Jueves 12 de febrero de 2015
El día 5 de febrero de este año apareció publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal un decreto que faculta al Registro Civil para expedir actas de concubinato (sin distinción de género) y de nacimiento que reconozcan la identidad de género.
Desde el mes de noviembre pasado, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó una iniciativa del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, que permite que las personas que inicien su trámite para ser reconocidos por el Estado, según su propia identidad de género, ya no tengan que pasar un largo proceso el cual les imponía, como si de enfermos se tratase, un peritaje médico para detectar trastornos psicológicos.
Ya no es necesario acreditar ningún tipo de intervención o terapia, como era el largo y penoso tramite del “acta por reasignación para la concordancia sexo-genérica” que tras su modificación se nombrará “nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género” y el tramite se realizará en cualquier Registro Civil.
A esto se suma la creación de una comisión para garantizar los derechos de los que soliciten dicha acta de nacimiento conformada por las Secretarias del Gobierno y Desarrollo Social, el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación del DF, Consejería Jurídica y de Servicios Legales y el Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de los Derechos Humanos.
Estos avances no han sido regalos del GDF o de Mancera, menos aún del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Las agrupaciones trans de la ciudad han hecho mucha presión para intentar avanzar en este sentido, la propia sesión que aprobó la iniciativa de ley en noviembre para que se “desjudicializara” el proceso dio cuenta de ello (13/11/14), donde los colectivos trans se hicieron presentes y echaron consignas para la aprobación de la iniciativa.
Mucho tiene que ver también el desgaste del PRD en el último periodo ante la crisis política que generó el caso de Ayotzinapa, tener que enfrentarse a la desbandada que sale día tras día, e intenta recomponerse con sectores sociales que ha buscado cooptar a lo largo de los años como es el caso de la diversidad sexual y que, al pasar las elecciones, se transforman en pequeños avances que serán nuevamente usados como botín político en una nueva crisis política o nuevas elecciones.
Tal es el caso del concubinato que dota de los mismos derechos que una pareja casada (derecho que no se conquistó con la obtención del matrimonio igualitario), y con requisitos como la cohabitación, la convivencia por dos años o la existencia de hijos en común.
Lamentablemente, este es uno de los tantos problemas que debe enfrentar la comunidad trans en este país, que ocupa el segundo lugar mundial en homofobia y transfobia (tanto en actos de discriminación, segregación e intimidación, como expresado en crímenes de odio).
La realidad: discriminación y abusos
No sólo es la imposibilidad legal de ser reconocidos por nuestras identidades, sino que también debemos soportar la discriminación, sobre todo laboral, la segregación social y el cierre de oportunidades, inclusive académicas, las cuales son constante en este país. Recordemos el caso de Agnes Torres, activista por los derechos trans, que a pesar de ser estudiante destacada en la Universidad de Puebla en la carrera de Psicología, nunca logró titularse debido a que la Universidad no aprobó el cambio de nombre en sus papeles al momento de su asesinato, que por cierto se suma a la lista de asesinatos por transfobia sin esclarecer y que han sido catalogados como crímenes pasionales, siendo que ella completó el trámite legal para obtener su reasignación sexogenérica en el DF.
Los crímenes de odio, los policías que siguen cometiendo abusos y extorsiones en contra de la diversidad sexual o la discriminación laboral, por poner ejemplos, no han cambiado mucho a pesar de la gran cantidad de iniciativas que el gobierno perredista del DF ha aprobado; tal es el caso del Protocolo para la Atención de Miembros de la Comunidad LGBTTTI que Mancera publicó en el 2013 para la atención “digna” de las identidades de género y las sexualidades. Reflejo de esto, es que la diversidad sexual sigue siendo el sector que denuncia más abusos por parte de la policía ante el CONAPRED y la dificultad de la comunidad trans para encontrar empleo formal, cayendo en muchos de los casos en el autoempleo, el entretenimiento y la prostitución. Estos problemas cuestionan el rol de los partidos patronales y evidencia su papel como agentes de los empresarios, legales e ilegales, cuyos intereses no se tocan ni siquiera en las campañas electorales.
Pero ¿cómo enfrentar que el avance en conquistas del sector de la diversidad sexual languidece, siendo que el DF es la segunda entidad del país con mayor número de crímenes de odio y la primera en denuncias de discriminación por orientación sexual e identidad de género en el país?
¿Cómo se interpreta la extensión nacional de los derechos de los LGBT si México es el segundo país de América Latina con más denuncias de agresión a este sector? ¿No será que la alianza entre la diversidad sexual, las mujeres, estudiantes y los trabajadores se tienen que fortalecer y apoyarse mutuamente?
No son sólo los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, no es sólo el feminicidio. Los “daños colaterales” de la guerra contra el narco y los crímenes de odio vuelven este país de muertos en algo que no se puede recomponer mediante la vía institucional como bien lo han demostrado las Jornadas Globales por Ayotzinapa. La verdad histórica está cifrada por cada nuevo asesinato y desaparición en México que sólo pueden enfrentarse articulando la radicalidad política y la unidad de todas las luchas.
