DIADA 2021. Referéndum a 2030 y súplicas por el aeropuerto ¿La CUP aún no rompe su acuerdo con Aragonés?

La Diada pospandémica que se celebrará este sábado en Barcelona en muy poco se parecerá a las grandes manifestaciones vistas en la década procesista. La principal convocante, la Asamblea Nacional de Catalunya, ha preparado un recorrido modesto y ya ha anunciado que el efecto coronavirus restará asistencia. Pero, reproduciendo la frase que ha hecho famosa el conseller de Sanidad Josep Maria Argimon: “Perdoneu, però no és per la covid!”.

La República por un aeropuerto, o puede que ni eso

El movimiento democrático catalán ha sido desactivado. No es solo mérito del Tribunal Supremo y la represión ejercida desde el Estado central, tanto con el PP en Moncloa como con el PSOE y UP. Las direcciones procesistas, con el nuevo president Aragonés a la cabeza, hace tiempo que decidieron volver a la senda de la gestión autonómica. Con la llegada de los fondos europeos, y ante la posibilidad de captar hasta 40 mil millones del paquete total, tanto a ERC como a JxCat les entró de nuevo el “seny” de Estado que caracterizó durante décadas al virrey Pujol.

Así, hace poco más de un mes, el conseller Puigneró y el president Aragonés sellaban la nueva hoja de ruta con el acuerdo para la ampliación del aeropuerto de El Prat. “La República por una nueva pista de aterrizaje”, parecería una venta a bajo precio, pero la cantidad de millones de inversión no era menor, 1600. En esta cantidad terminaron de tasar la compra-venta: el Estado volvería a invertir de forma preferente en Catalunya, a cambio de que eso de la amnistía y el derecho a decidir quedara para los discursos en los días de fiesta, como el próximo sábado.

Aragonés llegó incluso, hace menos de una semana, a aplazar la posibilidad de un referéndum a 2030. Una fecha que parece se está convirtiendo en el nuevo mantra milenarista. Todo comenzará entonces, también la imaginada empresa pública de energía de Podemos en base a la caducidad de las concesiones hidroeléctricas que se alargan hasta entonces.

Como la política catalana acostumbra a dejar a House of Cards como una serie de trama simple, no han faltado nuevos giros de guion. La oposición social a la ampliación de El Prat, que se expresará el próximo 19 de septiembre en una manifestación que se prevé supere con creces la asistencia a la Diada, llevó a ERC a separarse del proyecto presentado por Moncloa. Aragonés aclaró que no renunciaba a la ampliación y convertir el aeropuerto catalán en un Hub internacional, solo discrepaba en la afectación al entorno natural protegido de La Ricarda. El aumento de casi 30 millones de viajeros y emisiones equivalentes a dos ciudades de Barcelona no eran para este hijo de familia de hoteleros ningún problema, ¡Qué extraño!.

El Govern asumió esta posición, confiado en que su gesto no haría peligrar el proyecto. El gobierno central y AENA no necesitan ninguna autorización de la Generalitat para hacer la ampliación. Uno de los recortes del Estatut, realizado en el Congreso y no en Constitucional, fue precisamente eliminar las competencias aeroportuarias a las que aspiraba el gobierno catalán. Pero ayer un “bombazo” sacudió la tarde en Palau: si no hay apoyo de la Generalitat, no habrá ampliación ni la inversión prometida de 1600 millones.

Aragonés denuncia que estamos ante un “chantaje” del Estado y este jueves los equipos de ERC y el PSOE trabajan a contrarreloj para salvar el primer encuentro de la Mesa de Diálogo previsto para la semana que viene y, de paso, ver como arreglan el sainete del aeropuerto.

Un Govern de gestión autonómico al que la CUP se niega a quitar el apoyo

Más allá de estas idas y venidas lo que queda meridianamente claro es que el actual govern de la Generalitat y los partidos procesistas que no componen no están preparando ningún “embate democrático”. El prometido Acuerdo Nacional por la Amnistía y la Autodeterminación, que se ha propuesto para presidir al cupaire David Fernández, será la enésima institución de cartón piedra de un porcesismo en decadencia.

Más claro queda aún, por si hubiera alguna duda, de que el gobierno presidido por un neoliberal de carrera como Aragonés – amigo personal de grandes directivos del IBEX35 – y que tiene en Economía a Jaume Giró, un ex directivo de La Caixa, no han venido a aplicar políticas “en favor de la gente”. Lo del aeropuerto, las negativas a internalizar servicios sanitarios, los desahucios a cargo de la BRIMO y un infinito etcétera están ahí para demostrarlo.

A pesar de esto la CUP sigue embarcada en su llamado “nuevo ciclo”. Una deriva que les llevó incluso a plantearse sumarse al ejecutivo catalán, aunque finalmente optaron por investir a Aragonés y quedar como soporte parlamentario a su govern. Lo hicieron a cambio de un acuerdo de mínimos con ERC, en el que ya se dejaron buena parte de su programa, y a pesar de que días antes de la investidura ERC firmara otro con su socio de gobierno, JxCat, que convertía en papel mojado los acuerdos con la CUP.

Desde entonces el papel de la CUP se viene limitando a señalar y criticar al Govern, pero negándose en todo momento a romper con él, dar por muerto el acuerdo de investidura y retirarle todo apoyo parlamentario. En definitiva, la CUP pone el grito en el cielo de tanto en tanto en alguna rueda de prensa, pero sigue sosteniendo al gobierno que está enterrando el movimiento democrático catalán y diseñando una salida de la crisis a favor de las grandes empresas y familias, en la misma línea que lo hace el gobierno “progresista” en Moncloa.

Así cuestiona el rumbo de retorno a la autonomía, pero mantiene su “tregua” de dos años a la Mesa de Diálogo. Así señala como “línea roja” la ampliación del aeropuerto, pero días más tarde se muestra dispuesta a sentarse a negociar los Presupuestos. Así denuncia la presencia de la BRIMO en los desahucios, pero este hecho y otros de carácter represivo, como al permanencia de las acusaciones de la Generalitat, no es ningún motivo para generar la más mínima crisis institucional al Govern.

Reforzar lo social pero ¿para qué política?

Paralelamente, la CUP, de cara a su base social y parte de la electoral, mantiene el discurso de “preparar un nuevo embate” y “reforzar los social”. Orienta hacia el fortalecimiento del tejido asociativo en barrios, entre la juventud e incluso en los centros de trabajo, un espacio por otro lado donde mantiene una bajísima presencia.

Pero esta necesaria resistencia social a los tiempos de crisis y ajustes que vienen, esta nueva acumulación de fuerzas para poder volver a desafiar al régimen ¿Para qué proyecto político se ha de construir? En esto, la CUP pareciera estar dispuesta a repetir la historia de su política de “mano extendida” de la década procesista: que la enorme energía social que se desató con el movimiento democrático catalán permanezca subordinada a un papel de mera “presión” sobre la dirección encabezada por los partidos de la burguesía independentista.

Una vieja receta que plantea pelear en el terreno de lo social en clave de “presión” o “corrección” al govern, pero seguir siendo la muleta del enésimo gobierno procesista que juega al trilero con discursos, cada vez menos, sobre el derecho a decidir, que tapan una política que hace imposible conseguirlo. Que presione desde afuera contra los ajustes, pero sin generarle demaiada crisis que ponga en peligro al govern que se propone ser el aplicador en Catalunya del proyecto de salida de la crisis financiado con los fondos europeos.

Preparar realmente un nuevo embate y preparar la resistencia a los años de ajustes y contrarreformas que vienen junto a los fondos europeos al rescate de las grandes empresas, no es posible con una política semejante. Es hora de que la CUP rompa definitivamente con este llamado “nuevo ciclo”, que no es más que la continuidad y profundización de una política que la convirtió en furgón de cola de un procesismo hoy en bancarrota.

Para fortalecer realmente lo social, a la vez que se construye una verdadera alternativa política desde la izquierda anticapitalista, es imprescindible trazar una línea roja: la absoluta independencia política de los partidos de la burguesía independentista. Es urgente que la CUP, si quiere que sus críticas al Govern no sean consideradas un brindis al sol, rompa su acuerdo con ERC y retire todo apoyo parlamentario a este gobierno.

En el próximo periodo es imprescindible orientar las energías de la juventud, la clase trabajadora y los sectores populares a reforzar nuestra capacidad de lucha y autoorganización. En los centros de estudio, los barrios y sobre todo los centros de trabajo, combatiendo y barriendo a la burocracia sindical que hoy parasita los grandes sindicatos. Haciendo frente a los despidos, cierres, contrarrefomas, ajustes y desahucios, peleando por un programa para que esta crisis la paguen los capitalistas. Peleando con los métodos de lucha de la clase trabajadora, como se mostraron episódicamente el 3 de octubre, por el derecho a decidir y acabar con el Régimen del 78, en una pelea común con el resto de trabajadores y trabajadoras del Estado.

Una hoja de ruta así no se puede construir desde una “leal oposición” al Govern, sino peleando por la emergencia de una izquierda distinta, anclada en la independencia política, un programa anticapitalista y que ponga el centro de gravedad en el desarrollo de la lucha de clases. Volver a las calles es fundamental, hacerlo en base a las lecciones de una derrota que se visualizará en la Diada menos nutrida desde 2011 es imprescindible.