450 familias podrían pagar las deudas de Cristóbal López si la ex Refinería se va a la quiebra. Aún no saben si cobrarán en abril, hay riesgo ambiental y ningún gobierno les garantiza los puestos de trabajo.
Miércoles 28 de marzo de 2018
El pasado lunes funcionarios de AFIP e interventores de Oil Combustibles Sociedad Anónima designados por el juez Cosentino se reunieron en Buenos Aires. Según informaron desde el sindicato luego de la reunión “sólo queda plata para pagar la luz y asegurar los haberes de marzo” de los 450 trabajadores directos que tiene la compañía, pero no así para los trabajadores tercerizados y dependientes de Oil.
Los negocios millonarios de Cristóbal López dejaron a la ex Refinería San Lorenzo 8 mil millones de evasión de impuestos que, si se les suman intereses y punitorios, suman 17 mil millones. Pero eso no es todo, el pasivo de la empresa alcanza los casi 20 mil millones de pesos.
Mientras tanto, el Ministro de Energía Aranguren sigue mirando para otro lado. Unos meses atrás decía estar seguro de que Oil sería “adquirida por una firma internacional en algún momento”. Este ex CEO de Shell, actual accionista, sabe es su propia “firma internacional” la que ha tomado la provisión de las 280 estaciones de servicio a las que Oil proveía de combustible y asfalto con la distribuidora Podestá. Una “yapa” de ganancia del 8% del mercado mientras Oil siga inactiva.
No sólo es un sinsentido enorme que una refinería cuyas capacidades de almacenamiento de 340.000 m3 por día y una capacidad de 8 mil metros cúbicos de almacenamiento esté al borde de la quiebra cuando podría estar aprovisionando de combustible accesible a la zona y sosteniendo puestos de empleo, sino que la total parálisis de la planta conlleva un riesgo ambiental que crece día a día. Son al menos 100 puestos de trabajo los necesarios para el mantenimiento de la planta que evitarían incidentes que llegarían a afectar a varios barrios de la localidad de San Lorenzo y al río con derrames de petróleo, entre otras cosas.
El gobierno provincial de Lifschitz y el intendente Raimundo tienen la obligación de evitar una catástrofe ambiental en una zona que, además, en los últimos meses se vio afectada por explosiones en las cerealeras Cargill y Cofco. Consultado por este diario, el dirigente del PTS en el Frente de Izquierda Octavio Crivaro señaló: “En caso de que la empresa se declare en quiebra, para evitar que cientos de familias empleadas por Oil, además de otras tantas que son empleadas por tercerizadas deberían expropiar sin pago la empresa y ponerla a funcionar bajo control de los trabajadores y organizaciones ambientales de la zona que puedan reactivar la planta y prevenir cualquier situación que afecte la salud de los habitantes de la ciudad. La relación directa entre peligroso panorama que afronta la localidad, el mantenimiento de los puestos de trabajo y el cobro de sueldos si este conflicto no se resuelve pronto, es evidente. El Estado tiene que garantizar los sueldos de los trabajadores de forma inmediata, porque las deudas son ajenas.”
