El primer debate a realizarse en San Lázaro este año será la Reforma Eléctrica, a continuación, abordamos que posiciones y argumentos defenderá tanto el oficialismo como la oposición.
Jueves 6 de enero de 2022
Esta semana se anunció que, luego de una reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, la Reforma Eléctrica se discutirá desde el 17 de enero al menos hasta mediados de febrero.
Esta iniciativa es una de las cartas fuertes que intenta aprobar el gobierno de AMLO, en un escenario complejo donde la pandemia tiene un nuevo auge y tras haber retrocedido en la hegemonía con la que contaba dentro de la llamada cámara baja (diputados).
La oposición en defensa del capital trasnacional y la privatización
Con el argumento de defender la “competitividad, la inversión y a los consumidores”, la derecha se apresta a votar en contra de la iniciativa o, al menos, intentar incorporar todo tipo de enmiendas y modificaciones que garanticen la rentabilidad capitalista en el sector. De forma hipócrita este sector también habla de las energías limpias y la transición energética, cuando su único interés real, es el de lograr las mejores condiciones para los negocios.
Luego de la entrega que significó la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto aprobada por el “Pacto por México”, la derecha con el PAN a la cabeza plantea que la iniciativa obradorista estaría “retrocediendo” en todo lo que se ha avanzado en ganar competitividad en el sector. Claramente para estas posiciones, todo lo que implique una traba para aumentar la ganancia de las grandes empresas es un “retroceso” que, según ellos, terminaría afectando a los consumidores finales.
La realidad es que buscan entregar nuestros recursos naturales, energéticos y eléctricos a las grandes compañías que lucran con estos otorgando servicios cada vez más caros y de mala calidad. Esto se comprueba en lo que ocurre, por ejemplo, en el Estado español donde la energía privatizada se traduce en altos cobros a los usuarios y pésimo servicio. Al final, garantizar la rentabilidad implica reducir al mínimo los costos y aumentar al máximo las ganancias, por ello lejos de que el mercado “libre” en el ámbito de la energía se traduzca en bienestar para la población, termina siendo un negocio donde las grandes empresas son las únicas beneficiadas.
El proyecto obradorista, un tímido nacionalismo energético
La llamada “burguesía nacional”, así como las posiciones progresistas del arco político, suelen hablar de la necesidad de lograr soberanía sobre los recursos estratégicos. De esta forma, estas posiciones “centro-izquierdistas” intentan tímidamente desarrollar la industria nacional y obtener recursos a partir de explotar los recursos naturales desde empresas estatales, o bien cobrar impuestos a las empresas nacionales o extranjeras que los explotan.
Sin embargo, la necedad conciliadora de estas posiciones con el capital y la idea utópica de que es posible un capitalismo democrático o inclusivo, lleva a que las medidas que se planten busquen permanentemente no afectar realmente el interés y la ganancia de las trasnacionales. Ejemplo de ello es que, si bien la Reforma Eléctrica a discutir implica que el Estado tenga un cierto rol en el sector, no se plantea echar abajo el avance de la privatización que comenzó con los gobiernos panistas y siguió con Peña Nieto.
Por otro lado, AMLO y el Morena buscarán obtener el apoyo necesario para su reforma a partir de cabildear los votos con diputados del PRI y abiertos a modificar los alcances de por sí ya limitados de la iniciativa. Más allá del discurso y de algunas declaraciones, el gobierno mantiene una política consciente para no movilizar y de que no haya ninguna lucha en las calles confiando en poder llegar a acuerdos con un sector de la oposición, a cambio, seguramente, de otros favores políticos.
Por una política energética que permita realmente el desarrollo nacional y la soberanía
En este panorama, es fundamental entender que, para lograr un desarrollo nacional y una soberanía energética que permita garantizar mejores condiciones de acceso a la energía y mejores condiciones de vida para la población trabajadora, no podemos confiar en una política conciliadora con el capital y con el imperialismo que, dados sus limitados alcances, no logre un cambio real.
Los recursos energéticos deben ser de utilidad pública y funcionar bajo el control de sus trabajadores, con comités de usuarios y especialistas de las universidades públicas aportando en su gestión. Estos recursos nacionales, deben funcionar con base en un plan más general de desarrollo que permita generar condiciones de industrialización y modernización de la economía nacional, desarrollo de infraestructura (avanzando aceleradamente a la utilización de energía cada vez menos contaminante) y conquista de salarios y condiciones dignas de trabajo.
Si los recursos están en manos privadas solamente serán explotados hasta su agotamiento por los capitalistas, hay que nacionalizar los sectores estratégicos confiando en la fuerza de la clase trabajadora y el pueblo movilizado en las calles.
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