Macri hunde cada vez más en la pobreza a jubiladas y jubilados. Pero su Gobierno adhirió a la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Sábado 13 de octubre de 2018
Imagen Mariana Nedelcu | Enfoque Rojo
A las 9 de la mañana la voz del reloj electrónico de la oficina de Pami, con su “acceso correcto”, va indicando el inicio de la jornada laboral. Entrevistas extensas, cargadas de sentimientos que recorren el enojo y la bronca, pasando por el llanto.
Para quien se desempeña en el área del servicio social de la institución, la rutina se completa con visitas en domicilios o en clínicas, que se vuelven difíciles ante las pocas respuestas satisfactorias que se pueden dar.
Se suma en los últimos meses la entrega de ropa a afiliados y a su familia, a través de un ropero solidario armado por el personal ante tanta necesidad.
Consultas, discusiones, intentos de resolución de trámites, mates entre compañeros. Carga infinita de datos en el sistema. Papeleo, mucho papeleo, siempre hay papeleo.
A las 4 de la tarde la misma voz saluda a empleados y empleadas: “acceso correcto”. Un hasta mañana.
Un día cualquiera, como tantos otros que van transcurriendo, pero que en el último tiempo está atravesado por una crisis que golpea feroz y velozmente a la clase trabajadora. Y que ha tomado a los viejos y viejas como variable de ajuste.
Al final de cada jornada, y cada vez de forma más recurrente, hay lugar para reflexiones sobre la citación de la vejez en nuestros días.
1.
El gobierno de Mauricio Macri adhirió a la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a través del Decreto 375. Una norma vinculante, que implica un compromiso de los estados adherentes en el desarrollo de acciones y políticas que den respuesta a los derechos establecidos para los adultos mayores. Fue aprobada en junio de 2015, siendo ratificada por el estado argentino en mayo de 2017, con rango constitucional.
Su primer artículo declara la necesidad de “promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”.
Si se continúa leyendo la convención se encuentran principios y recomendaciones a seguir, se insiste, adheridas por el actual gobierno:
Como se observa, se trata de una convención que, como tantas leyes y normas escritas y re escritas queda sólo en el papel.
El Estado que, desde décadas y a través de los distintos gobiernos declama una prioridad de los adultos mayores en la agenda pública, trata a ese sector de la población como descarte.
Quienes trabajan en la obra social, comparten con los adultos mayores una realidad que dista mucho de lo establecido en la Convención.
2.
Del universo de adultos mayores (que en Argentina alcanza el 11,2 % del total de la población) el 41 % de los jubilados y jubiladas cobra un haber mínimo, que se encuentra en $ 8.637, cuando la canasta básica de alimentos para un adulto mayor supera los $ 20 mil.
Sumado al brutal aumento de tarifas y transporte, las cuentas no cierran y el mes tampoco.
Nada que decir (en realidad sí y mucho) sobre quienes perciben la pensión universal por adulto mayor (PUAM), beneficio previsional para aquellos que no han llegado a los treinta años de aportes, que representa el 80 % de un haber mínimo y hoy no llega a los $ 7 mil.
Con respecto a quienes perciben este beneficio, en el proyecto de presupuesto para 2019 habrá más restricciones a su acceso, ya que no tendrán la opción de seguir trabajando para completar los aportes faltantes. Una clara intención de continuar el hundimiento en la miseria.
En los últimos tiempos se ha incrementado la convivencia de varios grupos intergeneracionales, donde los jubilados se convierten en sostén de hogar al ser el único con un ingreso pobre, precario pero estable, frente a la desocupación y precarización laboral que castiga mayoritariamente a la juventud.
Desocupación y precarización que se prolonga en las condiciones de vida de los viejos y viejas. Los castigados de hoy en el mercado laboral, serán los castigados mañana en su jubilación.
Convivencia también de generación de jubilados, como consecuencia de una mayor longevidad con la consecuente fragilidad sanitaria y las dificultades en la atención.
Jubilados y jubiladas sin atención sanitaria adecuada, con una obra social con prestaciones cada vez más recortadas y con mayor complejización en la realización de trámites, debiendo llegar en casos extremos al reclamo vía judicial. Situación compartida con el resto de la población, pero que al ser más vulnerable complejiza la situación de hecho.
Entre tantas tormentas, poco pueden los y las jubiladas pensar en tiempo de ocio, recreación, o un simple descanso.
En este contexto, el sistema de trabajo en instituciones de la seguridad social que intenta romper los lazos de solidaridad con quien solicita la atención.
Atención al público que se ha vuelto producción en serie, con prácticas mecanicistas entre quien demanda y quien gestiona el recurso: una aspirina para calmar el cáncer que genera el sistema.
Funcionarios que permiten, avalan y sostienen esta maquinaria que se fundamenta sobre lo productivo, por lo que es inevitable que los viejos sean marginados (como si fueran una especie extraña).
Viejos fuera del sistema productivo, del mercado formal de trabajo; por lo que se convierten en un constante “gasto”, según la mirada administrativa de los funcionarios del Estado capitalista, dada la prolongación de la vida y la fragilidad de la misma.
3.
Hablar de vejez en Argentina es hablar de un sector mayoritariamente pobre, en condiciones de extrema vulnerabilidad. Los distintos gobiernos han usurpado de forma permanente los fondos de los jubilados para pagar deuda y en beneficio del financiamiento del Estado.
Es claro que por más convenciones y declaraciones de buenas intenciones que se firmen, el Gobierno sigue a rajatabla el evangelio según Lagarde quien, sin ponerse colorada, planteó que “los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global”. Esta es la convención que aplica fielmente el Gobierno.
El impacto de las políticas de ajuste sobre los jubilados ha generado un gran malestar social que tuvo su punto más alto en las contundentes movilizaciones de diciembre de 2017. En esa ocasión el Gobierno logró la aprobación de la ley gracias a la ayuda aportada por legisladores y burocracias sindicales autodenominadas opositores pero amigotes al fin.
Pero la bronca popular que tuvo que enfrentar en las calles durante esas jornadas constituyó un duro golpe que le hizo perder gran parte de su electorado. Bronca que se traduce en la lucha de todos los sectores que enfrentan día a día esta crisis.
Las buenas intenciones de la Convención solo se podrán concretar con un gobierno de los trabajadores que encare estas transformaciones necesarias para su concreción.
Una alternativa construida entre la clase obrera y los sectores oprimidos, con las jubiladas y los jubilados en la primera fila para tomar el destino en sus propias manos.
“Cuando se ha comprendido lo que es la condición de los viejos, no es posible conformarse con reclamar una política de la vejez más generosa, un aumento de las pensiones, alojamientos sanos, ocios organizados. Todo el sistema es lo que está en juego y la reivindicación no puede sino ser radical: cambiar la vida” (Simone de Beauvoir).
