Magisterio. Reforma Educativa 4T, ¿dónde quedó el cambio?

El año pasado, López Obrador ganó el voto de la mayoría de los maestros, entre otras cosas, por su promesa de “cancelar” la reforma educativa. El 12 de diciembre, ya como Presidente, entregó a la Cámara de Diputados una iniciativa que pretendía dicha “cancelación”.

Ya en su momento marcamos lo que consideramos elementos de continuidad en la iniciativa de AMLO respecto a la reforma educativa impuesta por Peña Nieto, el Pacto por México, Mexicanos Primero y la OCDE.

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Prácticamente todo lo que señalamos entonces se mantiene ahora en el Proyecto de Decreto —que pretende aprobarse en estos días— elaborado por las comisiones unidas de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, aunque éste último, avalado por el Morena y todos los demás partidos, retoma otros elementos neoliberales de la reforma peñanietista y va más allá.

Tanto en la iniciativa de AMLO como en el proyecto de los diputados se plantea, palabras más palabras menos, el derecho de los maestros a la formación, la capacitación y la actualización. Esto constituye una necesidad del sistema educativo mexicano, pero por ningún lado se ve que los cursos que conlleva vayan a tomarse dentro de nuestro horario laboral, alternándolos con la labor frente a grupo, sino que todo indica que seguirán siendo a contraturno, en fines de semana o en receso escolar, como en el sexenio anterior, arrebatándonos tiempo de descanso y esparcimiento, algo también necesario para la enseñanza.

En cuanto a la evaluación docente, si bien en la iniciativa del Ejecutivo se deroga lo referente a la misma para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio, el proyecto de la Cámara baja lo retoma, aunque quitando la cuestión de la permanencia. Se preserva de esta manera, en el artículo tercero, un régimen de excepción laboral para el magisterio, en lugar de estar regulado por el apartado B del artículo 123 como el resto de los trabajadores al servicio del Estado.

Pasando de un concurso de oposición y una evaluación obligatoria en la reforma del Pacto por México, a procesos de selección para la admisión, la promoción y el reconocimiento del personal, la legislación que quieren aprobar mantiene liquidado el derecho de los normalistas egresados a una plaza automática, así como los derechos escalafonarios de los maestros en servicio.

Por su parte, Esteban Moctezuma dejó claro hace unas semanas que el aumento salarial de los maestros estará sujeto a la evaluación diagnóstica de la que ahora se habla, misma que, según el Proyecto de Decreto, retroalimentará el sistema de formación-capacitación-actualización.

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Así, aunque sin estar ya vinculada a la permanencia en el servicio, la evaluación docente seguirá siendo un mecanismo vertical de control burocrático sobre el magisterio; contraria a una evaluación horizontal, desde las escuelas, basada en la organización democrática de las comunidades.

Todo esto constituye lo que ahora se llamará Sistema para la Carrera de las y los Maestros (Servicio de Carrera Profesional del Magisterio en la propuesta de AMLO; Carrera Magisterial-Servicio Profesional Docente bajo Peña Nieto), que apunta a la generación de maestros de primera y de segunda, y a salarios desiguales por el mismo trabajo frente a grupo; sembrando división entre maestros cuando, tanto la capacitación y la actualización —dentro del horario laboral— como el aumento salarial, deben ser generalizados.

Además, se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Sistema Nacional de Evaluación Educativa con Peña Nieto), coordinado por un organismo público descentralizado (Centro para la mejora continua de la educación en la Iniciativa AMLO) que asumirá los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) creado en la administración pasada, con funciones análogas y extendidas.

Tanto en la Iniciativa del Presidente como en el Proyecto de San Lázaro, se incorpora la facultad del nuevo organismo que sustituirá al INEE para “acreditar/establecer los criterios que deben cumplir” las “instituciones/instancias” autorizadas para certificar “el desempeño de las instituciones, las autoridades y los distintos actores de la educación/los procesos de la mejora continua de la educación”, adentrando y avalando así —como señala Lev Velázquez (La Jornada, 17/03/19)— a las empresas dedicadas al negocio de la certificación.

Por otro lado, si la reforma de la OCDE abría la puerta a la injerencia de la iniciativa privada en la educación pública mediante los consejos de participación social, esto será posible ahora, según el Proyecto de las comisiones unidas, ya sea ocupando directamente cargos en la Junta Directiva o en el Consejo Técnico del nuevo organismo descentralizado, para cuya designación se emitirá una convocatoria pública “a fin de que las instituciones educativas, organismos de la sociedad civil organizada (por ejemplo Mexicanos Primero) y sociedad en general presente propuestas”; o bien mediante su integración, “como representantes de los sectores involucrados en materia educativa”, al Consejo Ciudadano con que contará dicho organismo, esto último también previsto en la Iniciativa presidencial (Consejo Consultivo-representantes de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a esta materia).

Lo anterior, sin que se sepa hasta ahora qué pasará con las tendencias privatizadoras y los lineamientos empresariales contenidos en el programa Escuelas al CIEN, la autonomía de gestión escolar y el Nuevo Modelo Educativo. Aunque sí tenemos claro que la OCDE —a invitación de Esteban Moctezuma— participará en la elaboración del proyecto educativo mexicano.

Junto a ello, algo rebatido ampliamente por especialistas en la Consulta educativa, el parlamento abierto y los medios de comunicación, es el problema de introducir —tanto en la Iniciativa como en el Proyecto— el concepto elitista y empresarial de excelencia en sustitución del concepto de calidad, también duramente criticado.

Por último, respecto a la obligatoriedad de la educación superior contenida en la iniciativa de AMLO, los diputados afilaron las garras y la dejaron sujeta a cumplir “con los requisitos solicitados por las instituciones respectivas” (léase en primer lugar exámenes de admisión). De esta forma, como señala Hugo Aboites (La Jornada, 16/03/19), “un instrumento de selección clasista que, antes no tenía sustento legal, ahora, por ser un requisito, pasa a tener rango constitucional”.

La versión de reforma presentada por los diputados obedece a las negociaciones de la bancada del Morena con el PRI, el PAN, el PRD y MC para lograr una mayoría calificada.

Con todo lo anterior se demuestra que, lejos de oponerse realmente a la reforma educativa de Peña Nieto, la de la “Cuarta Transformación” la continúa en diversos aspectos, incluso profundizando su vena neoliberal, por más que López Obrador, en su conferencia matutina de hoy, asegurara el cumplimiento de su promesa de cancelarla.

Movilización de la CNTE

Ante la posibilidad de aprobación del proyecto de decreto de los diputados, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha vuelto a movilizarse exigiendo la abrogación total de la reforma educativa y acabar con el régimen laboral de excepción para el magisterio, anunciando una jornada de dos días en la CDMX.

Ayer, cientos de maestros de la Sección 22 de Oaxaca arribaron a la CDMX para bloquear los accesos del Palacio Legislativo de San Lázaro, logrando que se levantara la sesión.

Los diputados de las comisiones unidas, sin embargo, intentaron sesionar en el Senado, a donde se trasladaron los maestros, impidiendo nuevamente la reunión. Antes, el diputado Mario Delgado, coordinador del MORENA, intentó negociar con la Coordinadora ofreciendo un agregado: “Artículo 16° transitorio. Las relaciones laborales del personal que ejerza la función magisterial se regularán por el artículo 123 apartado B y en lo relativo a la admisión, promoción y reconocimiento por lo establecido en el articulo tercero, ambos de esta constitución”, toda una burla.

Por la mañana, la comisión negociadora de la CNTE se reunió con Esteban Moctezuma, Mario Delgado y la diputada Adela Piña. Ahí, el titular de la SEP expresó que sólo así como está el Decreto se puede aprobar por mayoría calificada, pues de lo contrario se quedaría la reforma de Peña Nieto.

Por la tarde, la Sección 22 emitió un comunicado en el que se exige un diálogo con AMLO antes de que se apruebe el dictamen de ley.

En junio de 2018, la dirigencia de la CNTE tomó la decisión de levantar el plantón que sostenía a las afueras de la SEGOB contra la reforma educativa, como muestra de “buena voluntad” y de confianza en las promesas de López Obrador, cuyo triunfo electoral se sentía ya inminente.

Frente a la Reforma Educativa 4T, la CNTE no tiene ningún motivo para seguir poniendo en el centro de su política la búsqueda de diálogo con el gobierno.

Hoy López Obrador llamó a los maestros oaxaqueños al diálogo; de concretarse, para que eso no se convierta en una trampa que lleve al desgaste y el retroceso de la lucha, la clave está en buscar todas las vías para generar una correlación de fuerzas favorable al magisterio.

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No a la continuidad de la reforma educativa

Como mostramos arriba, tanto el Proyecto de San Lázaro como el de López Obrador representan, en varios puntos, continuidad con la reforma educativa de Peña Nieto.

En consecuencia, desde Nuestra Clase consideramos que para conquistar la abrogación total y efectiva de la reforma educativa, es indispensable levantar una política independiente para desarrollar la lucha, sin ninguna confianza en el gobierno, los partidos o las instituciones del régimen, más allá de los diálogos que pueda haber.

Conscientes de las expectativas que aún hay en la 4T, pensamos que para hacer realidad el cambio hay que impulsar la organización democrática desde las escuelas y la movilización unitaria de maestros, normalistas, madres y padres de familia; convocando a los estudiantes que también se verán afectados, en particular los de media superior; buscando la unidad con otros sectores de trabajadores que están saliendo a luchar, como las obreras y obreros de Matamoros y los sindicatos universitarios en huelga; llamando a los sindicatos que se reclaman democráticos, como los agrupados en la Unión Nacional de Trabajadores, la Nueva Central de Trabajadores y el sindicato minero, a parar en solidaridad.

Opinamos que la CNTE, como referente nacional de lucha, debe retomar e impulsar esta política independiente para vencer.

Simultáneamente, estimamos que las distintas alas charras del SNTE serán obsecuentes con cualquier cosa que se legisle. Esa gente no nos representa, pero están divididos y tienen poca credibilidad, por lo que consideramos que las condiciones están dadas para empezar a dar la pelea por la democratización de nuestro sindicato, y recuperarlo como instrumento de organización y lucha de los maestros para defender nuestros derechos, conquistar nuestras demandas y por la educación que merecen los hijos del pueblo trabajador.

Con esa perspectiva, y ante la próxima renovación, proponemos impulsar en las escuelas la conformación de planillas para disputar delegaciones sindicales de base, democráticas, que incorporen entre sus demandas, por ejemplo: la reducción del número de alumnos por grupo; la construcción de más escuelas, bien equipadas y con plantillas completas; plazas automáticas y basificables para los egresados de las normales; basificación de todo el personal con más de 6 meses de servicio; actualización docente dentro del horario laboral; jornadas de seis horas, cinco días a la semana, con cuatro horas frente agrupo y dos para planificar, evaluar, atender padres, etc.; aumento sustancial al presupuesto educativo, que puede provenir de impuestos progresivos a las grandes fortunas, del no pago de la deuda externa y de dejar de subsidiar la educación privada.