos sexenios los gobiernos en turno se han dedicado a vaciar los institutos, impedir nuevas contrataciones de personal y negar la construcción y ampliación sustancial de hospitales.
Este ataque inició un falso debate sobre la supuesta crisis del sector, cuando el presupuesto a la salud se recorta como parte de una política que pretende justificar su privatización.
Tan sólo en 2015, la Secretaría de Salud y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), sufrieron un recorte de 3 mil 339 y mil 500 millones de pesos respectivamente, lo que afectó en primer lugar áreas de capacitación y contratación de personal, construcción y adquisición de tecnología.
Existe un debate abierto sobre las intenciones del gobierno de Enrique Peña Nieto contra el sector salud y su propósito privatizador con la reforma al artículo 4 constitucional y la Ley General de Salud, para crear un Sistema Nacional de Salud Universal.
Pero la privatización ha avanzado enormemente a través de los servicios subrogados y con cada administración avanza una visión tecnócrata que buscan sacar provecho de la seguridad social.
Así ha sido la gestión de Mercedes Juan en la Secretaría de Salud, que de paso coloca sus grupos de interés para promover cada vez una mayor participación privada donde son los trabajadores quienes pagan sus planes.
