El “gasolinazo” y la liberalización del precio de combustibles son prueba de que el “Nuevo Modelo Energético” anunciado por el gobierno benefician al capital privado a costa de la entrega de la industria energética estratégica nacional. La Reforma Energética tiene como objetivo central acelerar el desmantelamiento y la entrega de toda la cadena de valor de petrolíferos a las empresas transnacionales.
Miércoles 4 de enero de 2017
México cuenta con 6 refinerías propiedad de PEMEX (Petróleos Mexicanos) en Salina Cruz, Tula, Minatitlán, Cadereyta, Salamanca y Madero, con una capacidad de producción promedio de 1,092 miles de barriles por día (mdb). Sin embargo, hace tiempo que el gobierno cedió a la presión del gran capital internacional para quebrar la industria estatal de los petrolíferos (derivados del petróleo) en México para favorecer de las trasnacionales petroleras como Exxon, Chevron, BHP, responsables de las grandes catástrofes ambientales.
Los antecedentes de la crisis actual
La refinería de Madero, Tamaulipas, se construyó en 1914 y las de Minatitlán y Salamanca en la década de 1950. En 1977 y 1979 comenzaron operaciones las tres últimas refinerías que se construyeron (Tula, Salina Cruz y Cadereyta respectivamente). Desde entonces, los distintos gobiernos de la época neoliberal se empecinaron en el desmantelamiento de la industria petrolífera, en donde la Reforma Energética aprobada en diciembre del 2013 es el clímax de esta entrega.
En 1998 fue la primera vez que la producción nacional no cubrió la demanda interna de combustibles. Para los siguientes años, después de ser un destacado país exportador, la política del gobierno se abocó a volvernos un país estructuralmente dependiente de la importación de combustibles y otros derivados del petróleo.
Las importaciones de combustibles crecen a un ritmo impresionante. Solamente en un año, del 2014 al 2015, las importaciones de gasolinas crecieron a una tasa de 15.3% condenándonos a que en el 2015 el 53.8% del consumo de combustibles fuese importado. Es decir que la política energética del gobierno hizo que en 15 años pasáramos de ser autosuficientes a importar más de la mitad del consumo de combustibles. Existe ya una riesgosa dependencia de petróleo de los EE.UU. que se expresa en que incluso la entrada de divisas por remesas enviadas por mexicanos al país en el 2015 (casi 24 mil 800 millones de dólares), superó las exportaciones petroleras.
La Secretaría de Energía (Sener), en su Diagnóstico de la Industria de los Petrolíferos en México (2016), sostiene que la demanda nacional de gasolinas va a crecer de 771 mdb en 2016 a 1,147 mdb en el 2029. Siendo congruentes con la evolución de los datos del propio gobierno, parece que el plan oficial es que en los próximos 15 años estemos importando casi la totalidad de los combustibles que requiere México para sus necesidades industriales y de transporte. Es la historia anunciada de un plan que se propone el quiebre total de la industria petrolífera nacional. Han tratado de quebrar y entregar a Pemex desde la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que entró en vigor el 1 de enero de 1994 y con la firma de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) en el gobierno de Vicente Fox, y que ahora Peña Nieto, bajo el régimen del Pacto Por México, lo profundizó.
¿Cómo terminaron con la Seguridad Energética Nacional?
En este mismo Informe la Secretaría de Energía sostiene que las refinerías nacionales no están funcionando a su capacidad instalada. ¿Por qué? Cínicamente lo reconocen: por “falta de mantenimiento y recortes presupuestales”.
Los planes para quebrar la empresa consiguieron que, mientras las refinerías en Estados Unidos operan a una capacidad promedio del 90%, refinerías como la de Minatitlán lo hacen al 45%. Los aumentos en el costo de las gasolinas son consecuencia directa de los planes para quebrar lo que fue la empresa paraestatal más importante de México. Mientras las clases medias y los sectores populares pagan cada vez más por combustibles, los funcionarios de la Sener y de Pemex se enriquecen con la corrupción que ellos mismos promueven y requieren para quebrar la empresa.
Un desmantelamiento que no cesa
Las modificaciones legales que implicó la Reforma Energética permiten ahora que toda la cadena de valor pueda pasar a manos del capital privado (refinación, transporte, almacenamiento, comercialización, distribución, y expendio público). Esto significa que están en riesgo de ser entregadas al capital privado las 73 terminales de almacenamiento terrestres, 15 marítimas, 5.213 km de oleoductos, 8.940 km de poliductos, y más de 11.000 estaciones de servicio (gasolineras) en las 5 regiones del país (acuerdos firmados el 15 enero 2015 y publicados en el Diario Oficial de la Federación).
Los trabajadores petroleros de base han denunciado los planes de quiebre para Pemex porque la falta de mantenimiento ha costado la vida de muchos obreros en recurrentes accidentes industriales. El desmantelamiento de la cadena de valor también ha dejado a miles de familias en las calles. Quienes se atreven a cuestionarlo son reprimidos severamente por la burocracia asesina del sindicato usurpado por el senador priísta Carlos Romero Deschamps. Este dirigente que hace más de 20 años viene entregando las conquistas de los trabajadores petroleros, quien fuera promotor de la forma energética en el Senado y que negoció los despidos de miles de trabajadores contemplados por la reforma.
Para detener el alza al costo de las gasolinas y la escalada de precios que ya inició en perjuicio de la población trabajadora, es necesario echar abajo la Reforma Energética y los planes de subordinación del régimen de la alternancia a las necesidades de seguridad energética del imperialismo estadounidense, luchando codo a codo en las calles los trabajadores petroleros, los sindicatos y los sectores sociales que rechazan el gasolinazo, los planes de miseria y autoritarismo de este gobierno entreguista.
Para frenar esta ofensiva pro-imperialista, es necesario que los petroleros luchen por recuperar su sindicato, echando a la burocracia sindical (charros) y poner su organización al servicio de la renacionalización de todas las áreas privatizadas de Pemex, poniendo la industria energética bajo control y administración de sus trabajadores, los únicos que pueden garantizar precios baratos a la población trabajadora de los bienes derivados del petróleo, la explotación racional y con las adecuadas medidas de seguridad en la explotación de los recursos naturales.
