Los prostíbulos de Riviera y Saratoga vuelven al centro de la polémica. La trama de corrupción en la que veinte personas fueron condenadas por delitos de explotación sexual y soborno ve reducidas sus condenas por multas y la absolución de quince personas de las veinte condenadas.
Raquel Malvasía Barcelona | @RaqMalvasia
Viernes 9 de octubre de 2015
Foto EFE Archivo
Durante seis años estos prostíbulos estuvieron recibiendo un trato especial mediante sobornos: los agentes de la Policía Nacional imputados les avisaban de las redadas que, además de hacerse en días de mínima pérdida económica para los empresarios, les permitía ’ocultar’ a mujeres en situación de prostitución ’sin papeles’ y/o menores. Así rezaba el auto dictaminado por el juez en 2012. Sin embargo, el Tribunal Supremo no ha considerado suficientes las pruebas que se presentaron contra los imputados.
En el caso del comisario Luis Gómez, jefe de la unidad contra la inmigración ilegal, había sido condenado por la Audiencia a seis años de prisión por delito de soborno continuado, y a catorce años de inhabilitación de cargos públicos. Sin embargo, el Tribunal Supremo le ha reducido los años de cárcel a la mitad, quedando así una pena de inhabilitación y 12.000 euros de multa. Además, le exculpa de la omisión de perseguir delitos.
Según el TS sólo se puede probar que el comisario dejase de realizar las inspecciones policiales contra dichos centros. En aquellos países en los que el Estado persigue a las mujeres en situación de prostitución, las redadas, identificaciones y el acoso a mujeres y ’clientes’ no hacen si no agravar la situación de persecución de estas mujeres.
Bajo el mismo argumento se ha reducido la pena a los dos inspectores Andrés Otero y José Javier Martín Pujal, quien fuera acusado de extorsión al dueño del Saratoga y condenado a cinco años y medio de prisión ha visto su pena reducida a dos y medio y tres de inhabilitación.
También se han visto beneficiados los dueños de los dos centros a quienes se les anulan las condenas por inducción a la prostitución y por asociación ilícita reduciendo así su pena de cárcel de casi diez años a lo que no llegan a ser dos años, por cohecho.
Así es como el Tribunal Supremo disminuye a mínimas las condenas a uno de los mayores casos de corrupción en Cataluña cuyos participantes del CNP llegaron a cobrar hasta 6.000 euros al mes. El caso de los centros de Riviera y Saratoga no son más que un ejemplo de la estrecha relación entre policías y proxenetas; incluso la Justicia se ha visto salpicada por casos como este.
